EscucharLa Gerencia de Logística busca un “vehículo jurídico” que le permita a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) vender sus medicamentos a farmacias y hospitales privados, según el plan presentado a la Junta Directiva en mayo.
Esta insistencia institucional se da pese a un criterio inicial de la Dirección Jurídica en el que se recalca que la naturaleza de la CCSS no es empresarial ni comercial, a la oposición de algunos miembros de la Junta Directiva cuando este tema se discutió en mayo y junio, y a las dudas planteadas por organizaciones como el Colegio de Farmacéuticos.
El gerente de Logística de la CCSS, Esteban Vega de la O, confirmó a La Nación, el 23 de setiembre, que se sigue a la espera de un “conjunto de aclaraciones y recomendaciones” que le permitan ejecutar el Modelo de Gestión Estratégica y Suplido de Medicamentos, como se llama la iniciativa que se quiere utilizar como un auxiliar de la política pública para bajar el precio de las medicinas en el país.
Lo anterior incluye el plan piloto para instalar una farmacia cerca de la CCSS, y la venta de 123 medicinas de la institución a distribuidoras mayoristas y hospitales privados.
Lo que el plan promete es que medicamentos como irbersartán (para la presión arterial) tendrían diferencias de precios de hasta un 87% con respecto al mercado privado, al pasar el costo unitario por tableta de ¢217,67 a ¢22, que sería el costo de la CCSS.
Otros fármacos, como la Lamotrigina (anticonvulsivante), podrían tener diferencias de 96% en el precio, pues en las farmacias privadas hoy se vende en ¢1.780, mientras que para la CCSS, el costo es ¢78.
“Tras el criterio de la Dirección Jurídica que descarta el uso de alianzas estratégicas para impulsar el proyecto de suplido de productos farmacéuticos como mecanismo de política pública para coadyuvar en la reducción de gasto de bolsillo, se sigue a la espera de un conjunto de aclaraciones y recomendaciones que permitan desarrollar el artículo 71 de la Ley Constitutiva de la Caja, que permite vender productos y, entonces, emitir los diferentes estudios que se ajusten a dichas recomendaciones que den viabilidad al proyecto”, respondió el gerente cuando La Nación consultó si el criterio jurídico haría que se descartara el proyecto.
El criterio jurídico al cual se refiere Vega de la O es el firmado por Gilberth Alfaro Morales, director jurídico de la CCSS, y cuatro abogados más, el 29 de agosto. Este documento concluye que la propuesta de venta de medicinas no es viable, pues la institución no está habilitada para aplicar excepciones previstas en la Ley General de Contratación Pública para establecer alianzas estratégicas.
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Para la Dirección Jurídica, “no existe disposición legal que la autorice a suscribir alianzas estratégicas”, porque la CCSS no tiene naturaleza “empresarial o comercial” y eso, según los abogados de la Caja, imposibilita el uso de esa excepción legal.
Un día después, el 30 de agosto anterior, el jerarca de la Dirección Financiero Contable, de la CCSS, Andrey Sánchez Duarte, envió un oficio a Mario Ramos Martínez, quien dirige la Dirección General de Tributación, en el cual le indica, entre otras cosas, que “la Junta Directiva de la CCSS pretende impulsar la venta de medicamentos en el presente periodo, siendo necesario superar los elementos legales y fiscales correspondientes”.
El oficio es el GF-DFC-1733-2024 y forma parte de los documentos que se han intercambiado en este proceso.
Estos 24 y 25 de octubre, La Nación consultó a la Gerencia de Logística si ya había recibido las “aclaraciones y recomendaciones” esperadas; sin embargo, al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta a la solicitud enviada a través de la oficina de prensa de la CCSS.
Artículo de Ley Constitutiva de CCSS avalaría venta
El artículo del cual habla el gerente de Logística es el 71 de la Ley Constitutiva de la CCSS, que dice: “La Caja Costarricense de Seguro Social está autorizada para importar, desalmacenar, fabricar, comprar, vender y exportar directamente implementos médico-quirúrgicos, medicamentos incluidos en el formulario nacional, reactivos y biológicos, así como materias primas y materiales de acondicionamiento y empaque requeridos en la elaboración de aquellos. Igualmente, queda autorizada para suplir estos mismos artículos a las instituciones públicas y privadas que presten servicios de salud.”
Cuando lleguen las “aclaraciones y recomendaciones” a la Gerencia de Logística, se procedería a los estudios que den viabilidad al proyecto, afirmó el gerente.
Dos días antes de salir el criterio jurídico, la Dirección Financiero Contable de la CCSS emitió el suyo el 27 de agosto, y en este calculó el porcentaje de gasto administrativo para el plan piloto de venta de medicamentos en el escenario de venta a empresas distribuidoras.
