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Desde que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) compró, en julio de 2020, el edificio Océano, en Sabana norte, todo ha salido mal. Adquirió el inmueble por $4,5 millones (¢2.911 millones al tipo de cambio actual) para trasladar 138 funcionarios mientras remodela y refuerza las oficinas centrales, pero 20 meses después no ha podido realizar la mudanza. Además, acondicionar el lugar a las necesidades de la institución y el personal requirió ¢1.176 millones, más del doble de lo presupuestado.
De acuerdo con datos suministrados por la CCSS a pedido de La Nación, las mejoras en el edificio Océano estaban previstas para ¢500 millones, pero fue necesario firmar una adenda al contrato por ¢250 millones, un contrato adicional para “obras complementarias” por ¢300 millones, encargar mobiliario por ¢108 millones y sillas por ¢18 millones. Los trabajos fueron encargados a la constructora Navarro y Avilés.
En junio de 2021, Paquita González Haug, ingeniera de la CCSS a cargo del proyecto, dijo que el inmueble estaría listo en setiembre de 2021, pero eso no se cumplió. Ahora la institución pública manifiesta que los atrasos se deben al “visado de planos, importación de equipos y escasez de materiales por el tema pandemia, importaciones y demás”, pero no ofrece detalles de cómo esos aspectos retrasaron la obra.
Según la Caja, las mejoras concluirán el 9 de marzo y el 10 de marzo empezará la mudanza de los trabajadores. De cumplirse ese plan se pondría fin a los 20 meses de espera para poner en funcionamiento el edificio, pero persistirán las dudas sobre la forma en que la entidad compró la edificación, algunas de ellas son investigadas por el Ministerio Público.
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Por ejemplo, la Auditoría Interna de la CCSS advirtió, en mayo de 2019, 14 meses antes de la compra del edificio, de un sobreprecio en el avalúo de ese inmueble. Estableció que el perito de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías usó una tipología equivocada para definir el valor del metro cuadrado en los 881 metros cuadrados del sótano.
Detallan que se basó en la tipología EO06 (¢775.000 por m²) y no en la EP02 (¢250.000 por m²). La primera se aplica a estructuras con columnas y vigas de concreto, dos baterías de baños por piso, amplios ventanales, pisos de cerámica o alfombras, dos ascensores, tanques de almacenamiento de agua potable y muy buenos acabados, entre otros. La segunda se asigna a sótanos de una o varias plantas para uso exclusivo de parqueos, columnas y vigas de concreto, rampas, escaleras o ascensores y pisos de concreto, entre otros.
En otras palabras, la Caja pagó ¢525.000 más por cada metro cuadrado de sótano. El edificio Océano, construido en 1998, posee 3.142 metros cuadrados (m²), de los cuales 881 m² son sótano.
Los cuestionamientos de la Auditoría Interna constan en el informe AD–ASAAI-1277-2019, firmado el 20 de mayo del 2019 por Ólger Sánchez Carrillo, auditor Interno de la CCSS.
A pesar de la graves afirmaciones hechas por la Auditoría, Jorge Granados, gerente de gerente de Infraestructura y Tecnologías, rechazó las críticas y minimizó el asunto.
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“El informe de Auditoría no es la santa palabra que hay que agarrarlo y poner la tipología que dicen, ellos hacen un oficio y presentan algunas dudas que pueden ser razonables o podrían no serlo. La función de la Administración es revisar, contestar y si se hizo algo indebido o se cometieron errores se debe rectificar”, dijo Granados en una entrevista realizada el año anterior.
Otro cuestionamiento relacionado con la adquisición del bien inmueble es que no contaba con las condiciones de conectividad necesarias.
Antiguo dueño
De acuerdo con el expediente de compra elaborado por la CCSS, el edificio Océano le pertenecía a Corporación Andina de Inversiones S. A, pero estaba desocupado desde 2016. Antes de ese año fue alquilado a una empresa dedicada a impresiones editoriales y una academia de idiomas.
Corporación Andina de Inversiones S. A era representada en Costa Rica por el mexicano José María González Saravia.
El expediente público también indica que la transacción se dio por contratación directa autorizada por Allan Ugalde, gerente de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, quien ahora figura entre las personas investigadas por el Caso Cochinilla.
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En la actualidad, la Auditoría Interna de la CCSS mantiene un análisis del proceso para determinar si corresponde la apertura de procedimientos disciplinarios o la presentación de denuncias penales por aparente corrupción.
