EscucharLa investigación del Ministerio Público por presunto tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública contra Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no se basa exclusivamente en una denuncia presentada por la Auditoría Interna de la misma CCSS.
También la Contraloría General de la República (CGR) envió una relación de hechos al Ministerio Público sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de 10 áreas de salud –que administran 138 Ebáis– a cuatro cooperativas y una asociación médica por ¢471.000 millones durante 10 años.
Según la oficina de prensa de la Contraloría, el 24 de julio, solo 18 días después de la adjudicación (que se dio el 6 de julio), envió la relación de hechos a las autoridades judiciales. Agregó que no puede enviar copia de ese documento por tratarse de un proceso confidencial. El 10 de julio, en tanto, el auditor interno de la CCSS, Ólger Sánchez Carrillo, denunció el caso en el Ministerio Público.
“Aquí se denunció una injerencia directa de la CCSS para adjudicar un proceso de licitación en detrimento de uno que llevaba más de dos años de estar en curso. Con esta nueva licitación se causa un perjuicio al Estado de más de ¢12.400 millones”, explicó Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República, el pasado lunes. “Esta investigación tiene el respaldo de la Auditoría de la CCSS, que presentó la denuncia, pero también de la Contraloría General de la República que hizo sus observaciones e informes en la misma”, agregó Díaz.
En paralelo a la investigación penal, la Contraloría desarrolla una investigación administrativa para determinar si funcionarios de la CCSS o jerarcas cometieron faltas en el proceso de licitación y adjudicación.
Esa adjudicación fue realizada por la Junta Directiva de la CCSS en una sesión extraordinaria convocada el sábado 6 de julio bajo la figura de funcionario de hecho. Ese mecanismo se puede utilizar, de acuerdo con la normativa vigente, cuando no se logra completar el cuórum por renuncias o destituciones de directivos, pero solo en “situaciones de urgencia o necesidad apremiante” que deban ser atendidas para evitar daños a los usuarios de la Seguridad Social o a la entidad.
Además, los directivos votaron a favor de la millonaria adjudicación pese a existir varios criterios técnicos en los que se califica las ofertas económicas presentadas por las cooperativas como “excesivas”. La Junta Directiva adjudicó la millonaria licitación basada en un análisis emitido por una única funcionaria y que no se ajusta “a la metodología establecida institucionalmente”.
El pasado lunes, el Ministerio Público no solo detuvo a Esquivel, sino a María Gutiérrez Brenes, gerente general interina de la CCSS quien fue la que firmó la recomendación a la Junta Directiva para adjudicar a las cooperativas ese millonario contrato por 10 años. La recomendación de Gutiérrez Brenes se dio en solitario, es decir, fue la única funcionaria que puso su firma en el análisis financiero cuestionado por la Auditoría Interna. También detuvo a seis personas más entre directivos y exdirectivos involucrados en el proceso de licitación y adjudicación.
Entre los exdirectivos detenidos se encuentra Roberto Quirós Coronado, quien fungía como representante de los patronos ante la Junta Directiva y se convirtió en mano derecha de Esquivel. El abogado Quirós llegó a la Junta Directiva en enero de 2023 y dejó el puesto el 17 de julio de ese mismo año en medio de cuestionamientos por aparentes deudas con el Ministerio de Hacienda y supuesta injerencia en el cartel de licitación para contratar a las cooperativas.
Precisamente, en abril de 2023, Quirós negó en una entrevista con este diario que tuviera un conflicto de interés relacionado con esa contratación pese a que fue abogado de Coopesana, una de las cooperativas interesadas, hasta 2014. “La relación profesional con Coopesana terminó en 2014. No creo que exista una relación (...) Le tengo, entre los documentos que le voy a remitir, la carta de renuncia que yo firmé el 16 de abril de 2014. No hay conflicto de interés”, dijo Quirós en esa ocasión.
El exdirectivo lideró la creación de una comisión para revisar el proceso de licitación que la CCSS comenzó desde 2021. Esa comisión desechó ese proceso y decidió establecer los términos de referencia de uno nuevo.
Los otros exdirectivos detenidos son Jorge Porras López, quien días atrás se vio en la obligación de renunciar a la Junta Directiva por una denuncia sobre nombramiento irregular, y Jorge Luis Araya Chaves, quien fue representante de los patronos hasta el 10 de julio, apenas cuatro días después de participar en la sesión extraordinaria del 6 de julio en la que se aprobó la cuestionada adjudicación a las cooperativas.
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