Escuchar
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) prepara un reclamo de al menos $2 millones contra la empresa Synthes Costa Rica S.C.R. Ltda., por la presunta estafa en la venta de insumos de Ortopedia en la que habrían incluido nombre de fallecidos para cobrar facturas.
William Rodríguez, abogado de la institución, confirmó que presentarán una acción civil resarcitoria como parte del proceso judicial que se sigue contra la compañía.
El llamado 'caso Synthes' trascendió en enero del 2014, cuando médicos del Hospital Calderón Guardia detectaron anomalías en la tramitación de un importante grupo de facturas por la compra para insumos utilizados en operaciones de Ortopedia, desde clavos hasta prótesis de cadera.
Ese año, se estimó que el intento de estafa rondaba los $2,3 millones.
La empresa, aparentemente, no solo recurrió al uso de personas fallecidas para llenar estas facturas, sino también a pacientes de otras especialidades como Oftalmología y Urología, donde no se necesitan este tipo de insumos.
Además del hospital Calderón, se descubrieron facturas presuntamente irregulares en los hospitales México, San Juan de Dios y Max Peralta.
LEA MÁS: Intento de fraude en el Calderón Guardia se hizo con pacientes ficticios o muertos
Según Rodríguez, está a la espera de que el Ministerio Público le dé plazo para plantear las pretensiones económicas correspondientes al daño patrimonial ocasionado a la CCSS.
Un equipo técnico de la Caja, que incluye actuarios y médicos, trabaja para precisar ese monto para lo cual revisan todas las facturas que la empresa intentó cobrar y verifican si coinciden o no con los expedientes de los pacientes operados y con la nota operatoria para determinar si el cobro es real.
El monto, sin embargo, no bajará de los $2 millones, confirmó el abogado.
LEA MÁS: Cuarto hospital de CCSS salpicado por posible estafa
En esa revisión se identificaron hasta ahora 1.025 facturas que la empresa pretendía cobrar y cuyo pago fue frenado a tiempo por la CCSS.
Sin embargo, Synthes sí obtuvo la liquidación de más de ¢300 millones por unas 500 facturas que lograron evadir los filtros en el Calderón Guardia, epicentro de la supuesta estafa.
En los otros hospitales, se confirmaron el cobro de $18.000 en el Max Peralta (Cartago), y se está en proceso de terminar el estudio para precisar los montos que la Caja desembolsó a la compañía en el San Juan y en el México.
LEA MÁS: CCSS descubre más engaños en cobros por insumos de Ortopedia
"Además del daño patrimonial, la CCSS cobraría los intereses legales, la indexación. Yo voy a pretender a cobrar por primera vez el daño moral objetivo de persona jurídica, que es el daño ocasionado a la imagen de la institución con este caso", agregó el abogado.
Por esta causa, la Fiscalía mantiene abiertos los siguientes expedientes:
- 15-000017-618-PE (Hospital San Juan de Dios).
- 14-000049-612-PE (Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia).
- 14-000477-612-PE (relacionado con el Hospital Max Peralta Jiménez).
- 14-000567-612-PE (relacionado con el Hospital México)
A un paso de llamar a juicio
Más de cuatro años después de que trascendiera el caso, apenas en febrero, la Fiscalía de Delitos Económicos indagó a dos imputados en la causa por presunta estafa.
Este trámite forma parte de la etapa de investigación, "pues es un caso muy complejo que amerita muchos informes de diferente tipo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)", informó la Fiscalía.
LEA MÁS: CCSS compra al año más de ¢2.200 millones a firma indagada
Estos dos hombres son de apellidos Aguilar Alcocer (exgerente de ventas) y Masís Arrieta (exvendedor de la empresa), quienes comparecieron el 22 y el 13 de febrero, respectivamente.
Un tercer imputado, Lorenzo Castaño Suárez, quien se desempeñó como gerente general de Synthes y representante en el país, fue citado a declarar. No obstante, el abogado de Castaño informó de que está viviendo en República Dominicana y no se podía presentar.
"En ese caso, no se ha reprogramado la nueva fecha de indagatoria. La Fiscalía, de manera precautoria, interpuso una alerta a nivel migratorio en contra del señor Castaño Suárez. Adicionalmente, hará las coordinaciones internacionales pertinentes para vincular al imputado al proceso", informó la oficina de prensa del órgano judicial.
En octubre de 2014, la empresa confirmó a La Nación que dos de sus representantes en el país, Castaño y Aguilar, ya no trabajan para ellos. La firma de Castaño aparece en los contratos por consignación que esa empresa ha firmado con la CCSS.
LEA MÁS: Firma indagada por presunto fraude gana cuatro contratos en CCSS
Este diario solicitó este miércoles por correo electrónico una reacción a los voceros de esta empresa (que fue absorbida por la multinacional Johnson & Johnson), pero no fue posible que respondieran al cierre de edición de esta nota.
En ocasiones anteriores, la empresa ha manifestado lo siguiente: “Somos respetuosos de las instituciones costarricenses y dado que existe un proceso judicial que está en desarrollo, por el momento, no podemos referirnos al caso ni a la situación que usted describe. Como empresa, estamos comprometidos con el cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales”.
"Es importante destacar que, al tratarse de un caso tan complejo, no pudo ser posible imputar a esas personas sino hasta inicios de este año, cuando se logró tener la prueba necesaria para establecer, en grado de probabilidad, que esas tres personas son las responsables de las estafas investigadas", aclaró el Ministerio Público.
LEA MÁS: Cirujano niega fraude con facturas de ortopedia
"Para mí, la investigación ya está terminada. Si están indagando ya terminó. ¿Qué hace falta? Que termine la indagatoria, se le pone todas las pruebas a los imputados, se le da traslado a la acción civil resarcitoria presentada por la Caja y se presenta la acusación al Juez Penal para que emita el auto de apertura a juicio. Calculo que esto no puede pasar de un mes", dijo William Rodríguez.
Hasta la fecha, la CCSS mantiene a Synthes entre su lista de proveedores de insumos ortopédicos para todos los hospitales del país.
La diferencia, ahora, es que debe compartir un mercado de más de ¢2.000 millones anuales con otras empresas que entraron al escenario luego de que se mantuviera por varios años como proveedor único de la Caja.
