Altos funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), encargados de encontrar soluciones a las listas de espera, están en conflicto por el modelo de pago por resultados, uno de los planes propuestos para enfrentar la crisis que afecta a miles de asegurados, quienes deben esperar meses o incluso años por una cita, un examen médico o una cirugía.
El modelo de pago, conocido como Cumcas (costo unitario máximo de cobertura para atención en salud), establece una tarifa específica para los médicos por cada atención o procedimiento que realicen fuera de su horario regular. Aunque el nuevo modelo de pago estaba programado para comenzar en abril, su implementación no se inició hasta el 28 de mayo. Se aplica en Radiología, pero la intención es llevarlo a otras especialidades.
Sin embargo, documentos públicos, denuncias y declaraciones evidencian confrontaciones entre el proponente de la iniciativa, el médico Gerick Jiménez Pastor –asesor de confianza de Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS–, y la médica Verónica Quesada Espinoza, quien asumió la coordinación de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE) el 6 de mayo. Jiménez incluso señaló a Quesada de intentar boicotear el Cumcas.
No solo existen dudas desde la misma UTLE. La Gerencia Médica y la Junta Directiva de la CCSS también plantean interrogantes sobre la puesta en operación del modelo de pago y hay reclamos por falta de información y transparencia.
En medio de estas circunstancias, Verónica Quesada denunció ser víctima de presiones “diarias” de algunos de sus superiores para implementar el modelo de pago por resultados “en los términos que sea”. Anualmente, la UTLE dispone de ¢30.000 millones. Ella expresó a este diario que existen dudas sobre los riesgos del funcionamiento de ese sistema, el presupuesto requerido para su puesta en marcha y la ausencia de algunos criterios técnicos.
El 14 de mayo, mediante el oficio GM-AOP-0349, la coordinadora de la UTLE solicitó a Gerick Jiménez y a la también médica, Dominique Guillén Femenias, asesores de confianza de la Presidencia Ejecutiva, la herramienta de cálculo utilizada para definir el modelo Cumcas. Requirió, además, un informe detallado sobre cómo se planea aplicar esta modalidad en la atención de problemas cardiovasculares, y los documentos que respalden las acciones previas.
Jiménez y Guillén respondieron a ese oficio, pero no adjuntaron la información solicitada, según informó Verónica Quesada en un mensaje de texto enviado a este medio el 26 de agosto.
Ese mismo día, en una conversación telefónica con La Nación, Jiménez se negó a responder preguntas de interés público sobre sus diferencias con Quesada y acerca del modelo Cumcas. Afirmó que necesitaba autorización previa para hablar con la prensa, pero no quiso especificar quién debía otorgarle dicho permiso. Sin embargo, existe jurisprudencia de la Sala Constitucional que establece que ningún funcionario público debe solicitar autorización para atender o brindar declaraciones a los medios de comunicación.
Interrogantes emergen en Junta Directiva
Durante la sesión ordinaria de la Junta Directiva, el 22 de agosto, Johnny Gómez Pana, representante de los patronos, manifestó sus dudas sobre la implementación del modelo Cumcas. “El Cumcas no sé en qué patologías se está operando, cuántos pacientes han sido atendidos, en qué nivel de los estándares definidos por precio se ubicaron estos pacientes. Este tipo de controles a la CCSS nos hacen mucha falta”, comentó.
El gerente médico interino, Wilburg Díaz Cruz, expresó a los miembros de la Directiva, este martes 3 de setiembre, que el Cumcas solo ha logrado resolver 24.800 lecturas de estudios diagnósticos en dos meses y medio. Esta cifra, según el gerente, representa apenas el 16% de la meta inicial, que era de 159.735 estudios.
Con el Cumcas se han pagado 10.888 lecturas de mamografías en el Hospital de las Mujeres y el Hospital Geriátrico. Además, se han realizado lecturas de tomografías en el Hospital México y el Enrique Baltodano, en Liberia, así como de ultrasonidos en el Hospital Calderón Guardia.
Luego de la presentación del informe del gerente médico interino sobre el estado de las listas de espera, varios miembros de la Junta Directiva manifestaron su preocupación y solicitaron mayor rapidez en las acciones.
El representante patronal, Zeirith Rojas Cerna, recordó que la Junta Directiva aprobó el Cumcas en diciembre de 2023 con grandes expectativas sobre sus resultados. Incluso mencionó que, en ese momento, la propuesta incluía la eliminación de las jornadas de producción para adoptar exclusivamente este modelo de pago. Las jornadas de producción consisten en programar cirugías, exámenes y consultas durante un periodo determinado del año.
