La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) solicitó al Ministerio Público investigar el supuesto cobro de $475.000 por concepto de multa adelantada, que habría realizado una funcionaria a la empresa proveedora MR Comunicaciones Políticas.

Dicho cobro presuntamente se realizó en momentos en que estaba pendiente la entrega de cinco millones de mascarillas para protección del personal de salud, por parte de esa firma propiedad de la periodista Miren Martínez Ruiz.

MR Comunicaciones Políticas logró el 27 de mayo una contratación de emergencia por $1,9 millones para suministrar los cubrebocas. La mercadería debía ingresar a las bodegas de la CCSS la primera semana de junio, sin embargo, la compañía alegó atrasos para cumplir en la fecha.

El presunto cobro fue planteado por María Díaz Rivera, asesora legal de la Gerencia de Logística de la Caja, en un correo enviado a Martínez Ruiz, el sábado 27 de junio a las 5:05 p. m. en respuesta a una consulta de la proveedora sobre la posibilidad de que le dieran más tiempo para concretar la entrega.

“(...) tendría que cancelarse dicho monto de $475,000 USD por anticipado para poder continuar con la ejecución que propone”, le escribió Díaz a Martínez, en referencia a la multa por el retraso.

Al final, Martínez Ruiz no pagó el adelanto y admitió la imposibilidad de cumplir con el contrato. Nunca entregó ni una de los cinco millones de mascarillas.

La existencia del presunto cobro anticipado fue confirmada por Olger Sánchez Carrillo, director de la Auditoría Interna de la CCSS.

Sánchez también ratificó que la comunicación entre la funcionaria y la proveedora fue incluida en el informe de relación de hechos remitido a la Fiscalía el 12 de agosto para determinar si las involucradas incurrieron en un delito.

La Nación tiene copia del correo mencionado y verificó el envío y recepción con Díaz y Martínez.

La Gerencia de Logística de la Caja y la Auditoría Interna subrayaron que no existen en la Ley de Contratación Administrativa, ni en la reglamentación interna de la entidad procedimientos para el cobro por adelantado de sanciones.

Agregaron que para establecer castigos económicos se debe seguir un trámite formal en el que se le permita al proveedor ejercer su defensa y, en caso de fallar en su contra, la multa se rebajaría de la factura a pagar.

Por esas razones, es inviable plantear el cobro por adelantado de una multa.

“No resulta jurídicamente procedente el cobro anticipado de multas a proveedores que mantengan una relación contractual con la CCSS”, declaró el auditor.

“No se vislumbra en el compendio de normativa que regula la cadena de abastecimiento en la CCSS, el cobro de ningún anticipo, ya sea de cláusulas penales o multas (...) todo cobro se ejecuta según las condiciones cartelarias, luego de que se materialice. Cualquier cobro de cláusulas penales o multas se hace luego del desarrollo de un proceso sumario, que garantiza el derecho de defensa a la parte”, enfatizó la Gerencia de Logística de la Caja.

En caso de retrasos por parte de un contratista, las entidades públicas pueden cobrar un porcentaje por cada día de atraso hasta un máximo del 25% del valor total del contrato.

Issac Quesada, abogado especialista en contratación administrativa, recalcó la imposibilidad de cobrar multas por anticipado a los contratistas del Estado.

Díaz Rivera reconoció que expresó en el correo la frase “cobro anticipado”, pero sostuvo que el asunto fue sacado de contexto.

“Aquí está fuera de contexto la frase “pago anticipado”. Le expliqué a la señora Martínez que ella podía pagarle a la CCSS esa multa anticipadamente porque de igual forma se la íbamos a cobrar con el proceso sumario. Ese es el contexto de lo acontecido, siempre en defensa de los intereses de la Caja y de los recursos públicos.

“Efectivamente, insté a la señora Martínez a cumplir con la entrega y a pagar la multa”, dijo Díaz, suspendida temporalmente desde agosto, por supuestas irregularidades en el proceso de contratación de 12 millones de mascarillas por $4 millones.

Luis Fernando Porras, gerente de Logística, y su asesor, Hans Vindas Céspedes, también fueron suspendidos por este caso. Ellos junto con otros seis funcionarios de la institución enfrentan investigaciones administrativas al respecto.

Este tema también está en manos del Ministerio Público bajo el expediente 20-000122-1218-PE.

Llamada para pedir más tiempo

La funcionaria explicó que MR Comunicaciones debía entregar las mascarillas el 4 de junio, pero alegó problemas y la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios decidió extender el plazo hasta el lunes 29 de junio.

"El sábado 27 de junio, aproximadamente al mediodía, recibí una llamada de doña Miren por la plataforma WhatsApp y me dijo que no iba a poder cumplir el lunes 29 de junio con las mascarillas, se notaba llorando y afectada. En ese momento yo le indico como abogada de la Gerencia que era muy importante cumplir.

“Ella quería más plazo al ya otorgado una vez y un cambio de fabricante. Quería entregar el 7 de julio, según sus cálculos. Yo le dije que, si no cumplía al lunes, ya entraría en mora y que estaba expuesta a las multas y cláusulas penales y que tenía que seguir los procedimientos legales internos para pedir el cambio de fabricante”, aseguró Díaz.

Agregó que le solicitó a la comunicadora que no la llamará más y que las comunicaciones solo fueran a través del correo institucional.

Por su parte, Miren Martínez afirmó no aceptó a realizar el pago solicitado y, además, denunció el hecho ante Luis Fernando Porras, gerente de Logística, la situación.

La empresaria añadió que, durante el mes de julio, envió dos correos a Porras para pedirle explicaciones sobre la solicitud de Díaz Rivera.

Primero, el 5 de julio, la periodista le pidió detallar el sustento jurídico que para proceder al pago anticipado de multas. Luego, el 28 de julio, reiteró el hecho y aseveró que lo denunciaba para que no se repitiera con otro proveedor.

“Me asusté mucho y consulté con mi abogado. El mismo me indicó que dicho cobro se tornaba absolutamente ilícito”, comentó la extranjera.

Esta no es la única polémica en la que Martínez es protagonista, meses atrás le ofreció al Ministerio de Salud, por medio de Porras, donaciones del Gobierno de china para combatir la pandemia.

No obstante, la embajada de China en Costa Rica la desmintió y manifestó que no utilizan intermediarios.

La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público convocó a Martínez en setiembre, para que diera explicaciones en relación con los contratos con la CCSS que obtuvo entre abril y junio por $3,5 millone,s a pesar de no tener experiencia en el suministro de equipo médico.

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No descartan otros casos similares

El auditor de la CCSS dijo que no pueden descartar que existan otros casos en los que Díaz u otros funcionarios hayan solicitado pagos adelantados a proveedores.

“En la actualidad, la Auditoría continua con el proceso de fiscalización y control de las compras urgentes tramitadas con ocasión de la atención de la pandemia provocada por el Covid-19, en donde podrían identificarse situaciones similares a la expuesta”, concluyó Sánchez.