El documento, facilitado por la Gerencia de Logística a La Nación, desglosa de la siguiente manera el gasto operativo anual por venta de medicamentos e insumos médicos a entes externos:
- Proceso de preparación y entrega de pedido de medicamentos en el Área de Almacenamiento y Distribución: ¢10.605.483
- Proceso de recepción de pago y emisión de comprobante en Tesorería: ¢2.990.876
- Recurso humano del proyecto: ¢23.602.923
- Otros gastos: ¢547.716
- Total gasto de ventas estimado: ¢37.747.000
- Ventas anuales proyectadas: ¢1.231.213.236
- Gastos para el proceso de abastecimiento y gestión operativa: 6,57%
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En la consulta a la Dirección General de Tributación, del 30 de agosto, Andrey Sánchez Duarte informa de que, por la exoneración de que goza la CCSS sobre los bienes y servicios, no se dispone de sistemas de información para la gestión de impuestos en torno a la posible venta de medicamentos.
En criterio de Sánchez, la exoneración de la cual dispone la CCSS no podría generalizarse en caso de venta a terceros que no tienen relación directa con la Seguridad Social.
El director financiero contable considera que la CCSS no generaría rentabilidad por la venta de medicamentos. Para él, la institución se orientaría a recuperar el costo directo del medicamento, los gastos administrativos, de operación, y el costo de oportunidad, “sin que se visualicen márgenes de utilidades”.
Plan de venta de medicinas de CCSS genera controversia
Desde que trascendió la intención de la CCSS de vender medicinas para reducir el gasto de bolsillo de los costarricenses en medicamentos, el plan no ha dejado de generar polémica.
La representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS, Martha Rodríguez González, manifestó su oposición en el primer momento. El 30 de mayo, cuando el gerente de Logística expuso por primera vez el plan, la sindicalista manifestó que esta “promesa de campaña” no es tarea de la Caja, ni tampoco entrar a regular los precios de las medicinas.
Rodríguez externó dudas sobre cómo se trasladarían los eventuales beneficios de la reducción de precios al consumidor final sin que proveedores privados lucren.
La propuesta de modelo de gestión estratégica y suplido de medicamentos fue aprobada por seis de ocho miembros de Junta Directiva presentes en la sesión ordinaria del 18 de junio. Los dos votos en contra fueron los de Martha Rodríguez y Maritza Jiménez Aguilar, del bloque laboral.
La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel Rodríguez, actualmente suspendida durante seis meses por el llamado Caso Barrenador, insistió en que Costa Rica es uno de los países donde el costo de las medicinas es muy alto.
“Ni siquiera Europa tiene el costo de los medicamentos que tiene Costa Rica. El abuso que se da con los precios de medicamentos en este país es muy grande. Al final, las más afectadas son las poblaciones más vulnerables”.
El gasto de bolsillo para servicios de salud representa, en promedio, el 20% del ingreso de los hogares costarricenses y, la mayoría es por medicamentos. Se calcula que las familias destinan a salud al menos ¢575.000 millones al año.
El presidente Rodrigo Chaves Robles prometió en campaña bajar el precio de las medicinas, compromiso que no ha podido cumplir con las medidas ejecutadas hasta ahora. Entre ellas, está el decreto ejecutivo de agosto del 2022 para fomentar la importación paralela de medicamentos. La Sala IV lo anuló, por inconstitucional, el 16 de agosto anterior.
Los entonces miembros del bloque patronal, Jorge Luis Araya Chaves (renunció, pero es investigado por el Caso Barrenador), Zeirith Rojas Cerna y Johnny Gómez Pana apoyaron la propuesta con la condición de que se pueda afinar la iniciativa. Rojas y Gómez también están suspendidos mientras se indaga su participación en la adjudicación de 138 Ebáis.
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A finales de junio, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, José Gatgens, manifestó su preocupación de que una iniciativa como esta generara desabastecimiento.
“Inclusive ahora, sin tener estrategias como la que quieren generar para el mercado privado, hay problemas de desabastecimiento. Es muy importante para el Seguro Social que se enfoque en lo que es su prioridad: el asegurado y la salud”, sostuvo Gatgens.
Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud, confirmó que han sostenido reuniones sobre este tema con la Gerencia de Logística dirigidas a entender el modelo propuesto.
“Entre los aspectos por definir y para los cuales la Cámara ha solicitado aclaraciones están: el formato de empaques, las condiciones de pagos, el volumen de compras mínimas, aspectos tributarios relacionados con el hecho que la CCSS es sujeto exento de IVA. Respecto a esto, la Gerencia había indicado que estos y otros aspectos estaban ligados a un pronunciamiento que se había solicitado a la Dirección Jurídica. Sin embargo, al momento (viernes 25 de octubre) no tenemos información o respuesta al respecto.
“Un detalle importante es que una eventual viabilidad del modelo depende justamente de estos aspectos, entre otros. La Cámara está comprometida con la promoción y la mejora en el acceso a la salud para toda la población. Esto incluye el acceso a servicios de salud y a medicamentos para los cuales los costarricenses están pagando precios altos comparados con otros países de la región o en otros continentes”, aseguró Manzi.
