EscucharEn la última década, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrentó graves causas de corrupción entre sus colaboradores. La más sonada de ellas quedó en firme en el 2014, cuando la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ratificó una condena de cuatro años de prisión contra el expresidente ejecutivo Eliseo Vargas García, por cinco delitos de peculado por una contratación ficticia.
Además, en diciembre de 2017, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, impuso 12 años de prisión al médico especialista en Nefrología, Francisco José Mora Palma, de 68 años, por el delito de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos.
Esos son solo dos casos en los que funcionarios de la CCSS fueron hallados responsables por cometer ilícitos en el ejercicio de sus funciones a cambio de dinero. Ante esa situación, la entidad creó un Sistema de Gestión Antisoborno (SGA), que se basa en los requisitos normativos de la ISO 37001. Este sistema está diseñado para ayudar a las organizaciones a implantar y mantener medidas para prevenir, detectar y abordar el soborno.
Esteban Vega, gerente de Logística de la CCSS, explicó que esta iniciativa se empezará a ejecutar en la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, departamento institucional que solo en el 2023 empleó $405 millones en compras.
“Esto justifica por qué hicimos este esfuerzo en implementar un sistema de gestión antisoborno, madurarlo, auditarlo y someterlo a la certificación de un ente internacional”, comentó Vega.
Una de las medidas de ese sistema consiste en habilitar un canal en línea para denuncias anónimas y así garantizar que no haya persecución contra los denunciantes. Esas denuncias, para minimizar la impunidad, serán analizadas y valoradas por la Subárea de Investigación.
“Ese es un ente externo a la Gerencia de Logística”, enfatizó. También incluye una alianza con la Procuraduría de la Ética, para obtener información de esa dependencia relacionada con posibles irregularidades.
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Antes de la creación de este sistema, según Vega, solo se activaban mecanismos de investigación cuando había indicios fuertes de corrupción. En cambio, el enfoque ahora se centrará en la prevención de ese tipo de conductas.
“Buscamos prevenir y mitigar, eso incluye seguir protocolos con los contratistas, deben llenarse formularios de notificación y ausencia de conflictos de interés y ese tipo de cosas nos van a asegurar que los procesos de compra se rigen por una serie de prácticas probadas a nivel internacional”, expresó el gerente.
También, el sistema obliga a los funcionarios involucrados en los procesos de licitación a presentar sus hojas de delincuencia cada cierto tiempo y certificar que no han estado acusados de posibles actos de corrupción.
