La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) disolvió la Comisión Técnica ad hoc, cuestionada por avalar la compra de 12 millones de mascarillas a un contador público y una periodista, ambos sin experiencia en el suministro y distribución de ese tipo de productos.

Este grupo de análisis estaba integrado por Soraya Solano Acuña, Nidia Medrano Durán y Esteban Corrales Vega, quienes tenían bajo su responsabilidad la evaluación de los equipos necesarios para proteger al personal de clínicas y hospitales del contagio de covid-19.

Su criterio era clave para decidir qué y a quién se le compraban mascarillas, guantes, respiradores, batas y gorros, entre otros.

La decisión de disolverlo fue tomada por por Esteban Vega de la O, gerente interino de Logística de la Caja.

Él ocupa el cargo desde el 19 de agosto, luego de que la Gerencia General de la CCSS ordenó suspender temporalmente al titular del puesto, Luis Fernando Porras Meléndez, y a dos de sus asesores, Hans Vindas Céspedes y María Díaz Rivera.

Esas tres personas enfrentan procesos administrativos por supuestas irregularidades en la adquisición de los 12 millones de mascarillas por $4 millones.

Según informó Vega, mediante la oficina de prensa, desintegrar la comisión forma parte de un “proceso de reordenamiento” en las compras de equipo de protección personal para los funcionarios de salud que atienden a los pacientes afectados por el nuevo coronavirus.

Los nombres de los miembros de la comisión trascendieron el 4 de agosto, cuando La Nación dio a conocer la adjudicación del contrato para adquirir cubrebocas por un total de $4 millones, a David Landergren Castro, contador público, y a MR Comunicaciones Políticas, propiedad de la periodista española Miren Martínez Ruiz.

LEA MÁS: Caja contrata compra urgente de $4 millones en mascarillas a dos proveedores inexpertos

De acuerdo con la investigación de este diario, el 13 de mayo, la Comisión Técnica rechazó las proformas presentadas por Landergren y MR Comunicaciones Políticas debido a incumplimientos, como no indicar la marca de la mascarilla, el catálogo o los informes de análisis. Además, las especificaciones estaban en un idioma “oriental” que ninguno domina.

Ese día, la Comisión aprobó nueve propuestas, ninguna de ellas era la de Landergren o MR Comunicaciones Políticas.

No obstante, el 18 de mayo, a pedido del asesor de la Gerencia de Logística, Hans Vindas Céspedes, los miembros de la Comisión revisaron de nuevo propuestas de Landergren y MR Comunicaciones Políticas y en esa segunda oportunidad sí las aprobaron.

Pese a que obtuvieron el contrato, solo una pequeña parte de las mascarillas llegaron al país, por lo cual, la CCSS entró en apuros para surtir de esos implementos a su personal de hospitales. La situación obligó a compras de urgencia para reponer las que no fueron entregadas.

Recomendaron sin verlas

Este jueves 3 de setiembre, los integrantes del grupo técnico reconocieron, durante una audiencia de la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público, que el análisis del 18 de mayo se efectuó sin tener las muestras de las mascarillas a la vista, ya que ni siquiera se las remitieron.

Medrano y Solano, quienes son especialistas en Enfermería y Medicina del Trabajo, rehusaron contestar si Vindas Céspedes las indujo a error al pedirles un criterio técnico sin suministrarles muestras del producto a comprar.

Las funcionarias alegaron que no sabían que la evaluación requerida por el asesor de confianza del gerente de Logística era para efectos de adjudicación, sino que asumieron que era la inspección de una simple proforma.

Ese foro legislativo realiza un proceso de investigación para determinar si existieron irregularidades en esa contratación.

“En este caso, la Caja Costarricense de Seguro Social compra millones de mascarillas; millones de mascarillas sin la muestra; ni siquiera tenían la muestra y eso queda claro con la deposición de estas personas hoy, no vieron las muestras previo a adjudicar”, criticó Carlos Ricardo Benavides, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN).

Ante consultas de Shirley Díaz, legisladora del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), los miembros de la Comisión admitieron que no se realizan pruebas de laboratorio sobre las mascarillas entregadas por los contratistas, sino que se realizan a valoraciones manuales.

Asesor cuestionado estuvo en 7 sesiones

Un aspecto en el que insistieron los congresistas fue la supuesta influencia de Hans Vindas Céspedes sobre la Comisión Técnica.

Los integrantes aceptaron que Vindas Céspedes participó en siete sesiones en las que analizaron compras y donaciones de mascarillas, guantes, gorros, batas y respiradores, entre otros.

No obstante, rechazaron que los haya presionado para tomar decisiones a favor o en contra de alguno de los contratistas o donadores.

En varias oportunidades, Medrano, Solano y Corrales respondieron con evasivas al preguntarles cuál era la participación de Vindas Céspedes en sus sesiones.

“¿Qué es lo que pasa? Que don Hans llegaba a ver un tema dentro del almacén y llegaba y se sentaba (en las sesiones) atrás, sacaba su computadora, trabajaba, atendía llamadas, contestaba llamadas de otros temas, muchas veces tuvimos que solicitarle que bajara el tono de la voz (...) Entonces ¿Él estaba ahí? Sí ¿Emitía criterio o nos mencionaba algo? No”, expresó Corrales.

Ante la insistencia de los legisladores, los responsables de la Comisión declararon que Vindas Céspedes definía prioridades sobre qué propuestas analizar primero de acuerdo con las necesidades de la CCSS.

Yorleny León, congresista del PLN, objetó que la Comisión nunca se cuestionara la presencia de Vindas Céspedes, algo que la legisladora considera inusual.

“¿Nunca se preguntaron qué hacía? ¿Por qué estaba ahí?”, aseveró León.

Vindas Céspedes fue suspendido, en 2011, por supuestas irregularidades en la compra de fármacos a una empresa ligada a su madre. No obstante, el Ministerio Público archivó el caso en 2013.

LEA MÁS: Fiscalía abre investigación por compra de mascarillas en la CCSS a proveedores inexpertos