Una semana de huelga significarán 1.399 cirugías que seguirán en lista de espera en los 29 hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La cifra corresponde al 50% de las que se tenían programadas.
Mario Ruiz, gerente médico de la institución, destacó, sin embargo, que se pudieron llevar a cabo 1.411 intervenciones, gracias a funcionarios que permanecieron en sus puestos “en pro de la atención de los pacientes, la cual tiene que ser oportuna, de calidad y eficiente".
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De acuerdo con la Caja, la región Brunca que abarca la zona sur del país sigue siendo la más afectadas por el movimiento. En citas se perdieron el 64% y en cirugías el 79%.
En materia de citas, se perdieron 8.046 de las 12.418 que estaban agendadas, es decir el 64%.
“En el Hospital Tomás Casas se suspendió el 100% de las cirugías programadas (15) y únicamente se realizaron 3 cirugías de emergencia al 11 de agosto. En el hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón se efectuaron 36 operaciones de 180 programadas”, informó la entidad.
Este lunes, de 71 Ebáis en la región, 47 estaban cerrados.
Los datos fueron divulgados mientras continúa la reunión entre autoridades de la Caja, el Gobierno y dirigentes sindicales, que retomaron negociaciones este lunes en busca de un camino para poner fin a la huelga.
Es el quinto día de negociación, que arrancó alrededor de las 7:45 a. m. en el noveno piso del edificio central de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en San José.
Este domingo, se realizó una “pausa” por parte de los representantes de la institución para revisar la propuesta sindical, que no fue revelada.
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Román Macaya, presidente ejecutivo de la institución, dijo que se tomaron un día para “reflexionar” pues no habían llegando a ningún “punto de encuentro”.
Y es que las propuestas de la Caja de la posibilidad de acudir a un arbitraje o a los tribunales contencioso administrativos fueron rechazadas por los líderes gremiales, quienes no ceden en la defensa de sus pluses salariales.
La entidad también mencionó la posibilidad de crear “un fondo de garantía”, aunque sin precisar el objetivo y el mecanismo. No obstante, esa vía también topó con pared.
Por su parte, los representantes de los trabajadores hicieron una contrapropuesta que no trascendió.
Edwin Solano el secretario general de la Unión Médica, ha reiterado que la única vía que ven es un decreto que derogue los emitidos en mayo y julio, que son, según ellos, los que ponen en peligro, el acta de acuerdos del 20 de febrero.
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Esa acta, con diez puntos, contiene dos críticos: el respeto de las anualidades y los pluses de más de 57.000 empleados institucionales.
Sin embargo, ese acuerdo contradice lo establecido por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en lo correspondiente a empleo público.
Según la normativa, los beneficios laborales pasarán de calcularse como un porcentaje del salario a valores nominales o fijos. El objetivo es frenar el crecimiento exponencial de los incentivos que pesan sobre las finanzas estatales.
Precisamente, los decretos de mayo y julio vienen a confirmar esa modificación en el cálculo.
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