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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló cronológicamente cómo se dio la eliminación de 300 correos electrónicos de la cuenta de un imputado en el llamado Caso Barrenador, vinculado con la contratación de cooperativas de salud para la operación de 138 Ebáis.
Rándall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial explicó la secuencia de eventos que llevó a la detección y confirmación de la desaparición de esta evidencia. El sospechoso es un empleado de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que usó credenciales de un alto funcionario para acceder a la cuenta de correos.
A continuación, un resumen de los hechos según lo descrito por Zúñiga:
El lunes 23 de setiembre, a las 7:50 a. m., agentes del OIJ se presentaron en la Dirección de Informática de la CCSS, en el edificio central de la institución en San José. Por orden de un juez, solicitaron que se desactivaran cuentas de correo institucionales pertenecientes a directivos detenidos ese día, con el objetivo de evitar que sus titulares tuvieran acceso a dicha información. La medida tenía como propósito salvaguardar el contenido de esas comunicaciones.
El miércoles 25 de setiembre, alrededor de las 8:30 a.m., las autoridades finalizaron el proceso de descarga de la información contenida en las cuentas de correo. Como parte del protocolo, se contaba con registros fotográficos que detallaban la cantidad de información que debía ser extraída. Sin embargo, al comparar los datos descargados con los registros originales, se detectó la desaparición de 300 correos electrónicos y cuatro archivos de la cuenta de uno de los imputados (un hombre).
Ese mismo 25 de setiembre, las autoridades lanzaron un operativo para rastrear las direcciones IP (protocolo de internet), identificadores únicos que permiten dar con las computadoras involucradas en la red.
El jueves 26 de setiembre, Zúñiga informó de que alguien, aún no identificado, utilizó las credenciales de un funcionario de alto rango de la CCSS, lo que le otorgó acceso de administrador a las cuentas de correo institucional. Para ese momento, sin embargo, el funcionario de alto rango estaba de vacaciones con previsión de volver a labores hasta el 30 de setiembre.
Con estas credenciales, el desconocido accedió a la cuenta de uno de los detenidos.
El borrado de los correos se realizó entre el 23 y el 25 de setiembre, mientras el imputado se encontraba en audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Penal de Hacienda.
Según la investigación del OIJ, el acceso y eliminación de los correos se efectuó desde una computadora ubicada en el Hospital Max Peralta de Cartago, de acuerdo con la trazabilidad del IP.
Los detenidos el lunes 23 de setiembre en relación con la causa judicial fueron la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel; la gerenta general, María de los Ángeles Gutiérrez; y los directivos Zeirith Rojas, Johnny Gómez, representantes patronales, y María Isabel Camareno, delegada del gobierno. También los ahora exdirectivos Jorge Porras (su renuncia se hizo efectiva este 25 de setiembre), Roberto Quirós y Jorge Luis Araya.
A ellos se les sigue causa por los delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda pública, conductas en las que se habría incurrido al aprobar la adjudicación a las cooperativas para la administración de 138 Ebáis en 10 áreas de salud, pese a un sobreprecio de ¢12.400 millones anuales, de acuerdo con la Fiscalía.
Todos se encuentran en libertad a la espera de que el Juzgado Penal de Hacienda resuelva medidas cautelares.
