EscucharLa Caja debería elevar la indemnización que exige a los especialistas cuando renuncian a trabajar en sus hospitales luego de haber sido formados por la institución, recomienda la Defensoría de los Habitantes.
Actualmente, con solo cancelar ¢3 millones (que es un monto que se les debita automáticamente durante los años de residencia o estudio de especialidad), los nuevos especialistas pueden renunciar al llamado contrato de retribución.
Ese contrato lo firman con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al inicio de su formación como residentes; los obliga a trabajar con ellos durante tres años y donde se les necesite cuando terminan su formación. Por lo general, son hospitales regionales.
El monto promedio que invierte la CCSS en la formación de cada uno de estos profesionales es de ¢10 millones al año, informó la Defensoría, aunque la Caja informó en el 2017 que el costo de la formación en especialidades como Anestesiología y Ortopedia ronda los ¢58 millones al año.
La recomendación forma parte de una investigación de oficio sobre formación, dotación y distribución de especialistas médicos en los servicios de salud de la Caja. El documento, que forma parte del expediente 246325-2017-SI-CV-SL, tiene fecha del 5 de junio.
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En el informe se le recomienda “estudiar jurídicamente el acuerdo para el cese de la huelga de residentes médicos del año 2010, de manera que se ajusten los montos a la realidad del costo de la formación”, menciona la Defensoría.
“La CCSS debería de explorar otras consecuencias que, aunadas al pago de la indemnización, signifiquen para el profesional una justificación para valorar no retirarse de la seguridad social y ofrecer sus servicios profesionales al asegurado, fin último de formación”, señala el informe.
En el 2010, los residentes protagonizaron una huelga contra el contrato de retribución que, por primera vez en aquel entonces, pretendía obligarlos legalmente a laborar en los hospitales donde se necesitaran médicos especialistas.
La institución, originalmente, estableció un plazo de nueve años, pero luego los redujo a tres por presión de los residentes.
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Además, estableció el pago de una eventual indemnización de ¢3 millones de parte de aquellos médicos, nuevos especialistas, que no quisieran laborar más para la institución.
A los médicos residentes, que además son empleados de la CCSS (tienen la doble condición de trabajadores y estudiantes), se les rebajan esos ¢3 millones a lo largo de su formación, dinero que queda en manos de la Caja si renuncian.
Solo en el 2014, nueve especialistas, entre los que había un emergenciólogo y dos pediatras, decidieron no cumplir el contrato de retribución que habían firmado con la Caja, pese a que la institución les financió su formación académica.
Los nuevos profesionales graduados tras cuatro años de estudio, estaban asignados a hospitales regionales, pero esto último fue lo que los hizo rechazar el vínculo laboral que debían cumplir.
Como parte de ese informe, la Defensoría también recomienda a la institución:
- Regionalizar la formación de especialistas.
- Efectuar un estudio de actualización de la capacidad instalada actual, el uso dado, y los requerimientos necesarios para ser más eficiente.
- Revisar el modelo de atención en salud para darle prioridad al primer nivel de atención (Ebáis y Áreas de Salud).
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- Establecer regulaciones para la repartición de los campos clínicos entre las universidades formadoras de especialistas médicos.
- Y actualizar anualmente los estudios de para la determinación de necesidades de médicos especialistas.
También llamó la atención al Ministerio de Salud pues, según la Defensoría, se constató “que carece de políticas nacionales de recursos humanos en general, y tampoco cuenta con una política específica para la formación y distribución de especialistas médicos”.
