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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) analiza presentar una acción de inconstitucionalidad para librarse de la imposición legal de contratar carnes de res, pollo, cerdo y otros artículos con el Consejo Nacional de Producción (CNP). Desde el año anterior, los hospitales públicos se quejan de incumplimientos en las entregas, sobreprecios, porcentajes de intermediación sin sustento técnico y falta de metodología para la fijación del costo del kilo de carne.
El problema es tan grave que, en diciembre del año anterior, varios hospitales sufrieron desabastecimiento de ese tipo de productos y tuvieron que sustituirlos por atún o huevos. La obligación de la Caja de comprarle a esa entidad deriva del artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP, según el cual “los entes públicos están obligados” a adquirir los productos que ofrece esa institución “a los precios establecidos”.
Para tratar de remediar la situación, Roberto Cervantes Barrantes, gerente general de la CCSS, informó a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de que analizan presentar una acción de inconstitucionalidad para desvincularse del mandato legal y comprar las carnes y resto de productos a través de una licitación pública con importes más convenientes para las finanzas de la institución. Así lo declaró durante su comparecencia este jueves 10 de marzo.
La orden de hallar una salida a la obligación de contratar con el CNP proviene de un acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS tomado en octubre de 2021, según explicó Cervantes a los legisladores.
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“La Junta dice que, antes de que se venza el contrato de carnes con el CNP, se requiere que se haga un estudio técnico para ver si es factible seguir prorrogándolo o si es necesario buscar otra opción”, declaró Cervantes.
Randall Quesada Ulate, abogado de la Gerencia General, enfatizó que la instrucción de la Junta Directiva es que, una vez finalizado ese estudio técnico, se busquen los fundamentos legales para presentar la acción de inconstitucionalidad o para acudir a la Contraloría General de la República por una autorización para hacer una contratación pública concursada.
En la actualidad, la CCSS mantiene un contrato con el Consejo para adquirir 19 tipos de carne de res y cerdo por ¢2.350 millones al año. Sin embargo, la entidad ha encontrado diferencias de hasta un 73% en el importe de los productos.
Por ejemplo, en noviembre de 2021, según datos suministrados por la CCSS, la empresa a cargo de suministrar las fajitas de carne de res para los hospitales Max Peralta, en Cartago, y William Allen, en Turrialba, subió el precio de ¢4.182 a ¢6.522, lo que representa un alza del 55%.
Lo mismo hizo Coopeavancemos R. L ., suplidor del CNP de carnes para los centros médicos de la zona sur, la cual subió el kilo de pechuga de jamón de pavo de ¢3.763 a ¢6.518. Esto significa un alza de ¢2.755 por kilogramo de un año a otro (73% más). Al desmenuzar el incremento de ¢2.755, resultó que ¢2.237 corresponden al proveedor y ¢518 al CNP por su intermediación.
El crecimiento en el precio no es exclusivo de fajitas de carne o pechuga de jamón de pavo. También varió el costo de otros 18 artículos como carne molida de res, carne molida de cerdo, bistec de hígado, bistec de res, chuleta de cerdo, carne de res en trozos, salchichas bajas en grasa y mano de piedra, entre otros.
El aumento promedio en la lista de productos es del 30,5% solo para los hospitales del sur. Para centros médicos de otras regiones la variación promedio oscila entre 22% y 32%.
Esos porcentajes superan el 10,15% fijado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como variación acumulada para las carnes entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021. El IPC es un instrumento elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para medir los cambios en el importe de los bienes y servicios en un periodo determinado.
Carlos Ricardo Benavides, diputado del Partido Liberación Nacional, criticó que se obligue a la Caja y al resto de entidades públicas a comprar al Consejo pese a la falta de transparencia en la fijación de precios y los altos costos. Para el legislador, esta situación es una “pelea de tigre suelto contra burro amarrado”.
Proyecto de ley
La diputada del Partido Liberación Nacional Yorleny León, impulsa un proyecto de ley para reformar el artículo 9 de Ley Orgánica del CNP para que las entidades puedan fijar las condiciones en las que le compran al Consejo, parámetros de calidad, lugares de entrega y plazos, entre otros.
En la propuesta de la liberacionista, el texto diría lo siguiente: “Los entes públicos están obligados a proveerse, en principio, del Consejo Nacional de Producción”.
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Roberto Cervantes, gerente general de la CCSS, dijo que recibieron este jueves el proyecto de Ley y deberán emitir un criterio al respecto para que la iniciativa siga su curso en la Asamblea Legislativa.
