CCSS pagó 65% del presupuesto para vuelos ambulancia por pandemia a empresa sin permiso

Una empresa fundada en enero de 2020, sin certificado de operación de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), sin avionetas o helicópteros a su nombre y sin autorización para el uso de hangares en aeropuertos nacionales logró contratos por el 65% de los fondos públicos utilizados para pagar vuelos ambulancia para pacientes graves debido a la covid-19.

Una investigación de La Nación halló que Soporte Asistido Aéreo y Terrestre (SAAT), representada legalmente por el empresario costarricense Francis Durman Esquivel, recibió, entre 2020 y 2021, $514.000 (¢332,5 millones al tipo de cambio actual) para traslados aéreos de enfermos graves pese a no tener permiso para dar ese tipo de servicio en el país.

De acuerdo con datos certificados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a lo largo de esos dos años, 12 hospitales públicos encargaron 284 vuelos, por un total de $790.000 (¢511,1 millones)

Las otras compañías que realizaron vuelos para pacientes covid-19 son Aerodiva, la cual facturó $22.000 (3%); Carmonair, con $113.000 (14%) y Horizontes de Esperanza, con $141.000 (18%). Según la DGAC, de las cuatro empresas contratadas por los 12 hospitales públicos, solo SAAT no cuenta con la certificación necesaria para operar vuelos.

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“Según los registros de la Dirección General de Aviación Civil, la empresa Soporte Asistido Aéreo y Terrestre no cuenta con un certificado otorgado por la Dirección que le permita brindar el servicio señalado de forma independiente”, dijo la entidad por medio de un correo electrónico enviado el 15 de febrero.

¿Por qué la CCSS le otorgó la mayoría de los vuelos ambulancia a una compañía sin permiso, sin aeronaves y sin aprobación para el uso de hangares? La respuesta varía según a quien se le pregunte. Los directores de los hospitales afirmaron que se trataba de una emergencia; que SAAT estaba inscrita como proveedor en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop); que se podían obviar algunas reglas de contratación pública debido a la premura o incluso que la empresa no necesitaba el certificado para hacer traslados aéreos.

Por su parte, Ricardo Hernández, gerente general de SAAT, aseguró que, según su criterio, no necesitaban el certificado de operación de Aviación Civil porque ellos subcontratan los vuelos.

“En realidad, SAAT lo que hace es subcontratar los servicios a otras compañías. SAAT como tal no es una compañía de aviación, es una compañía de atención de pacientes; es una compañía de servicios de paramédicos que tiene contratos con otras compañías. Incluso, hemos contratado a compañías que son competencia aviones o helicópteros si no tenemos nosotros uno disponible”, señaló Hernández en una entrevista el 21 de febrero.

Uno de los subcontratistas de SAAT es Prestige Wings S. A., firma que acumula, según los registros del Ministerio de Hacienda, deudas con el Estado por ¢14,4 millones correspondientes al no pago de impuestos de valor agregado, impuestos sobre las utilidades e impuesto general de ventas entre los años 2016 y 2021. Todos los pendientes están en cobro administrativo. SAAT aseguró desconocer la situación tributaria de su subcontratista a pesar de contar con una oficina de cumplimiento que revisa ese tipo de asuntos.

Hernández, quien además es tesorero de Ambulancias IMR, sociedad anónima que le adeuda ¢3,8 millones a la CCSS, manifestó que no estaban en la obligación de informarle a los hospitales sobre las subcontrataciones. “Es que no tiene ningún sentido comunicar la subcontratación o no (...) Nosotros no les comunicamos nada de eso a ellos (los hospitales públicos), nunca”, enfatizó.

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No obstante, el artículo 50 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa dice lo contrario. La normativa indica que los contratistas del Estado pueden subcontratar, como máximo, “un 50% del monto adjudicado”, pero además señala que el adjudicatario debe presentar “un listado de las empresas subcontratadas”.

“En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las empresas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la oferta y se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas”, estipula el Reglamento.

Otra de las empresas subcontratadas por SAAT es Líneas Aéreas Trans de Costa Rica S. A., otra firma propiedad del empresario Francis Durman Esquivel.

Durman declaró que tienen todo en regla y que su compañía no hizo nada ilícito.

“Yo estoy claro de que hubo muchas cosas que se pudieron haber hecho mejor, pero en su momento uno tenía la obligación de cumplir (con los vuelos). Es más, le voy a decir algo, hicimos un montón de vuelos y todavía estoy pidiendo (a la CCSS) que me los paguen, es decir, yo tomé el riesgo”, afirmó el empresario.

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La Nación también consultó al Instituto Nacional de Seguros (INS) si para suscribir pólizas para esta actividad, es decir, que respalden en caso de accidentes, es necesario tener los certificados de operación de Aviación Civil. La respuesta fue positiva.

¿Qué pasa si una empresa que da estos servicios no lo tiene? “Constituye una exclusión del contrato de seguros cuando se presente una infracción de alguno de los términos del Certificado de Aeronavegabilidad, de los reglamentos establecidos por la Dirección de Aviación Civil, de las limitaciones aprobadas y contenidas en el manual de vuelo de la aeronave”, contestó el Instituto.

