La Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la Junta Directiva de la CCSS ajustar el pago de pluses de sus 57.000 empleados a lo que dispone la ley fiscal, es decir, por montos fijos.

La exigencia es puntual: La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debe ignorar los dos acuerdos –uno en febrero y otro en agosto– firmados por el presidente ejecutivo, Román Macaya, con los sindicatos, en los cuales prometió continuar con el pago de sobresueldos en forma porcentual, lo cual implica un aumento exponencial en el gasto público.

A las 4:08 p. m., un comunicado de la entidad aseguradora informó de que la “CCSS será respetuosa de la orden emitida por la Contraloría” y, para ello, convocó a sus directivos a una sesión extraordinaria el martes 10 de setiembre para tomar decisiones.

La ministra de Comunicación, Nancy Marín, declaró que “ya los directivos han emitido criterio y han señalado que van a dar cumplimiento, y ya convocaron de manera extraordinaria a la Junta para decidir en qué sentido van a analizar este tema para asegurar el cumplimiento de lo señalado por la Contraloría”.

El secretario general del Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (Siprocimeca), Marvin Atencio, advirtió que “se tomarán las decisiones que correspondan".

“En algunos hospitales ya la gente está sumamente caliente con esto que acaba de hacer la Contraloría. Esto hace que se pierda la paz social. Le puedo asegurar que la situación se va a poner bien caliente”.

La Unión de Cámaras celebró el criterio de la Contraloría al indicar “que todos debemos cumplir con la aplicación de la regla fiscal y ninguna institución debe saltarse la norma”.

‘No estamos frente a actos administrativos’

La Contraloría tomó la decisión de exigir a la CCSS cumplir la ley fiscal al resolver una petición de siete diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que le solicitaron anular los dos compromisos que la entidad firmó con los sindicalistas.

La institución contralora indica que los acuerdos suscritos por Macaya no constituyen un acto administrativo y, por ende, no generaron ningún derecho laboral a los trabajadores.

Al no haber un acto administrativo declaratorio de derechos, no hay lesividad para la CCSS.

Por ello, la resolución DFOE-SOC-0907, de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría, ordena también a la CCSS “abstenerse de iniciar un proceso judicial de lesividad o cualquier otro tipo de procedimiento en vía administrativa para la declaratoria de nulidad” del acuerdo del 20 de febrero entre Macaya y sindicatos para garantizar el pago porcentual de incentivos, contrario a lo que dicta la ley de reforma fiscal.

El 12 de agosto, para poner fin a una huelga de una semana en hospitales y clínicas, Macaya firmó un acta en la cual se compromete a llevar el pacto del 20 de febrero al Tribunal Contencioso Administrativo para que allí se defina si es válido o no. Mientras tanto, dejó intactos los pluses porcentuales.

Sin embargo, este jueves, la Contraloría exigió a la Junta Directiva variar los incentivos a montos fijos, al pedirle “aplicar el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635, en las condiciones, términos y plazos establecidos en dicha norma”. Ese segmento de ley regula el régimen de remuneraciones e incentivos en la Administración Central.

¿Por qué los acuerdos del 20 de febrero y 12 de agosto no crean derechos? “Para que un acto se estime generador de derechos, además de cumplir con los requisitos dispuestos de manera general para cualquier acto administrativo debe identificar con precisión el derecho concedido, la normativa en que se sustenta y los beneficiarios debidamente individualizados”, situaciones que no se dieron en esos dos pactos, dice la Contraloría.

La CGR, además, confirmó el inicio de una investigación sobre este tema en el área de fiscalización de Servicios Sociales de la División de Fiscalización, sobre la cual no dio más detalles.

Pedro Muñoz, el diputado del PUSC que lideró la petición, afirmó este jueves que “la Contraloría es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa y como el presidente de la República rehusó poner orden, la Asamblea, a través de su órgano auxiliar, está poniendo orden”.

Para él, la misma institucionalidad y el sistema de pesos y contrapesos trajo la solución.

“Estoy satisfecho con el Estado de Derecho y que se compruebe de que no hay nadie que esté por encima de la ley, lo que se requiere es valentía para evitar abusos y extorsiones. La institucionalidad nos da la soluciones para emparejar la cancha”, añadió.

Aparte de las gestiones administrativas, los acuerdos entre CCSS y sindicatos también dieron origen a denuncias ante la Fiscalía por posible incumplimiento de deberes.

Una fue presentada por el exdiputado Otto Guevara y la segunda por representantes de las cámaras empresariales.

Directivos: “CCSS es respetuosa del ordenamiento jurídico”

La CCSS, en el comunicado de este jueves, anuncia que los miembros de la Junta Directiva de la Caja recibieron en la sesión ordinaria número 9049 del este 5 de setiembre el oficio 13112 suscrito por la Contraloría.

Agrega que “la CCSS es respetuosa del ordenamiento jurídico costarricense, en especial del principio de legalidad que rige el accionar institucional y que constituye un elemento fundamental de nuestro Estado de Derecho. Por esta razón, la Junta Directiva acordó convocar a una sesión extraordinaria a celebrarse el próximo martes 10 de setiembre de 2019, en cumplimiento de la orden emitida por el órgano contralor”

La Directiva la componen nueve personas. Además de Macaya, están los otros dos representantes estatales, María de los Ángeles Solís Umaña y Fabiola Abarca Jiménez; los tres del sector empresarial, Marielos Alfaro Murillo, Christian Steinvorth Steffen y Álvaro Salas Chaves; y los tres representantes de los trabajadores, Maritza Jiménez Aguilar, José Luis Loría Chaves y Mario Devandas Brenes.

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