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La Contraloría General de la República anuló la adjudicación de los Ebáis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a Coopesana por una “nulidad absoluta, evidente y manifiesta” en los términos del contrato. La concesión al Área de Salud San Francisco-San Antonio, valorada en ¢31.310 millones, está bajo investigación en el caso Barrenador. La nulidad fue declarada tras una apelación de Psicomed.
A las 3:41 p. m., la Contraloría emitió la resolución de una apelación presentada por la empresa Psicomed, la única de las 10 contrataciones de Ebáis que no estaba adjudicada en firme. El pronunciamiento confirma que la Junta Directiva de la CCSS no adjudicó esta línea con base en un estudio de razonabilidad de precios, como lo exigen el artículo 41 de la Ley General de Contratación Pública y el 44 de su reglamento. En su lugar, se apartó de los criterios técnicos y utilizó un análisis elaborado por la actual gerenta general, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, quien está bajo investigación judicial.
De acuerdo con la resolución, este análisis contiene errores metodológicos. Por ejemplo, compararon el Área de Salud de Oreamuno, en Cartago, con los servicios y costos que tendría Coopesana en San Francisco-San Antonio, sin considerar las características de cada región, como el número de población y otros.
“No se concluyó de forma expresa la razonabilidad del precio que se estaba valorando (...). El acto final no fue dictado con sustento en un estudio técnico en el cual expresamente se concluya la razonabilidad del precio que se adjudicó”, señaló la Contraloría.
El Área de Salud San Francisco-San Antonio es una de las tres que la Junta Directiva adjudicó a Coopesana; las otras dos son Escazú, por ¢50.269 millones, y Santa Ana, por ¢49.014 millones. La Contraloría no pudo anular estas contrataciones porque no existieron apelaciones de otras interesadas, pues Coopesana fue la única oferente.
En el caso del Área de Salud San Francisco-San Antonio, la empresa Psicomed presentó una apelación el 30 de julio. El principal argumento de ese oferente es que criterios técnicos de la CCSS señalaron precios excesivos en esa y otras ofertas presentadas ante la Administración para la operación de diez áreas de salud en la Gran Área Metropolitana.
Según los documentos en el Sistema Integrado de Compras Públicos (Sicop), la oferta de Psicomed S. A. era de ¢28.992 millones, ¢2.318 millones menos que Coopesana. A pesar de eso, la CCSS descalificó a Psicomed por razones “administrativas” y adjudicó a la Cooperativa.
El pasado 23 de setiembre, el Ministerio Público realizó 28 allanamientos en oficinas de la CCSS y viviendas de directivos, exdirectivos y funcionarios. Entre los sitios allanados estuvo el apartamento de Marta Esquivel Rodríguez, ubicado en una torre en Barrio Escalante, San José.
La jerarca de la entidad fue detenida junto a otras siete personas entre directivos, exdirectivos y la gerenta general interina.
En la actualidad, como medida cautelar, los directivos y la gerenta permanecen suspendidos por al menos seis meses mientras avanza la investigación judicial.
La Fiscalía les achaca los presuntos delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
Advertencias de sobreprecios
El primer criterio que calificó como excesivas las ofertas provino del Área de Contabilidad de Costos, el 8 de abril de 2024. Este advirtió que, de los ¢29.200 millones por año que venía pagando la CCSS por los 138 Ebáis, el desembolso subiría a ¢53.300 millones sin que existiera una mejoría en el servicio, en el alcance o en algún otro rubro.
El segundo criterio que describió como excesivas las propuestas fue elaborado por un equipo intergerencial el 7 de mayo, en el cual reiteraron que los montos ofertados eran excesivos.
El proceso licitatorio culminó el sábado 6 de julio con la decisión de la Junta Directiva de conceder la adjudicación a cuatro cooperativas y una asociación médica por ¢471.000 millones durante 10 años, pese la existencia de los criterios técnicos mencionados. También hubo recomendaciones de la Junta de Adquisiciones, emitidas desde el 2 de mayo, para declarar infructuoso el proceso debido a los altos costos.
El día de los allanamientos, Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República, indicó que la actuación de los directivos habría provocado una adjudicación con un incremento anual del 33% con respecto a lo que cuestan, en la actualidad, los servicios de administración dados por esas mismas cooperativas y la asociación médica. El perjuicio económico anual, según las estimaciones de la Fiscalía, sería de ¢12.400 millones por año.
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