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Como ha ocurrido semana a semana desde el comienzo de la pandemia, la Contraloría General de la República autorizó a la CCSS dos nuevas compras urgentes.
La primera para la adquisión de un sistema de pruebas PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa) automatizado para la detección de la covid-19, enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2, según informó este lunes el órgano contralor. La autorización es por un monto máximo de ¢475,5 millones.
Las gestiones de la Caja Costarricense de Seguro Social fueron realizadas en dos oficios presentados el 27 y 28 de agosto, según la cual, aunque la institución ha realizado procedimientos de emergencia, “no han sido suficientes para satisfacer la necesidad existente”.
“Manifiesta que el sistema para pruebas de PCR totalmente automatizado, para detección de patógenos de muestras biológicas con mínimo tratamiento manual ha tenido un consumo que crece exponencialmente, dado al aumento sostenido en los últimos días del número de casos de covid-19 y la realización de pruebas masivas a nivel nacional, lo que hace necesario la adquisición de este insumo a fin de preparar a la institución para continuar afrontando esta emergencia”, explicó la Contraloría en el documento.
Estos insumos, según la normativa, debían ser adquiridos por cada unidad u hospital, no obstante, dada la emergencia, se determinó que conviene adquirirlos a nivel central, para lograr “una mejor administración y distribución”.
El viernes, precisamente, el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, anunció la regionalización de las pruebas de diagnóstico, es decir, la posibilidad de hospitales regionales o periféricos de analizar muestras y emitir resultados.
Según dijo, ya comenzó en el Hospital Monseñor Sanabria, de Puntarenas, donde funciona un laboratorio de diagnóstico molecular.
Adelantó que se han destinado $2,4 millones para comprar 120.000 pruebas de diagnóstico para incluir al Max Peralta, en Cartago; el Hospital Nacional de Geriatría, el Tony Facio, de Limón; el Enrique Baltodano, en Liberia; y otro hospital en la zona sur, el cual no se ha definido.
Advertencias
En su nueva solicitud a la Contraloría, la Caja asegura que el Área Gestión de Medicamentos adscrita a la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios realizó el 14 de agosto de 2020, el análisis de razonabilidad de precios y para ello se cuenta con el contenido presupuestario necesario.
Asimismo, argumenta la institución que actúa apegada al Reglamento de Contratación Administrativa, que en su artículo 140 permite que en situaciones de emergencia se prescinda de formalidades para hacer la compra, fundamentados además en el estado de emergencia declarado desde marzo.
La Contraloría, por su parte, hacer las advertencia del caso.
“Es claro que de conformidad con los principios de transparencia, eficiencia y seguridad jurídica, la Administración debe velar objetivamente por la selección de la mejor oferta, por lo que esa selección deberá estar sustentada en parámetros técnicos y jurídicos. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la Administración la selección del contratista que finalmente resulte adjudicatario. Para ello deberán mediar los estudios técnicos y legales que amparen la selección, todo lo cual deberá quedar constando en el expediente administrativo que se levante al efecto”.
¢200 millones
La segunda compra aprobada en las últimas horas es por un monto máximo de ¢212 millones para equipos que permitan habilitar las áreas de encamados del Hospital Nacional Psiquiátrico, en Pavas, donde se utilizarán 200 espacios para pacientes con covid-19.
Se incluyen desde mano de obra para instalar un sistema de cámaras hasta pinzas, sondas y cerraduras.
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Según información de la Gerencia de Infraestructura de la Caja, dada a conocer la semana pasada, acondicionar y equipar ese centro médico costaría $4,5 millones, que se utilizarán para adquisiciones de urgencia, es decir, con mecanismos de excepción autorizados por el órgano contralor.
Actualmente, la Auditoría Interna de la entidad revisa las compras de emergencias, debido a cuestionamientos en procesos para adquirir mascarillas descartables, casos que incluso motivaron la apertura de una causa penal por parte del Ministerio Público y de una investigación por parte de la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público.
