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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no podrá destinar a la lucha contra las listas de espera, parte de los fondos aprobados para referir enfermos no covid-19 a hospitales privados.
Ante una consulta de La Nación, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) aclaró que existe un impedimento para tomar recursos para un fin distinto al autorizado.
Indicó que el mecanismo creado para trasladar pacientes “no es aplicable a la reducción de las listas de espera ya que no existe un nexo de causalidad (de las listas) con la emergencia de la covid-19″.
Roberto Cervantes Barrantes, gerente general de la CCSS, había planteado la idea de tomar parte de los dineros para reducir los tiempos de atención en cirugías y especialidades.
Hace una semana, Cervantes alegó que la emergencia sanitaria disparó las listas de espera. De hecho, hay especialidades quirúrgicas con plazos de 721 días para operarse, como Ortopedia.
Sostuvo que esta situación implicaría, en el corto plazo, un “abordaje meteórico” para el cual, dijo, requerirán del apoyo del Instituto Nacional de Seguros (INS), y de los hospitales privados, por tratarse “de un tema país”.
Enfocado en covid-19
La CNE señaló que el mecanismo para descongestionar hospitales se sustenta en el Plan de Inversión que la propia Caja presentó a la Junta Directiva de la Comisión, el cual dice textualmente:
“La acción concreta a realizar consiste en trasladar pacientes con diagnósticos diferentes a covid-19 desde los hospitales de la CCSS a hospitales privados”.
La Comisión alega que esta medida busca liberar camas y recursos asociados a la atención de personas con tras enfermedades para dedicarlos a pacientes contagiados con el nuevo coronavirus.
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El pasado 28 de mayo, la Junta Directiva de la CNE le aprobó a la CCSS un plan de inversión por más de ¢2.399 millones, para un estimado de 3.300 días hospital.
También se autorizó enviar pacientes no covid a los centros privados Clínica Bíblica, Hospital Cima, Hospital Metropolitano y Hospital La Católica.
No obstante, ni una sola persona fue referida. Lo anterior motivó a que el Ministerio de Salud anulara la disposición, pero dejara abierta la posibilidad de reabrirla en caso necesario.
El miércoles pasado, Mario Ruiz, gerente médico de la CCSS, alegó que en los últimos días bajó un poco la presión sobre hospitales, pero afirmó que las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) siguen sobrepasadas.
Según el reporte al 23 de junio, ese día había 1.115 enfermos con covid-19 hospitalizados, casi todos en la CCSS; 452 de ellos estaban en UCI, cifra que sobrepasa la capacidad máxima de 359 camas.
“Es una pandemia que presenta picos y valles. (...) Gracias a las medidas que se tomaron, notamos una disminución de pacientes”, afirmó Ruiz.
Inquietud por listas de espera
La coordinadora de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), de la CCSS, Marny Ramos Rivas, acuerpó la posición del gerente general de la CCSS.
Aseguró que “la etapa de recuperación o de reconstrucción no va a ser ni fácil ni corta”.
“Entre más recursos pudiéramos tener, habría que considerarlos todos. (...). Se han tenido que hacer cambios en infraestructura, en las agendas.
“Pero no deja de ser positivo que la institución tenga esa adaptabilidad y la posibilidad de gestionar en red”, manifestó Ramos a La Nación en un artículo sobre el estado de los tiempos de espera.
Hasta ahora, la CCSS solo opera casos de emergencia, cáncer y pacientes en lista que traigan una referencia justificada de parte del médico especialista.
Antes de la emergencia nacional por la covid-19, el promedio de espera para una operación era de 457 días (agosto del 2018).
Conforme transcurrieron los meses, el tiempo primedio subió a 498 días en agosto del 2020, y a 523 a finales de abril pasado, debido al embate de la nueva ola pandémica.
Se considera un tiempo elevado aquel que supera los tres meses.
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Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud, que reúne a los principales centros médicos privados, dijo la semana anterior que estarían en disponibilidad para ayudar a aliviar esta crisis.
Eso sí, aclaró que la CCSS no les había hecho ninguna solicitud oficial al respecto.
Retrasos y anulación
El 8 de mayo, Román Macaya y Roberto Cervantes, presidente ejecutivo y gerente general de la Caja, respectivamente, solicitaron a la CNE declarar alerta roja la emergencia sanitaria por la covid-19.
La solicitud, que también fue remitida al presidente de la República, Carlos Alvarado, se basó en una petición hecha a Macaya por los siete gerentes de la CCSS y el director del Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED).
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En la carta a Macaya, los gerentes confirmaron la materialización del riesgo de saturación, y el “acelerado y desmedido aumento de casos detectados por covid-19, el tendiente aumento de personas fallecidas por esta enfermedad y la limitante que se está dando para la consecución del recurso humano, así como el desgaste de este tras 14 meses de enfrentar la pandemia”.
No obstante, en los 20 días que transcurrieron entre esa petición y la aprobación final de la CNE, hubo atrasos por parte de la CCSS, y en concreto de la Gerencia Médica, en la presentación de la información necesaria para analizar las posibilidades jurídicas y operativas para materializar esa ayuda.
El asunto va más allá, pues el Ministerio de Salud emitió un decreto desde setiembre del 2020 para el uso de servicios privados en situaciones de emergencia nacional, al cual no se recurrió en los momentos más críticos.
Aunque Cervantes asegura que el pasado 17 de junio presentó un informe sobre ese tema ante el Centro de Operaciones de Emergencia, en una reunión virtual, en Casa Presidencial.
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La estrategia también fue discutida en la sesión de Junta Directiva de la CCSS, de ese mismo jueves 17 de junio, donde recibió el apoyo de los directores, aseguró el gerente.
“Pidieron un informe sobre cómo estaba la situación y dieron su respaldo a la estrategia. Se le pidió a la Auditoría revisar los controles, a ver si estaban los documentos”, confirmó Cervantes.
Mientras tanto, la CCSS informaba sobre decenas de enfermos que esperaban ser trasladados a un hospital de San José y de una capacidad sobrepasada en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).
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Luego de que Salud anulara la resolución que facultaba el traslado de pacientes no covid, la CCSS señaló que el mecanismo está creado para recurrir a él cuando se necesite.
De hecho, Daniel Salas Peraza, ministro de Salud, aseguró que tienen los mecanismos listos para activar el plan cuando la CCSS lo determine.
Según indicaron en varios oficios seis directores de centros públicos, la activación del mecanismo dependerá del comportamiento de la covid y de la demanda de servicios de hospitalización no covid.
Se tomaría como referencia los siguientes parámetros para activar la estrategia:
1. Cuando la ocupación del servicio de Emergencias supere el 90% y se demuestre la imposibilidad de atender pacientes de moderada y alta complejidad no covid.
2. Cuando la ocupación hospitalaria de las secciones de Medicina y Cirugía superen el 90% de su ocupación ampliada.
