Las empresas Bioplus Care y MR Comunicaciones Políticas lograron venderle a la CCSS 870.000 respiradores filtrantes de partículas KN-95 para proteger al personal de hospitales contra el contagio de covid-19, pese a que en sus empaques se advierte que no son de uso médico (“non-medical”).

A pesar de no cumplir con las especificaciones técnicas, los artículos ingresaron a los almacenes de la Caja Costarricense de Seguro Social, recibieron el visto bueno de los funcionarios a cargo de la revisión y se cancelaron facturas por un total de $2,4 millones (¢1.533 millones, aproximadamente).

La compra y recepción sucedieron en los meses en que el país se preparaba para enfrentar las semanas con mayor número de contagios y muertes relacionadas a la covid-19.

Al percatarse del error, el 24 de setiembre, la oficina de prensa de la CCSS envió un comunicado de prensa en el que reconoció la irregularidad e informó sobre procedimientos internos para sancionar a los responsables, pero omitió decir que ya había pagado por el producto.

Según los expedientes de contratación, a Bioplus Care S. A., presidida por Stephannie Warserstein Rubinstein, le compraron 300.000 respiradores por $1,1 millones y a MR Comunicaciones Políticas, propiedad de la periodista Miren Martínez Ruiz, 570.000 unidades por $1,3 millones.

“En esos procesos de compra, según la información que tenemos disponible, ya hubo un pago por parte de la institución”, dijo Esteban Vega de la O, gerente interino de Logística de la CCSS, departamento encargado de las adquisiciones.

El pago para MR Comunicaciones Políticas ocurrió el 7 de mayo y el de Bioplus Care se dio el 28 de agosto, según confirmó la institución.

¿Cómo planea la CCSS recuperar los fondos públicos transferidos a los proveedores por dispositivos inadecuados?

“Eso es parte del proceso que la institución tiene abierto desde el punto de vista administrativo en contra de los proveedores. A su vez la Auditoría Interna puso el caso en conocimiento del Ministerio Público (...) No me puedo referir sobre el fondo, pero la institución está activando todo lo que corresponde”, comentó Vega, quien asumió la gerencia en agosto, durante cuatro meses, mientras se investigan las compras de mascarillas.

El gerente aseguró que los 870.000 respiradores permanecen almacenados en las bodegas de la Caja y que no fueron distribuidos en clínicas u hospitales. La Nación procuró hacer fotografías de las unidades almacenadas, pero la entidad dijo que no es posible y suministró las imágenes.

“Aquí lo importante es hacer referencia al hecho de que el compromiso nuestro es garantizar que el producto que llega a ser utilizado por nuestro personal de salud cumple con todos los criterios”.

La Nación solicitó entrevistas a los representantes de ambas empresas proveedoras, pero indicaron que solo responderían si les enviaban las consultas por escrito.

Los respiradores filtrantes de partículas son claves en el equipo de protección personal.

En las últimas semanas la Caja tuvo que admitir la escasez de esos dispositivos y solicitar a los funcionarios la aplicación de un lineamiento que procura su reutilización hasta en cinco oportunidades.

La petición de reutilizar los respiradores provocó malestar entre los sindicatos, los cuales han cuestionado a la entidad por los problemas en el abastecimiento de equipo de protección.

Tarea complicada

Recuperar el dinero o conseguir la sustitución de los 870.000 respiradores no es tarea sencilla pues ambos proveedores cuentan con boletas en las que funcionarios de la CCSS aprobaron la recepción de los respiradores.

Según el expediente de ejecución de la compra 2020CD-000047-5101, adjudicada a Bioplus Care, el 3 de marzo, la Gerencia de Logística le encargó 300.000 respiradores.

La compañía se comprometió a suministrar los dispositivos en una sola entrega en un plazo de 15 días. Sin embargo, alegó inconvenientes de fuerza mayor y despachó lo solicitado entre el 28 de abril y el 14 de mayo.

Cada entrega de Bioplus está respaldada por una boleta de recepción que constató el material, inspeccionó muestras y respaldó el ingreso a bodegas.

Como puede observarse en los archivos públicos, la Comisión Técnica de Normalización de Compras y Compras aprobó el equipo remitido por Bioplus.

Ese grupo de especialistas de la CCSS está conformado por José Fabio Herrera Alvarado, Mónica Henriquez García y María de Los Ángeles Acuña Rodríguez.

En el caso de MR Comunicaciones Políticas, la firma entregó los 570.000 respiradores el 13 de mayo y fue avalada por medio del análisis técnico de suministros 1114-2019020184; en el documento se puede observar las firmas de los encargados, pero no están los nombres.

Lista de cuestionamientos

Los procesos de contratación de emergencia han sido el principal problema de la Caja durante la pandemia.

Este diario informó sobre supuestas irregularidades en la compra de 12 millones de mascarillas por $4 millones a dos proveedores inexpertos.

Luego de conocer la noticia, la Junta Directiva decidió iniciar procedimientos sancionatorios contra nueve funcionarios, entre ellos el gerente de Logística, Luis Fernando Porras Meléndez.

Incluso, Porras fue suspendido de su cargo durante cuatro meses mientras se desarrollan las pesquisas.

Además, la Auditoría Interna trasladó ese caso al Ministerio Público para determinar si los involucrados incurrieron en delitos.

Otros aspectos cuestionados durante la pandemia fue la recepción de mascarillas de uso no médico que luego fueron devueltas por el personal médico al percatarse de la rotulación.

También, trascendieron correos electrónicos en los que Porras mediaba entre MR Comunicaciones Políticas y el Ministerio de Salud para gestionar presuntas donaciones médicas del gobierno de China; esa intermediación ocurrió en momentos que esa empresa pugnaba por contrataciones públicas. La Embajada de China desmintió que usara a terceros para gestionar sus donaciones.

Semanas atrás, La Nación también publicó correos entre María Díaz Rivera, asesora legal de Porras y MR Comunicaciones en los que solicitaba el pago por anticipado de una supuesta multa por $475.000.

La Gerencia de Logística de la CCSS y la Auditoría Interna subrayaron que ese tipo de procedimientos no existen en la normativa institucional.

Díaz Rivera también se encuentra suspendida.

Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, dijo: “En toda actividad de la CCSS, desde antes, pero con mayor acentuación en el contexto de la pandemia y, específicamente en materia de compras, el norte siempre ha sido y será el apego a la juridicidad, a la transparencia, a la eficiencia y la rendición de cuentas.

"Hoy, como siempre, si alguna conducta en esta materia se presenta como una posible irregularidad, la misma es esclarecida y se deberá responder por lo actuado, conforme las reglas, procedimientos y consecuencias que para cada caso, nuestro Estado de Derecho exige. Así hemos procedido cuando ha correspondido”, dijo.

Destacó que los eventos mencionados no han truncado la atención de los pacientes.

"Desde la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva y la Gerencia General actuaremos con firmeza y celeridad ante actos que no correspondan con el ejercicio de la función pública de manera honesta y transparente.

“Este ha sido un año que demostró que sin salud no hay país, no hay economía, no hay bienestar, y no hay una convivencia social pacífica”, concluyó.