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La investigación que desarrolla la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por supuestas irregularidades en la compra de millones de mascarillas para proteger de la covid-19 al personal de salud tocó a otros dos altos funcionarios de la Gerencia de Logística.
Se trata de Miguel Salas Araya, director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, y Maynor Barrantes Castro, jefe del área de Adquisiciones de Bienes y Servicios; quienes pasarán a otros cargos por tres meses mientras se desarrolla una pesquisa para determinar las condiciones en las que se adjudicó, el 27 de mayo anterior, una compra de 12 millones de tapabocas por $4 millones.
Una investigación de La Nación reveló que esos contratos terminaron en manos de dos proveedores inexpertos que incumplieron con la entrega, uno de manera parcial y otro, del todo.
Además, de acuerdo con el expediente de contratación, las adjudicaciones, a favor del contador público David Landergren Castro y la periodista española Miren Martínez Ruiz, se dieron a través de un proceso con aparentes irregularidades.
Por ejemplo, hubo dos informes técnicos en un plazo menor a cinco días; en el primero los técnicos a cargo de avalar las mascarillas rechazaron las propuestas de Landergren y Martínez y en el segundo las aprobaron sin especificar qué se modificó en las ofertas para justificar el cambio de criterio.
Además, consta en los documentos que Martínez Ruiz estaba morosa con la entidad durante el proceso de contratación y se puso a derecho, dos días antes del acto de adjudicación.
Por medio de un comunicado de prensa, la Caja informó que Salas y Barrantes serán traslados de puesto por tres meses.
En el caso de Salas será reubicado en labores administrativas del Centro de Desarrollo Estratégico e información en Salud y Seguridad Social. Barrantes estará en la Dirección de Proyectos Especiales de la Gerencia de Infraestructura.
Por este asunto, la Gerencia General de la CCSS también suspendió por cuatro meses con goce de salario a Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística, y a dos de sus asesores, María Díaz Rivera y Hans Vindas Céspedes.
Además, disolvió la comisión técnica ad hoc que tenía a cargo las inspecciones de las ofertas de equipo médico de protección. Ese equipo estaba integrado por Esteban Corrales Vega, Nidia Medrano y Soraya Solano.
Según la CCSS, son nueve los funcionarios involucradas en la investigación administrativa. Del último, no se ha dado información.
La millonaria compra de mascarillas también está bajo investigación en el Ministerio Público y de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
Precisamente, desde el 3 de setiembre, el diputado del Partido Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides. presentó una moción para que se convocara a audiencia a Salas y Barrantes.
En esa misma moción propuso también llamar a cuentas a Laura Díaz, analista del Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios, a Luis Andrés Sánchez González, jefe de Planificación de Bienes y Servicios y a Mauricio Hernández Salas, director de Comisiones Técnicas.
