A pesar de que la Contraloría General de la República manifestó reiteradamente la ilegalidad de usar fondos públicos en la compra de comidas para las sesiones de Junta Directiva de una entidad pública, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) lleva años adquiriendo servicios de alimentos y bebidas para todas las reuniones de su cúpula.
Además de servir comida para las nueve personas que integran la Junta Directiva de la Caja, también se ofrecían platillos para otros funcionarios que participaban en los encuentros, como el auditor interno, el director jurídico, los gerentes y el secretario de actas.
Los gastos constan en los informes presupuestarios de la institución, los cuales fueron revisados por este diario.
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Según datos oficiales, solo entre 2017 y 2020, la institución gastó ¢50,7 millones en alimentos para las sesiones de Junta Directiva. En ese mismo periodo, los integrantes de la Junta Directiva recibieron ¢92,6 millones por asistir a las citas.
Para dar de comer a los directivos, la Caja destinó entre ¢13,8 millones y ¢16,6 millones por año, excepto en 2020, cuando el gasto cayó a ¢4,8 millones debido a la pandemia y la realización de sesiones virtuales.
Las compras, en las que se incluyen desayunos, almuerzos, cenas y meriendas, se ejecutaron contra los pronunciamientos de la Contraloría sobre este tema. Incluso, en los últimos dos años, la entidad encargó alimentos y bebidas para directivos y actividades administrativas sin tener una partida presupuestaria aprobada para esos fines.
Esa situación fue confirmada por Adrián Torrealba, representante de los empresarios en la Junta Directiva de la CCSS.
“Ahora no estamos recibiendo alimentos porque nos enteramos hace unas semanas de que no había partida para eso”, dijo.
La semana pasada, una investigación de este diario reveló que la CCSS utilizó un contrato firmado por el Hospital México para suministrar alimentos a pacientes para encargar desayunos, almuerzos, meriendas y cenas para los miembros de la Junta.
De acuerdo con información a la que tuvo acceso este diario, el hecho ocurrió al menos durante dos meses del 2022.
Práctica prohibida
El desembolso de fondos públicos para alimentar a las altas autoridades de la Caja sucedió pese a que, desde 2013, la Contraloría General de la República emitió una resolución en la que señaló lo siguiente:
“Se entiende que los funcionarios públicos retribuidos por dieta o salario, en virtud del principio de previsión, han de proveerse de alimentos durante el cumplimiento de sus labores costeados de su propio peculio”.
Por cada sesión a la que asisten los directivos de la CCSS, la institución paga ¢58.000.
En ese mismo pronunciamiento, la Contraloría expresó que no existe una norma legal que ampare la compra de alimentos y bebidas, “por lo cual como regla general debe entenderse proscrita o prohibida dicha conducta administrativa”. También declaró que en “casos esporádicos y de carácter excepcional debidamente justificados” se puede autorizar un servicio alimenticio mínimo apegado a criterios de austeridad y razonabilidad.
No obstante, en la Caja no era excepcional.
En 2017, la Contraloría General de la República reiteró su criterio de que los funcionarios públicos o miembros de Junta Directiva que reciben un salario o dieta deben deben proveerse por su cuenta los alimentos durante el ejercicio de sus labores.
Lo ratificó nuevamente el 17 de diciembre de 2020. Ese día, por medio del oficio DFOE-SOC-1266, rechazó un presupuesto de ¢85 millones para adquirir alimentos y bebidas para actividades administrativas, lo cual incluye las reuniones de la Junta Directiva.
La medida tomada por el órgano contralor obligó, según la Dirección de Presupuesto de la CCSS, a la exclusión de dinero para comida en sesiones de la Directiva y otros similares en los presupuestos institucionales de los años 2022 y 2023.
A pesar de ello, documentos y correos electrónicos internos muestran que la entidad echó mano del contrato del Hospital México y de fondos de caja chica para encargar las comidas.
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Por último, en marzo de 2023, Rodrigo Paniagua, fiscalizador de la Contraloría, enfatizó en que no existe fundamento legal para ese tipo de gastos.
Nadie objetó
“En algunas sesiones sí consumí lo que se brindaba, en el entendido que para ese momento se tenía como dado que la gestión de la alimentación estaba en orden por parte de la Secretaría y la parte presupuestaria”, dijo Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS ante preguntas de La Nación.
Agregó que en otras ocasiones decidió costear su comida “por decisión individual”.
Entretanto, Álvaro Ramos Chaves, quien precedió a Esquivel en la Presidencia Ejecutiva, reconoció que servían alimentos en todas las sesiones de la Junta Directiva, pero argumentó que Olger Sánchez Carrillo, auditor interno, nunca advirtió de alguna irregularidad.
“El auditor interno estuvo en todas las sesiones, recibió la misma alimentación y no recuerdo una sola vez que me mencionase que hubiera algo incorrecto o que la CGR había manifestado que no estaba bien”, comentó Ramos la semana anterior.
Se le consultó, vía correo electrónico, a Sánchez, si él también recibía alimentación durante las sesiones, pero no respondió.
Por medio de la oficina de prensa se limitó a señalar que se encuentra realizando un estudio “relacionado con esta temática” y, por lo tanto, no pueden ofrecer detalles de una investigación en curso.
También mencionó cinco oficios en los que la Auditoría Interna solicitó un “uso óptimo, racional, austero y apegado al ordenamiento jurídico” y que en 2021 requirió a la Gerencia Financiera y a la Dirección de Presupuesto actualizar una política relacionada con el uso racional de fondos públicos.
En una segunda consulta, vía mensaje de texto, Sánchez reconoció que sí recibía los platillos servidos en la Junta Directiva. “En las sesiones ordinarias cuyo tiempo fue entre 10 y 12 horas diarias sí consumí alimentos, tal y como ha sido la costumbre en este tipo de sesiones de trabajo”.