Llamada de atención

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En agosto de 2020, la Auditoría Interna de la CCSS llamó la atención al entonces gerente médico, Mario Ruiz, por presuntas irregularidades en la forma en que los hospitales estaban contratando los vuelos y por la subcontratación de otras compañías sin tener esa condición clara.

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El 13 de agosto, por medio del oficio de advertencia AD-AGO-2063-2020, la Auditoría Interna expresó su inconformidad a la Gerencia Médica y le pidió tomar acciones para corregir el rumbo.

“Es importante señalar que todas las adquisiciones que la Administración realice deben ajustarse al principio de legalidad, así como a las disposiciones contenidas y establecidas en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, de manera que no resultaría procedente la adquisición de bienes o servicios, aunque los mismos resulten apremiantes y fundamentales, en desapego de las disposiciones que rigen en la materia, por lo cual todos los actos deben estar sustentados mediante un procedimiento debidamente acreditado”, señaló Ólger Sánchez, auditor interno de la CCSS, en el documento mencionado.

“En virtud de lo expuesto en el presente documento, esta Auditoría previene y advierte a la Gerencia Médica, para que se realice un análisis de los riesgos asociados sobre lo expuesto en el presente documento y se adopten las acciones que sean pertinentes para lograr la continuidad de los servicios en apego al marco jurídico aplicable en materia de contratación administrativa”, agregó Sánchez.

Para agosto de 2020, según la revisión de la Auditoría Interna, la entidad había requerido 22 vuelos ambulancia con empresas, distribuidos entre SAAT y Carmonair por un total de $60.500. Uno de los cuestionamientos del órgano fiscalizador es que no existía documentación que respaldara el servicio y la transacción. “No se obtuvo evidencia documental de la existencia de un contrato u orden de compra”, recalcaron los auditores.

Se intentó conocer la posición de Ruiz, pero no contestó los mensajes enviados a su teléfono celular, ni las llamadas. Ruiz renunció a la Gerencia Médica de la CCSS en setiembre de 2021.

Desorden

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Luego de entrevistar a los directores de 10 hospitales públicos que contrataron vuelos de emergencia durante la pandemia, se pudo constatar que cada centro médico tenía procedimientos distintos para encargar los viajes. Algunos dicen que pedían cotizaciones a por lo menos tres compañías para seleccionar la más barata; otros expresan que solo revisaban cuál empresa estaba disponible, otros que pedían autorización previa a la Contraloría General de la República y otros que revisaban si la empresa a contratar estaba inscrita en la lista de proveedores de la CCSS o en los registros de Sicop.

Los hospitales que contrataron vuelos y dieron información para este reportaje son: Hospital de Ciudad Neilly, Hospital Escalante Pradilla (Pérez Zeledón), Hospital Los Chiles, Hospital La Anexión (Nicoya), Hospital Monseñor Sanabria (Puntarenas), Hospital de Upala, Hospital San Carlos, Hospital William Allen Taylor (Turrialba), Hospital de Golfito, Hospital de Liberia, Hospital de San Vito y el Hospital Tony Facio (Limón). No entregó datos el Hospital de Osa.

Independientemente de la forma de contratación, la mayoría de los directores médicos o administrativos consultados admitieron que desconocían que SAAT subcontrataba a terceros para realizar los traslados o que subcontrataba empresas con pendientes con tributación.

“Dentro de los principios de contratación administrativa la subcontratación es una figura válida dentro del contrato, pero como estábamos ante una situación de imprevisibilidad se nos salía de las manos entrar a averiguar a la una de la mañana, con el jefe de guardia, si el que venía era el contratista o un subcontratista”, comentó Gerardo Nassar, director administrativo Hospital Ciudad Neily.

Ese centro médico encargó 23 vuelos por $64.000, de ellos $45.000 fueron otorgados a SAAT, equivalentes al 70% de los recursos públicos invertidos.

Anner Angulo, director general Hospital La Anexión, en Nicoya, informó que ellos detectaron la subcontratación en noviembre de 2020, antes de proceder al pago de varias facturas a esa firma. Añadió que verificaron que los subcontratistas de SAAT sí tuvieran el permiso de la Dirección General de Aviación Civil.

El Hospital La Anexión contrató 41 vuelos por $158.000, de los cuales $117.000 fueron asignados a SAAT, equivalentes al 74%.

“En el momento nosotros revisamos que sea proveedor, en atención al derecho a la vida y a la salud, sin embargo, solo porque una empresa tenga una cuota de pago pendiente yo no voy a dejar que una persona se muera aquí en el hospital, teniendo la posibilidad de salvar una vida, al ser un paciente crítico creo que prima sobre cualquier cuota”, dijo Pablo Gómez, director general del Hospital de Golfito.

Ese centro médico ocupó 10 traslados aéreos por $26.000, de los cuales $10.000 fueron adjudicados a SAAT, equivalentes al 38%.