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En el escenario ideal, cualquiera que sienta la necesidad de buscar ayuda porque está triste, ansioso o estresado debería tener la posibilidad de encontrar en la municipalidad de su cantón o en la asociación de desarrollo algún grupo que lo oriente y lo ayude con herramientas para enfrentar, por ejemplo, la crisis que desata la falta de empleo, la separación de la pareja, la muerte de un familiar querido o el acoso escolar.
En el escenario ideal, también debería ser posible encontrar en un Ebáis a un profesional en Psicología que en ese primer nivel de atención en salud apoye al médico general o de familia a dar contención y orientación a quienes llegan con algún tipo de ideación suicida, sin citas a largo plazo ni listas de espera de los hospitales.
En un escenario ideal, cualquier persona con un trastorno mental o del comportamiento debería sentirse en la libertad de conversar sin miedo de su situación en su entorno inmediato (familia, colegio o trabajo), sin sentirse blanco de discriminación y burlas.
La nueva Ley Nacional de Salud Mental, que recién entró a regir el 19 de diciembre, busca acercar esas y otras herramientas a la población, con protagonismo de las comunidades y en momentos en que Costa Rica y el mundo viven una de las crisis más serias de trastornos mentales y del comportamiento, con el suicidio como su máxima expresión.
Para que se hagan realidad esos escenarios ideales que, de alguna manera están plasmados en el espíritu de la nueva ley, se requiere dar el siguiente paso: elaborar un reglamento con las competencias de todas las instituciones involucradas en el sistema nacional de salud mental, públicas y privadas, y especificar aspectos clave como el financiamiento.
La directora de la Secretaría Nacional de Salud Mental, oficina adscrita al Ministerio de Salud, Marcela López Bolaños, espera tener ese reglamento a medio año, pues ese es el plazo máximo que otorga la ley.
La realidad que vive Costa Rica en salud mental debería empezar a cambiar con esta nueva Ley, afirma la diputada liberacionista Andrea Álvarez, quien la impulsó en esta legislatura pues la iniciativa fue lanzada por la exdiputada independiente Paola Vega, en la anterior Asamblea.
La realidad muestra 429 muertes por suicidio en el 2022, la cifra más alta registrada en Costa Rica en la última década. Hasta el 14 de octubre pasado, los casos notificados por intento de suicidio llegaron a 3.143.
Publicación en el Alcance de La Gaceta de la Ley Nacional de Salud Mental.
Esa realidad tampoco puede ocultar que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) solo tiene 74 psiquiatras para atender las necesidades más críticas en salud mental de toda la población; esto, según datos de la Asociación Costarricense de Psiquiatría (Asocopsi), revelados por su presidente Francisco Golcher Valverde.
Lo anterior explica las prolongadas listas de espera para ver a ese médico especialista las cuales, al 31 de agosto anterior, acumulaban 12.123 enfermos, quienes debían aguardar 191 días (6,3 meses) para ver al psiquiatra por primera vez en una consulta que no debe exceder los 30 minutos.
“A mediano plazo, se debería ver un aumento en la calidad de la atención y en la calidad de vida. Desde la perspectiva de la ciudadanía, esta ley le da más herramientas para poder demandar ese derecho en la vía judicial”, espera Álvarez, quien destacó tres aspectos que le dan relevancia a la nueva normativa:
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El primero, dijo, es que, el hecho de que haya una ley, ya no deja como un asunto discrecional la elaboración y aplicación de una política nacional de salud mental. Se vuelve mandatorio.
El segundo aspecto, es que la ley da derechos a las personas usuarias de los servicios de salud mental, que les permite demandarlos.
Y el tercer aporte es que visibiliza a una población históricamente discriminada. “Esta ley hace justicia a esas poblaciones que han sufrido en silencio y no han visto sus demandas satisfechas”, recalcó.
Rango de ley
El que la salud mental tenga rango de ley sucede por primera vez en la historia de Costa Rica. Según Ángelo Argüello Castro, presidente del Colegio de Profesionales en Psicología, esto es algo muy relevante, pues toca todos los ámbitos de la convivencia humana.
“Se busca que comprendamos que estamos frente a asuntos tan importantes como manejar bien el estrés, saber comunicarnos tanto a lo interno de la familia como con compañeros del trabajo, hablamos de vida en comunidad, de resolución apropiada de conflictos, y comunicación asertiva, para un buen vivir con los demás y nosotros mismos.
La ley, explica Argüello, aplica para todas las personas. Aunque tiene capítulos relacionados con el manejo hospitalario de la enfermedad mental, esa es la parte más pequeña, pues la clave está en promocionar la salud mental y prevenir los trastornos mentales y del comportamiento desde la comunidad.
Si una sociedad no asume con responsabilidad la promoción de la salud y la prevención puede pasar que personas que empezaron con síntomas propios de estrés, tristeza, desmotivación o falta de sentido de vida, al no recibir el acompañamiento apropiado, estén frente al inicio de lo que luego se puede llamar trastorno mental y del comportamiento.
“Lamentablemente, nuestro sistema de salud tradicional ha funcionado al revés: actuamos cuando la persona tiene una condición patológica grave y cuando el actuar es hasta más paliativo porque pueden darse trastornos con muy mal pronóstico”, advirtió el psicólogo.
Los Ebáis asumirán un papel relevante pues se espera una atención lo más rápida y accesible desde ese primer nivel, que es local. Que hospitales como el Nacional de Salud Mental (antes conocido como Hospital Psiquiátrico), se dediquen más a investigación, docencia y tratamiento de trastornos muy específicos, agregó Francisco Golcher.
“La ley promueve un modelo de salud mental centrado en la comunidad, que es en donde suceden las cosas. Ahí está la realidad y la necesidad de identificar los problemas, donde se debe trabajar en la prevención de los factores de riesgo y en la promoción de los factores protectores. Se debe capacitar a médicos de Ebáis para los primeros abordajes de trastornos mentales y del comportamiento”, insistió Golcher.
Lo anterior crea la necesidad de que equipos interdisciplinarios de salud mental en ese primer nivel lo mismo que en hospitales periféricos y regionales, de tal manera que las personas se puedan sentir confiadas en asistir a los servicios, recalcó el psiquiatra.
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Faltan servicios
Al día de hoy, un hospital como el Nacional de Niños no tiene servicio de internamiento para casos graves en menores de edad. Con grandes costos, expresó Golcher, hay consulta externa en Psiquiatría, pero no tiene un médico psiquiatra de guardia especialista en niños y adolescentes, una de las poblaciones más vulnerables en estos momentos.
Actualmente, la CCSS tiene tres redes de servicios y solo una, la red este con el Hospital Calderón a la cabeza, tiene servicio de Psiquiatría.
La red sur, encabezada por el San Juan de Dios, no tiene internamiento para estos pacientes y debe enviar a Pavas los casos más graves. Sucede lo mismo en la red noroeste, liderada por el Hospital México, que no tiene Psiquiatría.
Golcher confía en que esta ley dé herramientas para abrir y consolidar esos servicios en los hospitales generales.
Si bien la nueva Ley de Salud Mental nace sin fondos disponibles, se espera que en el reglamento se defina una forma de financiamiento para los servicios de salud mental.
El presidente de Asocopsi sugiere sacar fondos de lo que se incauta al narcotráfico o de los contrabandos de cigarrillos y licores.
“Podemos decir que nace con vida pero hay que estarle dando oxígeno. Son recursos humanos, financieros, reestructuración de los servicios de psiquiatría de la CCSS para dar un servicio de calidad, oportuno, solidario y universal”, afirmó el psiquiatra.