“Este servidor insistió en ampliar un año. Si las jornadas de producción se hubieran detenido, estaríamos con el problema mucho más grande. Duplicado. Eso es importante tenerlo claro. En aquel momento, también se dijo que las jornadas de producción deberían abrirse a otras especialidades, pero ya estamos en setiembre, ya se acabó el año y no hemos avanzado, y esto me preocupa”, reclamó Rojas, para quien Cumcas no ha tenido el impacto esperado.
“La queja en los hospitales es que no se autorizan las jornadas de producción. Usted conoce que los médicos ya no quieren jornadas, porque Cumcas es mucho más interesante (económicamente). Usted conoce que hay hospitales que han parado las jornadas de producción, están esperando Cumcas”, agregó.
Aunque el modelo de pago empezó el 28 de mayo, un mes después, el 28 de junio, la CCSS informó que solo dos de los 29 hospitales públicos se habían adherido a la iniciativa: el Enrique Baltodano, en Liberia (Guanacaste), y el Calderón Guardia, en San José. Además, se sumó el Área de Salud de Goicoechea.
El lunes 26 de agosto pasado, antes de finalizar la llamada con La Nación, el médico Gerick Jiménez negó la existencia de diferencias con Quesada y ofreció una entrevista bajo la condición de que se solicitara a través de la oficina de prensa institucional. Ese mismo día, este medio solicitó la entrevista con Jiménez a través de la oficina de prensa, pero el 27 de agosto respondieron: “Considerando que el tema en cuestión se va a judicializar por la vía penal, solicito que pospongamos la entrevista hasta que hayamos presentado la querella”.
Además, el 27 de agosto, Jiménez remitió un mensaje de texto diciendo que no autorizaba a publicar o mencionar nada. “Hasta tanto no conversemos al respecto de manera más formal para evitar malas interpretaciones”, dijo.
Reclamos entre unos y otros
La situación de la cúpula de la CCSS es complicada por las confrontaciones personales. Gerick Jiménez sostiene que el nombramiento de Verónica Quesada en la coordinación de la UTLE fue irregular, ya que se la incluyó en la terna de candidatos fuera de plazo y sin acreditar su “idoneidad”. Según él, esto lo perjudicó, ya que también era aspirante al puesto. Además, pidió a la Junta Directiva declarar nulo ese nombramiento y que se abra una investigación administrativa para determinar si la designación de Quesada causó algún perjuicio a la Caja.
Se suman amenazas de llevar a Quesada a la vía judicial por difamación, pues el 22 de agosto él expresó a los miembros de Junta Directiva que fue ella la supuesta autora de una denuncia en la que señala la existencia de una presunta red de corrupción en la entidad y en la que se menciona a Jiménez. Quesada lo ha negado públicamente.
La Nación tiene copia de las quejas escritas de Jiménez porque él las remitió vía mensaje de texto desde el 23 de agosto.
Por su parte, Verónica Quesada reveló el 23 de agosto problemas con Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS: “No entiendo cómo ella no me habla, no entiendo cómo no me llama a las sesiones de Junta Directiva de los temas que me competen, no entiendo nada (...) Y en medio de todo eso están los pacientes esperando”, comentó la médica. Quesada fue hasta el 3 de mayo una de las asesoras más cercanas a la presidenta ejecutiva y desde ese mes se convirtió en la sétima coordinadora de la UTLE desde setiembre del 2022, cuando asumió Esquivel.
Otro de los jerarcas, el gerente médico interino, Wilburg Díaz Cruz, fue enviado a vacaciones forzadas por un mes, de las que regresó el miércoles 14 de agosto luego de presentar una denuncia contra la presidenta ejecutiva por presunto hostigamiento laboral.
En medio de estos conflictos, miles de asegurados siguen esperando una cita, un examen médico o una cirugía. Según los últimos datos, más de 188.000 personas estaban en lista de espera para una operación en la Caja Costarricense de Seguro Social hasta julio. El tiempo promedio de espera era de 423 días, un plazo que asciende a 676 días para los pacientes de Neurocirugía y a 606 días para los casos de Cirugía Torácica. Solo en lo que va de 2024, han ingresado a esa lista 71.957 nuevos casos.
Las especialidades quirúrgicas con mayor cantidad de pacientes en lista de espera son Cirugía General, con 46.889 personas y un tiempo promedio de espera de 511 días. Le sigue Oftalmología, con 37.403 pacientes y un promedio de 219 días de espera. En tercer lugar, se encuentra Ortopedia, con 32.317 casos, donde los pacientes deben aguardar un promedio de 581 días para ser operados.
Los datos provienen del Área de Estadística en Salud de la Gerencia Médica de la CCSS y fueron consultados por La Nación el pasado 5 de agosto.
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