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Falta de control en la entrega de alimentos a las familias más afectadas por la pandemia es una de las llamadas de atención que hizo la Contraloría General de la República (CGR) a los comités municipales de emergencia.
Según un informe dado a conocer por el órgano contralor la mañana de este lunes, los comités entregaron a una misma persona varios paquetes de víveres sin que haya definido formal y uniformemente la pertinencia.
Estas acciones, según la CGR, podrían provoca que se dé una menor cobertura de este programa, implementado para atender el efecto económico de la pandemia de la covid-19 en el país.
En el marco de la emergencia, los comités municipales han entregado 67 millones de paquetes de alimentos entre marzo y agosto. La inversión fue de ¢5.855 millones.
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Otra institución que se ha encargado de distribuir alimentos es el Ministerio de Educación Pública (MEP), el cual ha hecho llegar a los estudiantes 18 millones de paquetes de víveres ( se entrega uno al mismo estudiante cada 22 días). Para ese fin se han destinado ¢236 millones.
Los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudi), entretanto, han entregado 3,4 millones de paquetes, con un costo aproximado de ¢97 millones.
La Contraloría hizo un análisis sobre los controles para la entrega de estos alimentos con una muestra de 15 cantones.
En los 15 cantones objeto de esta auditoría, se ubican 15 comités municipales de emergencia, 17 centros de cuido y desarrollo infantil y 996 centros educativos. De estos últimos, se seleccionó una muestra de 69.
En el caso de los comités municipales no hay uniformidad en la cantidad de paquetes que puede recibir una misma persona o núcleo familiar.
En 13 comités que enviaron información, 6 indican que la Comisión Nacional de Emergencias (CNR) instruyó que corresponde entregar un único paquete de víveres a cada persona beneficiaria y siete mencionan que no tienen conocimiento de la cantidad permitida por la CNE a entregar; dos no aportaron información al respecto.
“De esa manera, hay un comité que ha establecido su propia frecuencia de entrega, otros han otorgado un segundo paquete de víveres a las personas del sector turismo (con la autorización de la CNE) y otros han tomado la decisión de asistir por segunda vez a los grupos familiares que presentaban mayor condición de vulnerabilidad.”, se lee en la auditoría.
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Según la CGR, se identificaron 1.022 casos en los cuales se entregaron paquetes de víveres por más de una vez a una misma persona beneficiaria, sin un control que defina formal y uniformemente la pertinencia de tal condición.
También, de acuerdo con una revisión efectuada por el órgano contralor a una selección aleatoria de 285 solicitudes de personas beneficiarias, se determinó que en 9 de los 15 comités se carece de documentación que respalde los criterios aplicados para darles esa ayuda, pues su fundamento se apoya en la justificación aportada por los solicitantes en el referido formulario, o listas entregadas por terceros (tal como asociaciones de desarrollo, síndicos, entre otros) sin su posterior verificación.
“Con lo anterior, se presenta el riesgo de no garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos para otorgar paquetes de víveres a la población”, explicó la CGR.
En 79 solicitudes de las 285 revisadas, la justificación aportada para otorgar el paquete de víveres corresponde a la condición de despido o la reducción de la jornada laboral, cuyo fundamento para la entrega corresponde a la declaración jurada de la persona beneficiaria. No obstante, la herramienta carece de elementos mínimos tales como el lugar de trabajo, fecha de despido o cese de funciones, etc., los cuales favorezcan una verificación posterior.
De esos 79 casos, únicamente en 9 el patrono reportó la condición de reducción de la jornada laboral o suspensión de contrato. Para los casos anteriores, se parte del hecho de que las personas que identificaron la condición de despido o reducción de jornada, corresponden a una condición formal de trabajo, sin embargo, ante la falta de especificación dentro de la declaración, podrían existir casos que no se ajusten a esa condición.
Sobre la entrega de alimentos en el MEP, la CGR dijo que, en algunos casos, el centro educativo que entrega los paquetes omite solicitar la identificación y firma de la persona que lo recibe, lo cual representa un riesgo de que cualquier persona retire el beneficio, sin corresponderle, y la alimentación no llegue a la población estudiantil beneficiaria.
