EscucharUn informe de Auditoría Interna reveló que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adquirió y aceptó 59 aparatos para hacer ultrasonidos los cuales salieron defectuosos pues producen imágenes médicas de baja calidad que dificultan el diagnóstico de enfermedades por parte de los especialistas.
De acuerdo con el oficio de advertencia AD-AOPER-0084-2023, firmado por Ólger Sánchez Carrillo, auditor interno de la CCSS, la entidad recibió 59 aparatos (modelo Acuson S3000) con un valor de $3,1 millones (¢1.658 millones al tipo de cambio actual) que no cumplen con las especificaciones técnicas necesarias y, por lo tanto, permanecen, desde 2020, sin uso, subutilizados o cedidos a centros médicos que requieren equipos de menor complejidad.
Los aparatos, con un valor de $53.000 por unidad, fueron comprados en el 2020, luego de una licitación pública, a la empresa Siemens Healthcare Diagnostics.
Sin embargo, a la hora de recibirlos, según la Auditoría Interna, no constan documentos “que permitan evidenciar la aplicación de las pruebas de funcionamiento y la revisión de todos los aspectos técnicos solicitados”.
En las actas de recepción, agrega el auditor, los funcionarios a cargo de la verificación se limitaron a escribir “equipos en excelente estado y funcionamiento”. No obstante, en algunas de las actas ni siquiera aparece el nombre de la persona que recibió los dispositivos, en otros casos aparece el nombre, pero no la firma.
Según el informe, la recepción de los equipos era responsabilidad de Rónald Ávila Jiménez, en ese entonces director de Equipamiento Institucional, y José Andrey Brenes González, jefe del Área de Gestión de Equipamiento.
“Se determinó que desde la entrega de los ultrasonidos a las diferentes unidades médicas se han presentado inconvenientes y quejas por parte de los usuarios en relación con el modelo Acuson S3000″, enfatizó el auditor interno.
Esa situación, según consultas hechas por la Auditoría Interna en los 32 centros médicos que recibieron los equipos, provocó la obtención de imágenes médicas “deficientes” que generan “riesgos en el diagnóstico adecuado” de los pacientes.
Al ser consultado por este diario, Ávila dijo desconocer el informe de la Auditoría Interna y que ya no ocupa el puesto de director de Equipamiento Institucional.
“No conozco qué ha pasado con esos equipos”, manifestó Ávila, quien en la actualidad ocupa el cargo de director de Mantenimiento de la CCSS.
Un factor que agrava la situación es que las máquinas fueron recibidas desde 2020 y, hasta julio de 2023, continuaban en los centros a la espera de que la CCSS y el proveedor acordaran cómo subsanar los inconvenientes.
Los documentos demuestran que, a pesar de que los médicos expresaron su inconformidad con los dispositivos desde su entrega, Ávila solicitó, hasta enero de 2022, la sustitución de los mismos por otros que “cumplieran con las expectativas de calidad de imagen diagnóstica”.
De los 32 clínicas y hospitales consultados por la Auditoría Interna, cuatro respondieron que no utilizan los Acuson S3000 por los problemas mencionados (Hospitales de Grecia, Cartago, Puntarenas y Liberia) y otros cuatro (Hospitales México, San Juan de Dios, San Ramón y CAIS de Puriscal) dijeron que los emplean “ocasionalmente” o los “cedieron” a instalaciones médicas que atiende casos no complejos.
También, del total de recintos consultados, 18 expresaron inconformidades con esas herramientas de trabajo y otros 11 aseveraron que, ante la necesidad, las utilizan, pero advirtieron sobre “la carencia de confiabilidad sobre las imágenes”.
¿Qué dice el contratista?
Juan Carlos Pérez Guevara, representante legal de Siemens Healthcare Diagnostics, declaró que conoce el informe de auditoría.
Pérez reconoció las diferencias por la calidad de los equipos y subrayó que hicieron una propuesta para remediar el asunto, la cual fue aceptada parcialmente por la CCSS. “Todo está por escrito”, reiteró.
La Nación envió este martes a esa compañía, consultas adicionales vía correo electrónico para conocer detalles de su plan remedial, pero al cierre de esta información no habían contestado.
El informe de Auditoría Interna detalló que, de los 59 equipos que generan imágenes deficientes, 34 fueron revisados por técnicos del proveedor y concluyeron que con ajustes e incorporación de otros accesorios se lograban imágenes médicas satisfactorias.
Ante esta situación, la Caja acordó con el contratista, en julio de 2022, proceder con las mejoras en esos 34 aparatos, pero pidió el reemplazo de los restantes 25, pues se mantenían inconformes con los resultados. Esas 25 máquinas tienen un costo de $1,3 millones, aproximadamente.
Luego de un año de discusión, Siemens Healthcare Diagnostics planteó que acepta sustituir 11 y ajustar 14. Agregaron que, en caso de aceptar la oferta, estarían en capacidad de entregarlos en 45 días.
Hasta el 31 de julio, fecha en la que el auditor interno entregó su informe, la controversia no se había resuelto.
“En virtud de lo descrito, esta Auditoría previene y advierte de la situación indicada”, concluyó.
Extensión del contrato
Las quejas de los usuarios de los dispositivos, las deficiencias en la calidad de las imágenes médicas y las diferencias con el proveedor no fueron motivos suficientes para que la CCSS liquidara el contrato con Siemens Healthcare Diagnostics.
El reporte de Auditoría Interna señala que la institución pública prorrogó el contrato en tres ocasiones. La primera ocurrió en junio de 2021, la segunda en julio de 2022 y la tercera en febrero de 2023.
Sobre este aspecto, Ávila comentó que no sabe cuántas prórrogas lleva el contrato y que cuando dio luz verde para la ampliación no había quejas, pero esa versión no calza con los señalado por el auditor.
Sin investigaciones disciplinarias
Este miércoles 18 de octubre, este medio de comunicación preguntó a Ólger Sánchez Carrillo, auditor interno de la CCSS, por qué se limitó a advertir sobre las deficiencias en la adquisición y recepción de los aparatos de ultrasonido y no consideró recomendar la apertura de procedimientos administrativos para determinar quiénes fueron los responsables de la recepción.
Además, se le consultó si, en vista de la gravedad del tema y del riesgo al que fueron sometidos los usuarios de los servicios de salud, analiza enviar el tema al Ministerio Público. Al cierre de esta edición no había contestado.
