Cerca de 75.000 recolectores de café de todo el país podrán contar con seguro de salud y pensiones, luego de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) diera su visto bueno a la formulación de una propuesta de reglamento para aumentar el aseguramiento entre esos trabajadores.
Este derecho entraría a regir en la siguiente cosecha del 2018, que se inicia en agosto y se prolonga hasta el primer trimestre del 2019.
Entre las particularidades está el aseguramiento por núcleo familiar, con alrededor de 18.750 núcleos en todo el país. En total, se habla de una protección que alcanzará a cerca de 75.000 personas.
La base mínima contributiva sería de alrededor de ¢282.000, y tomaría como referencia una estimación de cajuelas recolectadas.
El futuro nuevo reglamento, deja en manos del Instituto Costarricense del Café (Icafé) la responsabilidad de presentar una única planilla mensual con todos los trabajadores del país, a la Caja, informó el gerente de pensiones de la CCSS, Gustavo Picado Chacón.
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La Junta Directiva de esa institución instruyó este jueves a su Gerencia Financiera para desarrollar una propuesta de aseguramiento especial para estos trabajadores, como parte de la iniciativa que la Caja ha impulsado para ampliar la cobertura en grupos con niveles históricos muy bajos de afiliación.
En su primera sesión ordinaria del año, celebrada este jueves, se aprobó de forma unánime la elaboración de una propuesta de reglamento, en la misma dirección utilizada para aumentar el aseguramiento de trabajadoras domésticas, informó el presidente ejecutivo de esa institución, Fernando Llorca Castro.
"Es una iniciativa que protege a población indígena, garantiza una producción de café en el marco de 'Comercio Justo', que eleva la calidad y valor agregado de nuestro café en el mercado internacional, dignifica a los trabajadores y a sus familias, simplifica trámites para empresarios, cooperativas y empleados; formaliza una actividad tradicional, histórica y fundamental para nuestro país", manifestó el jerarca de la Caja.
Llorca dijo que el borrador del reglamento debe presentarse a junta en un mes para su aprobación definitiva.
Un primer borrador, conocido hoy por la Junta de la CCSS, fue elaborado por equipos técnicos de esa institución, el Instituto del Café (Icafe), Migración, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Gustavo Picado confirmó que los recolectores nunca han estado incluidos en el aseguramiento de la CCSS. Este paso es uno más en la dirección de extender la cobertura en grupos con bajo nivel de afiliación.
Esos grupos son las trabajadoras domésticas, los empleados de microempresas, recolectores de café y trabajadores independientes.
La propuesta para aumentar el aseguramiento en microempresas fue vista por la Junta en diciembre. En febrero, agregó Picado, se conocerá la de trabajadores independientes.
Complejidad
A diferencia de las trabajadoras domésticas, los recolectores de café son un grupo mucho más complejo en sus características de empleo, explicó Picado.
Un 60% de ellos son extranjeros indocumentados. Es el caso de los indígenas Ngöbe, que entran al país por Panamá.
Su grado de movilidad, además, es alto, pues transitan por todo el país, convirtiéndose en empleados de distintos patronos.
Dentro de la parte operativa del futuro reglamento, se incorporará la posibilidad de generar un padrón fotográfico para los recolectores no nacionales indocumentados, con el diseño de un carné.
A quienes vienen de afuera, informó Picado, se les dará la facilidad de no tener un área de salud de adscripción específica, como sucede con los demás asegurados, tomando en cuenta que indígenas como los Ngöbe entran por la frontera sur pero luego hacen una ruta migratoria que los lleva a pasar por Coto Bus, Buenos Aires, Los Santos y otros territorios del Valle Central.
"Esta condición tan particular (alta migración) nos llevó a flexibilizar el concepto de adscripción, que usualmente es por residencia, pero en este caso se tomó su ruta", dijo el gerente.
La Junta Directiva les dio 45 días para presentar la propuesta, dijo Chacón. Un periodo similar de tiempo les llevará trasladarla a la parte operativa. Esto incluye, las modificaciones necesarias en el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), y en el Expediente Digital Único en Salud (EDUS).