“La Caja no paga absolutamente nada por adelantado, se paga contra entrega y una vez que se hace la revisión del cumplimiento de las especificaciones, de la calidad, de las certificaciones que puedan tener estos productos y que hayan sido requisito para participar en estas compras”.

Esas fueron las declaraciones dadas por Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el 5 de agosto, un día después de que La Nación revelara que la entidad adjudicó 12 millones de mascarillas quirúrgicas descartables por $4 millones a dos proveedores inexpertos.

Las palabras del jerarca buscaban darle tranquilidad a la población y asegurar que no se habían malgastado fondos públicos en equipo que no hubiera sido recibido adecuadamente o que no cumpliera con la calidad necesaria para proteger al personal hospitalario contra la covid-19.

A pesar de esas afirmaciones, la CCSS pagó por adelantado $1,3 millones a MR Comunicaciones Políticas, firma de la periodista española Miren Martínez Ruiz, por 570.000 respiradores filtrantes de partículas KN-95 que no cumplieron con las especificaciones técnicas por ser de uso no médico y que permanecen embodegados sin poder utilizarse.

Esa contratación se hizo bajo el expediente 2020CD-000062-5101.

Los respiradores fueron cancelados el 7 de mayo por medio de una transferencia internacional hecha por la CCSS a una cuenta de la compañía Kai Gifts Inc Dba Bazarkai en el Citibank New Castle, en Delaware, Estados Unidos. Esa empresa es representada en Costa Rica por MR Comunicaciones Políticas.

Contrario a los procedimientos expuestos por Macaya, la CCSS canceló los 570.000 respiradores a pocas horas de arribar al aeropuerto internacional Juan Santamaría, en Alajuela, sin ser inspeccionados por técnicos de la institución.

La revisión de los dispositivos ocurrió, de acuerdo con el expediente de ejecución del contrato, hasta el 13 de mayo, es decir, seis días después de la transferencia internacional.

El 5 de agosto no fue la única vez que el jerarca de la CCSS aseguró que no se pagaban contrataciones hasta examinar lo requerido. Un día antes también lo dijo en una conferencia de prensa realizada para responder cuestionamientos sobre la adjudicación de la millonaria compra de mascarillas.

“Solo se paga contra entrega de un producto que cumple con los criterios de calidad”, expresó.

Sin respuestas

¿Por qué brindó esas declaraciones si para esas fechas ya se había pagado por adelantado a MR Comunicaciones por los respiradores? ¿Sabía de este caso?

Este diario intentó hacerle esas y otras preguntas a Macaya, pero no respondió a múltiples solicitudes de entrevista hechas a través de su oficina de prensa, jefatura de despacho y por mensajes enviados a su celular.

También se realizaron, durante la semana anterior, varias llamadas a su teléfono, pero no contestó.

“A diferencia del derecho común, donde prima el principio de autonomía de la voluntad, en el derecho administrativo, se debe de actuar conforme lo establezca la ley. Sin embargo, si se señala que en un caso particular algún funcionario se ha apartado de ese deber ser que la norma señala, mi respuesta es y será, que se deben tomar las acciones administrativas y judiciales que correspondan, y que así se establezca las responsabilidades civiles, sancionatorias o penales que procedan”, se limitó a expresar el presidente ejecutivo el 19 de noviembre por medio de un correo electrónico.

A pesar de lo expuesto por Macaya, la oficina de prensa de la CCSS dijo a este diario ,el 18 de noviembre, que no había investigaciones administrativas abiertas contra los funcionarios involucrados en el proceso de contratación de los respiradores, en el pago por adelantado o en la aprobación para ingreso a las bodegas de la CCSS sin cumplir con los criterios técnicos.

Según informaron por escrito, solo existía un proceso sancionatorios contra el proveedor.

La situación, sin embargo, resultaba extraña porque la Auditoría Interna había enviado ese caso al Ministerio Público desde setiembre.

Este lunes 23 de noviembre, la Gerencia General respondió a consultas formuladas directamente por La Nación y confirmó que desde el 23 de octubre se ordenó el traslado de cargos a cinco funcionarios por esta compra de respiradores, lo que implica un procedimiento de orden disciplinario, encaminado a establecer eventuales sanciones.

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En la actualidad, la CCSS enfrenta problemas de desabastecimiento de equipo de protección personal al punto que solicitó a sus funcionarios, semanas atrás, que reutilicen hasta en cinco ocasiones los respiradores filtrantes de partículas.

Esa directriz causó tensión con los sindicatos al punto de convocar mesas de diálogo en las que no lograron acuerdos.

¿Cómo se dio la orden?

¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo la periodista española logró que la CCSS le pagara una semana antes de revisar los respiradores?

Para responder esas preguntas hay que remontarse al 2 de abril del 2020, día en que Luis Fernando Porras Meléndez solicitó la confección de dos cartas de crédito a favor de Kai Gifts Inc Dba Bazarkai y MR Comunicaciones Políticas por $992.000 y $307.000, respectivamente.

Las cartas de crédito garantizan la existencia de recursos para pagar al contratista, pero el desembolso se hace efectivo hasta que se revisen los artículos.

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El mismo Porras enfatizó el 2 de abril, por escrito, esa condición en el oficio GL-0447-2020.

Sin embargo, el 3 de abril, Miren Martínez Ruiz solicitó que no se hicieran dos cartas, sino solo una a favor de Kai Gifts Inc Dba Bazarkai por el monto total del contrato.

El 6 de abril, Porras cambió de criterio y giró instrucciones distintas.

Por medio del oficio GL-0457-2020 pidió a Juan José Acuña, jefe del subárea de Gestión y Control de Compras de Bienes y Servicios hacer las correcciones solicitadas por la comunicadora, y que la institución asumiera los gastos y comisiones ligados a los cambios, asismismo ordenó hacer efectiva la carta de crédito en el momento que los 570.000 respiradores llegaran al Juan Santamaría.

“El producto será entregado en el aeropuerto Juan Santamaría con responsabilidad del proveedor, en ese momento la Gerencia se encargará de la nacionalización, por lo que la carta de crédito se hace efectiva en el momento que el proveedor nos entrega la documentación y mercadería en el aeropuerto acordado”, comunicó Porras en el documento mencionado.

Finalmente, el 6 de mayo, el asesor de Porras, Hans Vindas Céspedes, comunicó a Acuña la entrega en el aeropuerto de la mercancía y ordenó el pago de los $1,3 millones.

Porras manifestó, vía telefónica, que no atendería preguntas sobre este asunto porque permanece suspendido y no tiene a mano el expediente de la contratación.

Se buscó a Vindas –también suspendido desde agosto– para obtener su versión, pero no contestó las llamadas realizadas a su teléfono.

La suspensión de Porras y Vindas responde a investigaciones administrativas abiertas por la adjudicación de los 12 millones de mascarillas por $4 millones a dos proveedores inexpertos que incumplieron de forma parcial y total con los despachos.

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La Nación pidió, el 18 de noviembre una entrevista con Luis Diego Calderón, gerente financiero de la CCSS, pero la oficina de prensa no asignó una cita antes del cierre de esta publicación.

Además, este lunes 23 de noviembre se le enviaron varios mensajes a Calderón a su teléfono para reiterar la petición, pero no respondió.