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En momentos en que la demanda de mascarillas es alta en clínicas y hospitales, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sigue sin recibir los 4,9 millones de mascarillas quirúrgicas encargadas, desde mayo, a un contador público.
Se trata de David Landergren Castro, costarricense de 32 años, quien recibió un polémico contrato de urgencia por $2,1 millones para suministrar 7 millones de mascarillas sin contar con ninguna experiencia en esa actividad comercial y sin nunca antes haber ganado licitaciones con la CCSS.
Aunque el plazo original de entrega establecido en el contrato venció el 27 de junio pasado, el proveedor mencionado solo ha despachado 2,1 millones de mascarillas.
Además de eso, empresas involucradas en ese proceso de contratación denunciaron por escrito que Landergren Castro presentó dudosos certificados de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos para certificar la calidad de las mascarillas ofrecidas.
También, durante el proceso de contratación, un primer informe de la comisión técnica, órgano de la CCSS encargado de revisar la calidad de los productos ofrecidos, rechazó la propuesta de Landergren por varias razones, entre ellas presentar documentos en “idioma oriental”.
Sin embargo, días después, en un nuevo análisis, la comisión emitió un nuevo criterio y aprobó la oferta del contador a pesar de que persistieron las notas sin traducciones.
Todos esos factores motivaron el inicio de una investigación por parte del Ministerio Público.
También realizan pesquisas la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Públicos.
Más tiempo
Miguel Salas Araya, director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la Caja, dijo el 31 de julio, en una entrevista con La Nación, que el contador público enfrentó problemas con el fabricante propuesto en su oferta original.
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Por esa razón, analizaron nuevas muestras de mascarillas, y documentación y le autorizaron cambiar de empresa manufacturera.
“Tiene tiempo hasta el 27 de agosto, pero va a entregar una parte el 8 de agosto, otra parte el el 14 de agosto y la última el 27 de agosto”, afirmó Salas.
En realidad, Landergren no ha podido honrar su palabra.
Solicitamos, en varias ocasiones, una entrevista con el contador para hablar sobre este tema, pero no ha aceptado.
Intermediación
El 10 de agosto, por medio de un correo electrónico, Landergren le comunicó a la CCSS que las mascarillas están en tránsito y le solicitó enviar notas a la embajada de México en Costa Rica con el objetivo de pedirles “apoyo para poder agilizar las cargas respectivas”.
A esa petición, la CCSS contestó que no podía confeccionar ese tipo de cartas.
Además, el 12 de agosto, de manera formal, la Caja le rechazó a Landergren una solicitud en la que pide que le extiendan el plazo para la entrega de los 4,9 millones de mascarillas pendientes.
Entrega parcial
David Landergren Castro, contador público costarricense de 32 años, se comprometió a entregar siete millones de mascarillas, pero solo ha entregado 2,1 millones.
FUENTE: CCSS || LA NACIÓN.
“Como le hemos informado en otras oportunidades , me encantaría poder decirle que nosotros le damos prórroga y que le exoneramos de cláusulas penales en esta instancia, pero en el contexto del caso concreto, siendo una compra urgente de un insumo tan importante no podemos otorgar prórrogas, situación que le hemos informado anteriormente”, manifestó Pedro Álvarez Muñoz, jefe del sub-área de Garantías de la CCSS el 12 de agosto.
En este caso, la institución pública empezó el procedimiento para establecer sanciones o multas contra el contratista desde el 31 de julio.
Este medio de comunicación solicitó, la semana anterior, a la oficina de prensa de la CCSS, el detalle de las multas para este caso por cada día de atraso, pero aún no han dado respuesta.
María Díaz Rivera, asesora legal de la Gerencia de Logística de la CCSS, explicó que existen dos procesos sancionatorios, uno tiene que ver con la imposición de multas por los retrasos, el apercibimiento y hasta la inhabilitación para participar de futuros concursos de contratación.
Por otra parte, el contratista que incumple se expone al cobro de una cláusula penal que podría ascender hasta el 25% del monto contratado; en este caso esa suma supera el medio millón de dólares.
“Inmediatamente que me falla, yo empiezo un proceso sumario de cobro de cláusula penal y le cobro, según las condiciones generales de la CCSS, el tiempo establecido y máximo que permite la Ley de Contratación Administrativa, no le puedo cobrar más de un 25% del monto de la factura por esa penalización”, dijo Díaz.
Para ese tipo de procesos, la CCSS nombra un abogado, quien se encarga de hacer el traslado de cargos al proveedor.
En la actualidad, Landergren participa en otro proceso de compra urgente de 10 millones de mascarillas, el cual se gestiona para reponer los 5 millones de mascarillas que no entregó, semanas atrás, la empresa MR Comunicaciones Políticas.
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Esa firma, representada por la periodista española Miren Martínez Ruiz, recibió una adjudicación por $1,9 millones el 27 de mayo; se comprometió a entregar el pedido en siete días, pero no logró cumplir con lo pactado.
La empresa de la española recibió, entre abril y junio, tres contratos por $3,5 millones para venderle a la CCSS respiradores KN95, mascarillas descartables y gorros descartables.
