EscucharSeis meses tuvieron que pasar para que se conocieran públicamente los detalles de una discusión sobre la formación de médicos especialistas en universidades privadas.
También pasó el mismo tiempo para ver qué decisión tomó la Junta Directiva de la Caja sobre una solicitud hecha por pacientes en un asunto relacionado con la adquisición de medicamentos biosimilares.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tardó medio año para colgar en Internet el contenido del acta con los acuerdos sobre esos y otros temas considerados de interés público.
De las 60 sesiones que se realizaron en el 2018 (38 ordinarias y 22 extraordinarias), al 29 de enero solo estaban publicadas en web 39 actas de Junta Directiva; un 65% del total que debería ser de conocimiento público.
En ese órgano se toman decisiones que incluyen, por ejemplo, el plan de gastos que para 2019 será de ¢4,1 billones.
La institución reconoce el desfase, que atribuye a situaciones que se dieron el año pasado; entre ellas, la renuncia de dos miembros de Junta Directiva que paralizó el funcionamiento del máximo órgano de la CCSS por varias semanas.
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La Caja está obligada a publicar en Internet sus actas desde setiembre del 2005.
Ese año, la Sala IV ordenó a sus autoridades poner en la web todos esos documentos, excluyendo la información considerada confidencial.
Desde entonces, la institución dispone de un sitio en su página web para cumplir con ese fallo.
El problema es que no se actualiza. Por ejemplo, a inicios de enero las últimas actas publicadas eran de julio del 2018.
Fue entonces cuando este diario consultó a la CCSS las razones del retraso.
¿Por qué tanto tiempo?
La Junta Directiva es considerada el “nivel político” de la Caja responsable de las máximas decisiones en materia de atención en salud (seguro de salud) y administración de las pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (seguro de pensiones).
Está integrada por nueve miembros: tres representantes del Estado, tres de los patronos y otro tanto de los trabajadores.
Su área de trabajo, integrada por 11 funcionarios, se conoce como Secretaría de Junta Directiva, y es precisamente la responsable de las actividades de apoyo técnico, administrativo y logístico.
Entre sus múltiples tareas está la transcripción y publicación de las actas; aunque también tiene una lista de 28 deberes por cumplir, como facilitar la resolución de casos asegurando el cumplimiento de las instrucciones de la Junta Directiva.
“En la sentencia del 2005, la 13.062, no se establece un plazo (para publicar las actas). Pero desde el punto de vista de los principios de transparencia y gobierno abierto, la idea clave es que la información que se cuelgue en un sitio web sea actualizada”, manifestó el magistrado Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional.
De acuerdo con el magistrado, la información “debe irse publicando de manera tal que el ciudadano tenga una lectura si bien no inmediata pero sí bien cercana a la opción de acuerdo de los órganos administrativos. No tiene sentido cuando ha pasado tanto tiempo. Esto dificulta el control ciudadano”.
Para justificar, la jefa interina de la Secretaría de Junta Directiva, Carolina Arguedas Vargas, citó diferentes situaciones que provocaron un desfase entre las sesiones, la transcripción de las actas con los acuerdos y su publicación final en el página web de la Caja.
Entre ellas la falta de cuórum estructural que afectó en dos ocasiones el funcionamiento de la Junta Directiva el año pasado por la renuncia de dos miembros.
No es sino hasta en días recientes que se están colgando las actas de las sesiones transcurridas a partir de agosto hasta la actualidad, como se puede ver en el portal de la Caja.
A principios de enero, sin embargo, este era el material disponible en la web institucional:
Como se puede apreciar, a pesar del atraso no estaban publicadas las actas de mayo.
Los documentos disponibles llegaban hasta julio, a pesar de que desde el 1.° de agosto el máximo órgano de decisión de la CCSS había completado su conformación y había iniciado su funcionamiento de rutina con la llegada del actual presidente ejecutivo, Román Macaya Hayes.
A la fecha, siguen sin publicar las correspondientes a mayo, setiembre, diciembre y lo que va de enero.
Plan de contingencia
“Efectivamente, en este momento hay un desfase entre las sesiones de Junta realizadas y las actas publicadas, situación que preocupa tanto a los señores y señoras miembros de Junta Directiva como a la secretaria a. í. de ese órgano colegiado”, reconoció Carolina Arguedas en respuestas enviadas a este medio el 22 de enero.
La secretaria de Junta informó, en ese mensaje, de que “en los próximos días, se publicarán cinco actas ya aprobadas y se encuentra en proceso cinco más para publicar”. Esto se ha hecho con las pendientes de agosto, octubre y noviembre del 2018.
A partir de la capacidad instalada en el equipo de apoyo a la Junta Directiva, se considera que un “tiempo razonable” para colgar las actas es mes y medio.
Para ponerse al día, dijo Arguedas, “se cuenta con un plan remedial que permitirá la publicación de lo pendiente en dos meses, a partir de la implementación de este”.
Explicó que se trata de integrar un equipo “nombrado para el trabajo específico por un tiempo definido”.
“En este momento, se está estimando a nivel interno el costo para ser presentado a la Junta Directiva; el dinero es parte del presupuesto de la unidad”, agregó la funcionaria.
Cada sesión de Junta Directiva corresponde a unas 9 horas de audio para transcribir. Esta es la fase que se ha identificado como “el cuello de botella”.
El proceso incluye el regreso del acta a la Junta para su aprobación definitiva, y la revisión por parte de un abogado de la Gerencia Administrativa, responsable de filtrar y quitar la información considerada “confidencial”.
¿Cuánto tiempo pasa entre una fase y otra? Según Carolina Arguedas, no hay un plazo definido.
“Los tiempos no se encuentran normados. Sin embargo, se han girado instrucciones para que dicha labor se realice en un plazo que no supere las dos semanas”, dijo Arguedas.
Para el magistrado Fernando Castillo “lo ideal es que las administraciones públicas vayan en plazos relativamente cortos, colgando las actas oportunamente porque la finalidad es que el ciudadano tenga la información quizá no en tiempo real pero sí en plazos razonables”.
“La transcripción de las actas y la eliminación de datos sensibles (anonimizar), se debe realizar en tiempos razonables, porque si no el concepto de gobierno abierto se pierde. Lo que se busca es que los ciudadanos hagan trámites en línea y tengan acceso a la información en un plazo razonable”, reiteró el magistrado.
