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A pesar de la alertas por los efectos económicos de la pandemia, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantiene en firme su plan de infraestructura que incluye 225 proyectos, que representan una inversión de poco más de ¢1 billón.
De ese grupo de obras, hay 95 en ejecución, como los hospitales Monseñor Sanabria de Puntarenas o William Allen de Turrialba, así como el edifico de quirófanos del Hospital México. Todas suman ¢463.258 millones.
Otros 92 están proceso de licitación, que son principalmente Ebáis por ¢154.000 millones.
Los 38 restantes son obras incluidas en un fideicomiso con el Banco de Costa Rica, las cuales están en una etapa de diseño y planificación. Se trata de una inversión de ¢387.000 millones para 30 áreas de salud y ocho sucursales.
“Esto es infraestructura necesaria para la Costa Rica que viene, que ya la tenemos encima, de una población envejecida y también que nos prepara mejor para cualquier eventual crisis sanitaria como la que estamos viviendo hoy en día”, justificó el presidente ejecutivo de la institución, Román Macaya, quien brindó el informe este miércoles, durante la conferencia de actualización de manejo de la pandemia de covid-19.
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En abril, en un entrevista con La Nación, Macaya aseguró que debido al golpe de la emergencia sanitaria en los ingresos de la entidad por la baja en cuotas obrero patronales, todos los proyectos de nuevos hospitales y clínicas se iban a revisar.
Cinco meses después, Macaya manifestó que los proyectos avanzan “pese a la pandemia”.
Según dijo, para llevarlos a cabo y para atender las necesidades futuras, la entidad requiere “ingresos frescos”, pues cada vez serán menores los que provengan por seguro de salud y de pensiones debido al envejecimiento de la población. Además, esa misma población envejecida requerirá más servicios de salud.
Por ahora, los recursos vendrán del pago de la “deuda histórica” del Estado con la Caja, que según acuerdo con el Poder Ejecutivo, comenzará a saldarse con un préstamo por $500 millones del BCIE que tramitará el gobierno.
También, se le trasladarán a la CCSS el 10% de otros préstamos que realice el gobierno.
Aparte de los planes de infraestructura, Macaya se refirió a otros proyectos para “aumentar la eficiencia, la eficacia y la calidad de los servicios de la Caja”.
Entre esos está la incorporación al Sistema de Compras Públicas (Sicop) para lo cual se requiere homologar los códigos de catálogo general de suministros de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Caja ha argumentado una gran complejidad por ser uno de los mayores compradores públicos.
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El ingreso a Sicop es un mandato de la ley de transparencia de las contrataciones administrativas, de 2016, que daba un año para que todas las instituciones públicas lo hicieran. Ya han pasado cuatro.
Igualmente, señaló el programa de gestión de recurso humano que consiste en un estudio integral de puestos para pasar a un modelo por competencias y un sistema de evaluación de desempeño que esté acorde a las nuevas normativas, específicamente la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
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Incluyó también la reestructuración del nivel central de la Caja, el programa de fortalecimiento de prestación de servicios para evitar el desplazamiento de los asegurados y del programa de resultados del Banco Mundial, que permite el desembolso de fondos del préstamo según indicadores.
