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Un exiliado nicaragüense en Costa Rica enfermó gravemente de covid-19 y tuvo que ser internado durante un mes en hospitales de la Caja luego de que las autoridades costarricenses le negaran la vacuna contra el virus.
Aunque el hombre paga un seguro voluntario, cuando fue a recibir su primera dosis la funcionaria médica que lo atendió le dijo que no le iba a poner la inyección porque, según ella, no estaba asegurado.
Una semana después, el extranjero se contagió de SARS-CoV-2 y tras pasar varios días con mucha tos, diarrea y calentura, se acercó al Hospital Max Peralta, en Cartago, para buscar ayuda urgente.
Tras ser internado, el Ebáis donde se había acercado inicialmente lo llamó para indicarle que ya estaba lista su vacuna, pese a días antes habérsela negado.
La esposa del nicaragüense, que solicitó reservar sus identidades, dijo a La Nación que estaba muy molesta por lo ocurrido, porque alegó que su pareja no fue vacunada desde un principio por pura negligencia.
Actualmente, Costa Rica no inmuniza contra el nuevo coronavirus a personas en condición migratoria irregular, por no estar inscritas en el seguro social.
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Sin embargo, ese no fue el caso de este migrante al que le negaron su biológico en el momento que lo merecía.
“En nuestra área de salud ya estaban vacunando a personas de riesgo como nosotros, que sufrimos de hipertensión y asma. Sin embargo, cuando llegamos a la cita, nos dijeron que ninguno de nosotros estaba asegurado y nos sacaron de la clínica”, contó la señora.
La mujer dice que toda la atención médica que le brindaron a su esposo en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se pudo haber evitado si le hubieran aplicado la vacuna.
Además, menciona que conoce casos de otras personas solicitantes de refugio a las que se les han negado las dosis contra el virus e incluso servicios básicos de salud.
Por ejemplo, comentó el caso de un padre salvadoreño sin empleo al que evitaron atender por no estar asegurado y que tuvo que sobrevivir al coronavirus por su cuenta.
“De hecho mi esposo y yo hasta cumplíamos con los requisitos para aplicar al Bono Proteger, pero nunca nos lo dieron. Yo me quedé sin trabajo y ahora él se está recuperando del virus y no puede trabajar.
“El doctor que firmó el documento de la incapacidad lo iba a mandar a trabajar un día después de que él salió del hospital, sin haberlo revisado ni nada, ni siquiera lo valoró”, reclamó la esposa.
El Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Refugiados (Acnur) indica que casos como los de estas familias extranjeras ocurren en algunos centros del país debido al desconocimiento de los funcionarios.
La entidad indica que, en ocasiones, los trabajadores de la CCSS no conocen los documentos que pueden presentar las personas refugiadas o solicitantes de refugio para acceder los distintos servicios médicos.
De acuerdo con Acnur, dicho desconocimiento a veces se acompaña de xenofobia y provoca que se les impida a los migrantes disfrutar de sus derechos humanos en el país, como es el acceso a la salud.
