Pasaron 1.412 días desde que estalló el escándalo por compra de mascarillas en pandemia, para que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ejecutara el despido sin responsabilidad patronal de una de las figuras centrales del caso: el exasesor de la Gerencia de Logística, Hans Vindas Céspedes.
El 30 de junio anterior, la Caja separó definitivamente el Vindas de la entidad, según confirmó por la oficina de prensa institucional el pasado martes.
Fue el 18 de agosto de 2020, en medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de covid-19, que La Nación publicó el primero de una una serie de investigaciones en los cuales se reveló que la Caja había contratado $4 millones (¢2.364 millones al tipo de cambio de esa fecha) de mascarillas a dos proveedores inexpertos que incumplieron parcial y totalmente con las entregas y pusieron en riesgo el abastecimiento de equipo de protección en centros médicos públicos.
De acuerdo con las informaciones, Hans Vindas Céspedes habría presionado a los órganos técnicos para introducir y aprobar ofertas para el suministro de millones de tapabocas a nombre de un contador con el que mantenía vínculos por negocios personales y de una periodista española dedicada a la comunicación política.
La ejecución del despido por parte de la Caja pone fin a un largo proceso administrativo que también involucró a Luis Fernando Porras, ahora exgerente de Logística, así como s otros asesores y funcionarios encargados de tramitar compras y evaluar ofertas. Varios de ellos evitaron eventuales sanciones al renunciar o acogerse a su pensión, otros mantienen sus procedimientos activos mediante apelaciones o acciones judiciales.
En los últimos cuatro años, Vindas Céspedes estuvo suspendido con goce de salario por más de un año, mientras avanzaba la pesquisa en su contra. Solo entre agosto de 2020 y agosto de 2021, el funcionario recibió, de acuerdo con cifras oficiales, ¢20,8 millones en salarios.
El último puesto que tuvo Vindas Céspedes en la CCSS fue administrativo en una plaza de profesional cuatro con un salario bruto de ¢1,6 millones mensuales.
El despido sin responsabilidad patronal fue acordado por la Junta Directiva de la CCSS el 28 de mayo de 2024 y ratificado el 25 de junio del mismo año. Finalmente, el 30 de junio se comunicó la salida al trabajador y fue excluido de la planilla, según la Subárea de Gestión de Recursos Humanos.
La Nación contactó a Vindas, pero no contestó las llamadas realizadas a su teléfono celular. En junio, se llamó a su abogada, Yorleny Campos, pero rechazó referirse al proceso de despido de su cliente.
Además de la investigación administrativa, el Ministerio Público mantiene abierta una causa judicial por los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias en dos causas abiertas por supuestas anomalías en contrataciones directas para el suministro de mascarillas y respiradores filtrantes de partículas KN-95.
¿Qué pasó con las mascarillas requeridas por CCSS?
Como consta en el expediente 2020CD-000093, los adjudicatarios de la compra por un monto de $4 millones fueron David Landergren Castro, contador público costarricense de 32 años, y MR Comunicaciones Políticas, una firma de la periodista Miren Martínez Ruiz dedicada a asesorías de relaciones públicas y mercadeo.
Además, a MR Comunicaciones Políticas le adjudicaron el contrato por $1,9 millones a pesar de estar morosa con la CCSS. Una certificación demuestra que esa compañía estuvo morosa con el Seguro Social hasta el 25 de mayo de 2020 y la millonaria adjudicación se oficializó el 27 de mayo de ese mismo año. La ley de contratación pública impide otorgar contratos a proveedores que no estén al día con la entidad.
En el caso del contador, la CCSS le encargó 7 millones de mascarillas descartables con un costo de $2,1 millones, según la orden de compra emitida el 28 de mayo de 2020.
De acuerdo con la oferta presentada por el contador, entregaría 2,1 millones de unidades 13 días naturales después de emitida la orden de compra, es decir, el 10 de junio de 2020. La entrega, sin embargo, se concretó distribuida en tres partes hasta el 20 de julio.
Los otros 4,9 millones de mascarillas serían suministrados 30 días naturales después de la fecha de la orden de compra, pero eso no ocurrió. Antes de este convenio de $2,1 millones, Landergren nunca había ganado ningún contrato con la institución.
En los últimos años, en varias ocasiones, se ha intentado conversar con el contador sin tener resultado.
En la misma fecha en que la Caja despachó la orden de compra para Landergren, requirió a MR Comunicaciones Políticas 5 millones de mascarillas por $1,9 millones, pero esos insumos nunca llegaron al país.
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