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La Gerencia General de la CCSS ordenó la intervención del Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA), unidad de abogados encargada de llevar a cabo las investigaciones por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas y otros insumos de protección médica.
Así lo informó Roberto Cervantes, gerente General de la CCSS este jueves, a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, ante la cual compareció.
Este mismo jueves, La Nación dio a conocer que los abogados del CIPA decidieron no programar las audiencias orales de tres expedientes relacionados con esos casos hasta que pase la pandemia. Son investigaciones por posibles anomalías en la adjudicación de millonarios contratos a proveedores inexpertos, pagos indebidos y aceptación de tapabocas de uso no médico.
La resolución consta en el informe de Auditoría Interna AS-SAGAL-278-2021 del 10 de febrero.
Cervantes explicó a los diputados que esa decisión de postegar las audiencias es uno de los motivos por los que solicitó a Ronald Lacayo, gerente administrativo, intervenir el CIPA, integrado por 27 funcionarios.
“La Gerencia General le está instruyendo al gerente administrativo intervenir funcionalmente al CIPA (...) Estoy pidiendo intervenir e investigar por qué no se han fijado las audiencias orales”, declaró el funcionario.
La orden a la Gerencia Administrativa fue emitida este miércoles 17 de febrero.
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“La nota fue enviada ayer y le da ocho días al señor gerente administrativo para que me presente todos sus planes y consideraciones, ocho días es el plazo”, añadió Cervantes.
El CIPA también es cuestionado por Cervantes por haberlo marginado en la resolución del caso. Indicó que el órgano decisor, es decir, el que fijará eventuales sanciones después de que los abogados rindan el informe, es él, como gerente general.
Sin embargo, el CIPA delegó esa función en la Junta Directiva, sin explicar por qué lo excluyó.
“Ayer (miércoles) me llamaba un periodista y me decía si yo consideraba que era una falta de respeto (lo hecho por el CIPA), bueno sí, es obvio porque yo soy la máxima autoridad, pero es la desobediencia también, porque hubo desobediencia”, declaró el gerente general.
Una de las posibilidades es separar de su cargo a Mario Cajina Chavarría, director del CIPA; otra sería la sustitución de los juristas encargados de las pesquisas, Grettel Camacho Marín y Sergio Alfaro Esquivel.
Las investigaciones contra los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cuestionados fueron instruidas desde agosto del año anterior tras una petición de la Junta Directiva.
El escándalo se inició cuando La Nación reveló que un contrato de $4 millones para la adquisición de 12 millones de mascarillas fue entregado a una periodista española y un contador público costarricense sin experiencia en el suministro de implementos médicos.
Ambos contratistas incumplieron los plazos de entrega de manera parcial y total, lo cual afectó el abastecimiento de cubrebocas y comprometió la salud de los trabajadores de clínicas y hospitales que atienden a pacientes de covid-19.
Estos hechos también motivaron a la Comisión Legislativa a iniciar una investigación.
Diputados molestos
Yorleny León, presidenta de ese foro cuestionó la lentitud con la que ha actuado la CCSS frente a las denuncias de supuestos actos de corrupción.
Incluso, expresó que la decisión del CIPA de no programar las audiencias orales pareciera una “estrategia” para no sancionar a los presuntos responsables.
“La forma de hacerlo es posponiendo esto (las audiencias) hasta que la pandemia finalice y eso podrá ser hasta dentro de dos o cuatro años, los decretos de emergencia en este país han durado hasta ocho años”, apuntó León.
Shirley Díaz, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le dijo al gerente general: “Yo quisiera que usted me diga qué medidas concretas de investigación y seguimiento ha realizado la Gerencia General con respecto a esta serie de irregularidades (...) Es molesto estar en estas comisiones investigando casos que lo que dan es vergüenza nacional”.
Por su parte, el liberacionista Carlos Ricardo Benavides, preguntó por qué se encargaron las tres investigaciones contra los 13 funcionarios a dos abogados del CIPA (Grettel Camacho Marín y Sergio Alfaro Esquivel) y cuáles fueron los criterios para su selección.
“¿Por qué concentrar en dos abogados todas las investigaciones?”, cuestionó.
Cervantes admitió desconocer por qué se procedió de esa manera. También ignora si hay otros procedimientos disciplinarios varados por la postergación de audiencias orales durante la pandemia.
¿Caducidad o prescripción?
Al salir de la cita con los legisladores, el gerente general de la CCSS aseguró que no hay riesgo de prescripción de los casos, pues el plazo establecido en la normativa vigente es de cinco años.
Además, ante la posibilidad de que los procedimientos administrativos caduquen indicó que eso sucedería si en un plazo de seis meses no hay actividad dentro de los expedientes, pero de inmediato rechazó esa posibilidad.
Resaltó que si eso llegara a suceder la legislación le permite abrir las investigaciones de nuevo.
Lo que sí afecta la tardanza de la investigación son los gastos en que incurre la CCSS por pago de salarios.
Desde agosto, por ejemplo, están suspendidos el gerente de Logística, Luis Fernando Porras y sus asesores Hans Vindas Céspedes y María Díaz Rivera.
A Porras la Caja le pagó, en los últimos seis meses, ¢28,8 millones por concepto de salarios. A Vindas, ¢9,6 millones, y a Díaz, ¢12 millones.
