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En los salones de los grandes hospitales públicos hay, en este momento, pacientes con enfermedades distintas a la covid-19, que podrían ser trasladados a centros médicos privados.
La liberación de espacios permitiría hacerle frente al aumento exponencial de internamientos a causa de la pandemia.
A cambio, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pagaría costos mínimos y márgenes de ganancia pequeños, según las conversaciones sostenidas el martes con representantes legales de los hospitales privados La Católica, Bíblica, CIMA y Metropolitano.
Esa es una de las medidas que explora la institución ante la saturación que registran los hospitales públicos y la colaboración ofrecida por los privados.
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“Es mucho lo que nos pueden ofrecer. Hicimos una agenda de trabajo, y esperamos, al final de la semana, estar plasmando esta colaboración”, manifestó Roberto Cervantes, gerente general de la CCSS.
Entre los aspectos que se negocian están las tarifas.
El asunto también está en manos del viceministro de Salud, Pedro González, quien se encarga de la parte jurídica y financiera.
En la Caja, detalló el gerente, hay una comisión responsable de establecer cuáles son las necesidades y requerimientos para cada una de las camas que se usarán en hospitales privados con pacientes no covid de la institución.
“Los hospitales privados sí tienen las condiciones. Hay habitaciones que podrían albergar dos o más pacientes. Debemos unirnos como país y sacar el mayor provecho a esta gran posibilidad que se nos está abriendo en este momento”, reiteró el gerente.
Esos servicios serían también suministrados en otras provincias, no solo en el área metropolitana, pues hay centros médicos privados que cuentan con hospitales regionales.
El viceministro, Pedro González, confirmó a La Nación que el Ministerio de Salud emitió un decreto en el cual establece el marco regulatorio para la utilización de camas privadas para internamiento de pacientes.
Esa normativa rige desde setiembre del año pasado. En su artículo primero, establece entre sus propósitos “ampliar la cobertura de atención médica para las personas con la covid-19, y resguardar la vida y la salud debido a la capacidad de respuesta para la disposición de camas hospitalarias por parte de la Caja”.
Ese mismo decreto, establece la potestad del Ministerio de Salud para requerir, vía resolución, de otros servicios de los establecimientos de servicio de salud privados.
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Aclara que eso será “cuando bajo la debida consideración técnica resulte necesario para el abordaje del estado de emergencia en el territorio nacional debido a la covid-19.
“Para lo anterior, el Ministerio de Salud deberá coordinar y acordar previamente con los establecimientos de servicio de salud privados, según sus posibilidades”.
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Según dijo González, las reuniones que se han sostenido buscan determinar el mejor mecanismo para la utilización de estas camas y concretar las formas de contratación, financimiento y fiscalización de estos servicios.
“Es muy posible que las camas que se gestionen por esta vía no sean dedicadas a pacientes covid, si no más bien a la atención de pacientes no covid con el fin de liberar espacio en los hospitales públicos”, ratificó González.
Por su parte, Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud, que reúne a los centros médicos privados más importantes del país, confirmó la existencia de un canal de comunicación entre las autoridades de Salud, la Caja y los hospitales privados.
“Ya está establecido el modelo de colaboración para, eventualmente, proceder a algún tipo de colaboración de acuerdo con el marco legal vigente”, informó Manzi el lunes a La Nación.
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Este miércoles, adelantó Manzi, está prevista una nueva reunión con la CCSS, en donde continuarán revisando aspectos logísticos y administrativos legales para habilitar, dijo, esa nueva alianza público-privada, entendiendo que se está frente al mayor reto sanitario del país.
Consultado por La Nación, Marvin Carvajal Pérez, abogado especialista en Derecho Público, de la firma Batalla, considera que esta negociación parte de la Ley de Contratación Administrativa con el propósito de llegar a un acuerdo con los proveedores.
“Hay mecanismos en la Ley de Contratación Administrativa, que permiten que una persona contrate con el Estado y lo haga de forma altruista, es decir, al costo.
“Son mecanismos que están previstos, y que podría utilizarse eventualmente para que esta actividad se realice sin que implique un lucro para la empresa”, explicó el abogado, quien considera dentro de lo normal que se busque un consenso entre las partes.
La otra vía, dijo, es la que contempla la Ley de Expropiaciones, que establece la ocupación temporal de bienes, incluso invocando motivos de epidemia o calamidades. En este caso, se debe establecer un monto de indemnización.
“La ocupación temporal siempre se ve como un acto de fuerza del Estado. Es un acto de autoridad”, aclaró Carvajal.
En los últimos siete días, la lista de contagios confirmados en el país sumó una cifra récord: 11.200 personas.
Este miércoles, la cifra crece con 2.434 casos más en las últimas 24 horas, y 818 hospitalizaciones; 351 de ellas de enfermos en Cuidados Intensivos.
Los hospitales, además, reportan ocupaciones superiores al 90%, tanto en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), como en salón.
Se acumulan 3.202 fallecimientos por causas relacionadas con la covid-19, hasta este 28 de abril.
Nota actualizada a las 4:10 p.m. con declaración de especialista en Derecho Público y nuevos datos de covid-19
