CCSS pagó ¢855 millones en condenas por errores médicos

En tres de los ochos casos, los médicos o enfermeros involucrados recibieron penas de prisión de hasta tres años y medio (que cumplieron mediante otras alternativas) e inhabilitación para ejercer la Medicina hasta por tres años, al ser hallados culpables de homicidio culposo y lesiones culposas.

Para conseguir justicia, las víctimas o sus familiares siguieron procesos en los tribunales que tardaron hasta 20 años. El promedio de los ocho litigios por mala praxis fue de 11,3 años.

A pesar de las condenas penales en firme contra médicos y enfermeras, la CCSS pagó con dinero de los contribuyentes las millonarias indemnizaciones y no ejerció acciones de cobro contra los responsables, como lo exige la ley.

Además, uno de los tres médicos condenados, Donato Salas, quien fue sentenciado en 2019 por el homicidio culposo de un bebé de 10 meses, sigue laborando para la Caja. La entidad, como lo estipula el artículo 203 de la Ley General de Administración Pública, intentó cobrarle una millonaria indemnización por el fallecimiento del menor, pero una discusión sobre cuál centro médico debía llevar la investigación disciplinaria provocó la prescripción del cobro.

El galeno se negó a responder preguntas para este reportaje. Por su parte, el Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos de la CCSS dijo que no es su responsabilidad cobrarle a los funcionarios indemnizaciones producto de sus faltas o errores, pues esa es una competencia de la Gerencia Médica o la jefatura inmediata de médicos o enfermeras.

Los hallazgos son parte de una investigación de La Nación, la cual en los últimos tres meses revisó estadísticas de CCSS y el Poder Judicial, sentencias, recursos de apelación, archivos de procedimientos administrativos, reglamentos y entrevistas a médicos, especialistas y víctimas.

Las ocho indemnizaciones pagadas por la CCSS entre 2018 y 2022 oscilan entre ¢2,9 millones y ¢590 millones. De los ¢855 millones, ¢735 millones fueron resueltos en la vía penal y otros ¢120 millones a través de procesos contencioso administrativos.

La CCSS informó de que en esos ocho procesos judiciales, los pacientes reclamaron ¢4.238 millones por daños y perjuicios. Solo obtuvieron un 20% de lo pretendido.

Frente al sistema

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En cinco años, ocho pacientes o sus familias lograron una reparación económica, pero no son los únicos que presentaron procesos de ese tipo. En ese periodo, otras ocho personas acudieron a los tribunales de justicia porque consideraron ser víctimas de mala práctica médica, pero los jueces fallaron a favor de la CCSS.

Esos 16 casos son los que lograron concluir largos procesos en el sistema judicial, pero cada año hay decenas más que comienzan la fila en los juzgados y tribunales. Por ejemplo, en 2021, de acuerdo con datos oficiales, se tramitaron 43 expedientes por lesiones culposas u homicidios culposos en los que el demandado es un médico o personal de Enfermería. En 2022, la cifra fue de 51.

Gabriela Arguedas, especialista en Bioética y catedrática de la Universidad de Costa Rica, considera que esos datos no permiten medir con precisión la mala praxis en el sistema de salud público, pues existen pacientes que no se quejan por desconocimiento, temor a represalias, falta de recursos o de tiempo.

“Nadie puede afirmar que ese es el 100% de las personas que tenían alguna queja contra la Caja, lo que sí sabemos, en perspectiva cualitativa, por el ruido de la opinión pública, es que hay una enorme cantidad de personas que sienten que han recibido un servicio inadecuado y que nunca llegan a poner la queja”, comentó Arguedas.

Los registros judiciales demuestran que aquellos que acuden al sistema judicial para presentar reclamaciones de mala praxis deben armarse de paciencia, invertir tiempo y, en muchos casos, recursos para asegurar representación legal, a fin de enfrentar a los abogados de los médicos y de la CCSS.

Una familia de Alajuela vivió esa situación en 1999. Todo comenzó en marzo de ese año, cuando acudieron al centro médico de la provincia con su bebé 10 meses enfermo de vómitos y diarrea, pero la atención no fue adecuada y el infante falleció. El informe forense concluyó que la causa del deceso fue un “edema cerebral, secundario a deshidratación severa”.

La madre del menor inició un proceso penal contra el médico y la enfermera, el cual concluyó en 2019 con penas de prisión de dos años y un año, respectivamente. Mientras que la CCSS fue condenada a cancelar ¢37,8 millones como indemnización.

“Si uno quiere poner una denuncia por mala praxis y no tiene dinero para contratar un abogado privado se puede ir al Organismo de Investigación Judicial, a la Fiscalía y ellos tomarán el caso e iniciarán el proceso, pero eso requiere tiempo y un nivel mínimo de alfabetización”, agregó la experta.

Otro factor que juega en contra de los usuarios es la escasa o nula información que proporciona la CCSS a los asegurados sobre cómo proceder en casos de posible mala praxis. Desde el pasado 10 de julio, se consultó a la oficina de prensa de la entidad por los mecanismos de información al respecto y si realizó en los últimos años campañas de comunicación relacionadas con este tema, pero no dieron respuesta.

La mezcla de todos esos aspectos provoca, según Arguedas, que muchos pacientes “se vayan con su frustración para la casa” y no presenten reclamos administrativos o judiciales.

A favor de la CCSS

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No todas las personas que sufren una presunta mala praxis buscan justicia ante los tribunales, hay otros que toman un camino distinto: reclamos administrativos ante la Caja.

Según estadísticas suministradas por la institución, entre 2018 y 2022 recibieron 12 quejas de ese tipo, las cuales son analizadas por la Comisión Revisora de las Ciencias de la Salud y resueltas por la Gerencia Médica.

De los 12 casos ingresados en ese periodo, seis ya fueron resueltos; todos a favor de la entidad. Otros seis esperan un veredicto final.

La Comisión, integrada por médicos de la CCSS, fue creada por la Junta Directiva en 2007. Sin embargo, desde años atrás arrastra cuestionamientos internos y externos. En 2015, ante manifestaciones de asegurados en las oficinas centrales, la Auditoría Interna revisó cómo respondían las autoridades médicas a las denuncias de los usuarios.

Los auditores concluyeron que las direcciones médicas de hospitales públicos y la Gerencia Médica no atienden las quejas de los asegurados como lo establece el Reglamento General de Revisión de la Práctica de las Ciencias de la Salud.

Por medio de entrevistas, la Auditoría Interna detectó que los directores de centros médicos y autoridades de la Gerencia Médica no dominaban el Reglamento, desconocían quién resolvía los reclamos o calificaban el trámite como “confuso”.

Añadieron que la Gerencia Médica ni siquiera divulgaba los alcances y forma de aplicación del Reglamento entre los médicos.

Desde la última semana de julio se solicitó una entrevista con José Miguel Villalobos, médico coordinador de la Comisión. La oficina de prensa agendó la conversación para el viernes 18 de agosto, pero Villalobos canceló el jueves 17 de agosto por la tarde.

Para presentar un reclamo por presunta mala praxis, el denunciante debe acreditar que está legitimado para hacerlo, es decir que es el paciente o un familiar, indicar la oficina a la que se dirige, nombre, apellidos, canal de notificaciones, los fundamentos de su denuncia y la pretensión “con indicación de los daños y perjuicios que se reclamen”.