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Reducir el tiempo con cada paciente es uno de los requisitos que puso la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a los interesados en ofrecer servicios de atención primaria en 138 Ebáis, de acuerdo con la segunda versión del cartel de licitación.
Para cuatro cooperativas que actualmente dan esos servicios, de mantenerse esa condición, se pasaría de 15 a 12 minutos por consulta, lo cual arriesgaría la calidad de la atención que actualmente reciben casi 600.000 personas en esas instituciones.
“En la segunda versión del cartel, se mantiene el requerimiento de que cada médico debe atender cinco pacientes en una hora, en vez de los cuatro que se atienden actualmente. Esto reduciría el tiempo que los médicos podrían dedicar a los pacientes, afectando la satisfacción de estos”, manifestó Alberto Ferrero, gerente general de Coopesalud y vocero de cuatro cooperativas que han vendido estos servicios a la Caja por más de 30 años.
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Según Ferrero, mantener esa disposición se opone a resoluciones del Colegio de Médicos que establecen un mínimo de 15 minutos por paciente como parte de la ejecución del acto médico, y que fueron publicadas en La Gaceta del 24 de enero del 2019.
La advertencia es una de varias que hacen a la nueva versión del cartel para licitar servicios para comunidades como Pavas, Tibás, Barva, Desamparados o Escazú. Son 138 Ebáis en 10 Áreas de Salud, por un monto superior a los ¢39.000 millones anuales.
La CCSS lanzó el concurso en octubre en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), pero recibió una lluvia de objeciones que llegaron, incluso, a ser de conocimiento de la Junta Directiva. La Contraloría General de la República (CGR) acogió casi 60 de unos 80 planteamientos y ordenó a la CCSS realizar ajustes al cartel. La segunda versión se publicó el pasado 24 de enero.
Las cuatro cooperativas que actualmente administran Ebáis en contrato con la CCSS son Coopesiba (Barva y San Pablo de Heredia), Coopesana (San Francisco de Dos Ríos y San Antonio de Desamparados, Santa Ana y Escazú), Coopoesaín (Tibás), y Coopesalud (Pavas y Desamparados). Están interesadas en presentar ofertas.
“Reconocemos el interés y el esfuerzo realizado para mejorar las condiciones contempladas en la primera versión del cartel, en especial en lo que concierne al recurso humano requerido para garantizar la prestación adecuada de los servicios de salud.
“No obstante, consideramos que prevalecen algunos aspectos en esta segunda versión que es necesario revisar pues dificultarían y, en algunos casos, podrían llegar a impedir la participación de las cooperativas y de otras empresas interesadas”, manifestó Ferrero.
Observaciones de fondo
Además de las cooperativas, en el escenario de tercerización de servicios han entrado a jugar la Universidad de Costa Rica (UCR) y la de Iberoamérica (Unibe) las cuales, en diferentes momentos, administraron los Ebáis del Este: Curridabat, Carmen Montes de Oca y San Juan-San Diego-Concepción.
La CCSS retomó esos servicios en febrero del 2020, pese a que su Auditoría Interna, en un documento del 2017, le advirtió de que hacerlo significaría un incremento en los costos de 49,5%. Estudios de la propia CCSS han demostrado que contratar estos servicios le resulta más barato que asumirlos por su cuenta.
Un informe financiero-actuarial concluyó, en abril del 2020, que retomar los Ebáis a cargo de cuatro cooperativas saldría hasta un 60% más oneroso para esa institución.
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No obstante, la nueva versión del cartel sigue sin convencer a este grupo. Las observaciones de las cuatro cooperativas son las siguientes:
- Hay especificaciones de infraestructura basadas en programas arquitectónicos institucionales que son imposibles de ejecutar en edificios existentes. Ahí se han dado servicios por años pero basados en programas arquitectónicos distintos. “De prevalecer este requisito, se impediría la libre participación de eventuales interesados”.
- Incorpora un nuevo requisito para la estructuración de la oferta económica, que no aparecía en la primera versión. Ese requisito obligaría a los oferentes a generar un cuadro resumen que relacione el valor total de la mano de obra de cada perfil de funcionario ofertado con otros costos de diferente naturaleza, como materiales y suministros, gastos indirectos y alquileres. “Esto es técnicamente imposible de cumplir pues algunos de estos costos son variables y otros son fijos, lo que hace que, por ejemplo, la contratación o no de un colaborador no incida en los montos de alquileres de edificios ni de gastos indirectos”.
- La CCSS también duplicó el monto de la garantía de cumplimiento, que pasó de un 5% a un 10%. Significa que los interesados tendrían que disponer de un capital de trabajo para cubrir las inversiones y esa garantía. Los montos podrían llegar a rondar los ¢1.500 millones.
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- Se considera un avance la prórroga facultativa de 4 años adicionales. Sin embargo, el plazo de 4 años sigue siendo insuficiente porque encarecería los contratos. Las cooperativas proponen definir un período de 6 años prorrogables a 10, o 6 prorrogables a 8 años, para que la CCSS tenga menos costos de contratación.
- Prevalecen requerimientos de equipo considerados por las cooperativas “excesivos” pues incrementarían los costos de contratación. Por ejemplo, dicen, la obligación de usar computadoras de escritorio, teclados, mouse y monitor de una marca específica. Esto, aseguran, no resulta relevante en el servicio y limita a los eventuales contratistas a recurrir a una oferta limitada de proveedores.
