Contraloría denuncia a Marta Esquivel por presunto maquillaje de informes actuariales de CCSS

La decisión de enviar el caso al Ministerio Público consta en el oficio DFOE-DEC-2822, firmado por Rafael Picado López, gerente de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, el pasado 6 de noviembre. En ese documento también se le comunica del traslado del asunto al Ministerio Público a la persona que denunció a Esquivel por la supuesta manipulación de los informes.

Se añade que por disposiciones de la Ley General de Control Interno no se pueden revelar detalles de la pesquisa elaborada ni del traslado hecho a las autoridades judiciales.

De acuerdo con los lineamientos de la Contraloría, una relación de hechos es un informe que “compila” acciones presuntamente irregulares u omisiones.

El órgano contralor inició la revisión de este asunto en julio de 2023, cuando recibió una denuncia relacionada con los informes actuariales PE-DPI-136-2023 y PE-DAE-0252-2023.

“Dicho informe tiene dos versiones, una que señala que la CCSS es sostenible hasta el 2031 y otra que indica que la CCSS empieza en crisis en 2023 y quiebra en 2027. Se presentó una versión diferente del informe en diez días y se tomaron decisiones en menos de tres horas en la Junta Directiva”, señaló la denuncia.

Ante consultas de La Nación, la oficina de prensa de la Caja informó de que Esquivel no ha sido notificada oficialmente de la gestión de la Contraloría.

“No obstante, la jerarca se mantiene anuente a colaborar en todo lo que en derecho corresponda para esclarecer esta situación. Aunque no ha sido convocada por el Ministerio Público hasta la fecha, la presidenta de la CCSS reafirma su compromiso con la transparencia y la integridad y está preparada para responder a cualquier citación que pueda surgir en el futuro”, añadió la declaración.

Paralización y quiebra

En marzo de 2023, la Junta Directiva de la CCSS acordó, de forma unánime, suspender todos los proyectos del Portafolio de Inversiones Institucional cuyo proceso constructivo no hubiera iniciado. También decidió suspender la compra de terrenos en los casos en que la licitación estuviera en proceso de adjudicación.

Esas determinaciones, tomadas mientras varios miembros titulares de la Junta Directiva estaban suspendidos por orden del Consejo de Gobierno, pusieron en jaque el futuro de obras claves para la atención de los asegurados, como el nuevo hospital de Limón y las áreas de salud de Orotina-San Mateo, Liberia, Bagaces, Cóbano, Desamparados, Aguirre, San Ramón, Talamanca, Pérez Zeledón y Heredia-Cubujuquí, entre otras.

En ese entonces, la jerarca manifestó, en varias ocasiones, que luego de ver los análisis actuariales se evidenció la gravedad de la situación financiera de la institución.

Ante la presión de la opinión pública, sindicatos, diputados y Defensoría de los Habitantes, la entidad echó atrás parcialmente la decisión el 5 de mayo de 2023; ese día comunicó que daría continuidad a 30 áreas de salud incluidas en el fideicomiso inmobiliario firmado con el Banco de Costa Rica. De esas obras, seis estaban adjudicadas en firme y 24 estaban en distintas etapas de planificación y contratación.

Los informes actuariales también fueron utilizados por Esquivel para afirmar que la Seguridad Social está quebrada, argumento cuestionado por la Auditoría Interna de la CCSS en julio del año pasado.

“La institución tiene recursos para honrar sus obligaciones (...) Desde el punto de vista técnico consideramos que no está quebrada”, aseveró Olger Sánchez frente a una comisión de legisladores que analiza ese tema.

En su exposición, el auditor interno explicó que, según cifras oficiales, la Caja cuenta con reservas para el seguro de Maternidad y Enfermedad por ¢1,4 billones y para el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte por ¢2,4 billones. También enfatizó en que el año pasado cerró con un superávit mayor a ¢700 millones.

Sánchez recordó que para considerar que una empresa o entidad pública está en quiebra es necesario que no tenga flujo de caja, no disponga de recursos para cumplir con sus obligaciones y no posea información financiera sólida.

OIT señala sobreestimaciones

El 14 de diciembre, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) planteó a la Junta Directiva de la CCSS una serie de cuestionamientos a los informes de valuación actuarial que fueron utilizados meses atrás por Esquivel para afirmar que la entidad está en quiebra.

La exposición estuvo a cargo de André Picard, jefe de la Unidad de Servicios Actuariales de la OIT, en una reunión con miembros de la Junta Directiva de la institución, entre ellos la jerarca Esquivel.

Entre las principales observaciones están las sobreestimaciones en el cálculo de gastos del Seguro de Salud, que financia la atención médica de los asegurados. Se halló duplicidad en gastos relacionados con mantenimiento de instalaciones y omisiones en la depreciación de infraestructura. Las conclusiones de Picard están basadas en información oficial suministrada por la propia Caja.

Por ejemplo, la Organización detectó que los gastos totales del Seguro de Salud para los años 2020 y 2021 fueron un 8,1% y un 13,7% menores a los previstos en la valuación actuarial de 2017. La brecha es mayor si se comparan los gastos totales ejecutados en esos años con los previstos en la valuación actuarial de 2019, en este caso las diferencias son de 22,7% y 30,3%, respectivamente.

Los cálculos actuariales de la CCSS tasaron en ¢2,4 billones los gastos totales del Seguro de Salud para el 2022 y definieron que, para el 2036, llegarían a ¢12,7 billones.

“Todo indica que las principales razones de la marcada desviación de la tendencia (en los gastos) son una sobreestimación”, expresó la OIT en su presentación ante los directivos de la CCSS. Esa sobreestimación, agregó, se debe a “una probable duplicación del costo de proyección de proyectos de inversión”.