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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) suspendió, con goce de salario y por cuatro meses, al gerente de Logística, Luis Fernando Porras Meléndez, mientras investiga aparentes irregularidades en varias compras urgentes de millones de mascarillas.
Dicha entidad también comunicó la suspensión de Hans Vindas Céspedes, funcionario nombrado por Porras en la Gerencia de Logística, y un tercero que no ha sido notificado aún.
Las suspensiones ocurren 14 días después de que La Nación reveló que un contador público y una empresa de asesorías políticas recibieron, en conjunto, contratos por $4 millones para el suministro de 12 millones de mascarillas.
“El día de hoy, la Gerencia General, a través de una resolución administrativa y la investigación que se está llevando a cabo, ha decidido tomar una medida cautelar en contra de tres funcionarios de la institución, específicamente de la Gerencia de Logística, ya notificamos a dos de ellos: al gerente de Logística, Luis Fernando Porras y su asesor, Hans Vindas”, dijo Roberto Cervantes Barrantes, gerente General de la CCSS.
Añadió que por tratarse de medidas cautelares a los funcionarios involucrados les mantienen todas las garantías laborales.
De acuerdo con la oficina de prensa de la Caja, Porras recibe un salario mensual de ¢4,8 millones y Vindas, de ¢1,5 millones.
Vindas también fue suspendido con goce de salario, en 2011, por aparentes irregularidades en la compra de medicamentos a una empresa relacionada con su madre.
Los cuestionamientos
Las adjudicaciones, en manos del contador público David Landergren Castro y MR Comunicaciones Políticas, quedaron en firme desde el 27 de mayo. Sin embargo, a la fecha la entidad solo ha recibido 2,1 millones de tapabocas, equivalentes al 17,5% de lo encargado.
En el caso de MR Comunicaciones Políticas, propiedad de la periodista española Miren Martínez Ruiz, esta no entregó ni una de las unidades contratadas.
Por esa razón, la CCSS se vio en la obligación de finiquitar el contrato y solicitar una autorización a la Contraloría General de la República para adquirir con urgencia 10 millones de mascarillas con el objetivo de remediar el incumplimiento de ese proveedor.
Además, otro cuestionamiento alrededor de esos contratos es que, según el expediente, dos días antes de adjudicar a favor de la española, la CCSS le solicitó cancelar una deuda por ¢38.038.
También, HGM Investment Corp, otro oferente interesado en la compra de 12 millones de mascarillas, denunció por escrito que Landergren Castro presentó dudosos certificados de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos para demostrar la calidad del producto ofrecido.
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Luego de la publicación de este diario, el Ministerio Público comunicó la apertura de una investigación para precisar eventuales responsabilidades en la gestión de fondos públicos.
La Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y la Asamblea Legislativa también abrieron pesquisas al respecto.
Precisamente, el jueves anterior, Porras compareció ante los diputados de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público.
En esa cita, el funcionario defendió su actuación y la legalidad del proceso de adjudicación a favor del contador y la periodista.
Porras también ha sido cuestionado por la recepción y distribución, el pasado 30 de junio, de 700.000 mascarillas no médicas, las cuales pusieron en riesgo de contagio de covid-19 a médicos y enfermeras.
También se le cuestiona por intermediar, ante el Ministerio de Salud, para que Martínez Ruiz realizara una supuesta donación china para luchar contra la pandemia.
Una cadena de correos electrónicos publicados por La Nación demuestran que Porras conectó, el 26 de marzo, a la comunicadora con el departamento de Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud.
Una semana después, Porras le adjudicó a Martínez Ruiz el primero de tres contratos por $3,5 millones.
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Sin recibir mercancía
En la actualidad, la CCSS continúa sin recibir las mascarillas encargadas a David Landergren Castro.
El plazo original para la entrega venció a finales de junio, pero el proveedor solicitó más tiempo alegando contratiempos con el fabricante.
Entrega parcial
David Landergren Castro, contador público costarricense de 32 años, se comprometió a entregar siete millones de mascarillas, pero solo ha entregado 2,1 millones.
FUENTE: CCSS || LA NACIÓN.
Ahora, tiene tiempo hasta el 27 de agosto para cumplir.
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El 10 de agosto, por medio de un correo electrónico, Landergren le comunicó a la CCSS que las mascarillas están en tránsito y le solicitó enviar notas a la Embajada de México en Costa Rica con el objetivo de pedirles “apoyo para poder agilizar las cargas respectivas”.
A esa petición, la CCSS contestó que no podía confeccionar ese tipo de cartas.
Además, el 12 de agosto, de manera formal, la Caja le rechazó a Landergren una solicitud en la que pide que le extiendan el plazo para la entrega de los 4,9 millones de mascarillas pendientes.
La Junta Directiva de la CCSS acordó, la semana anterior, contratar una auditoría externa para precisar qué sucedió en la adjudicación a Landergren y MR Comunicaciones Políticas.
