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El acuerdo que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) firmó con los sindicatos para dejar intacta la forma de cálculo de anualidades y pluses podría complicarle aún más las cosas a la institución.
Por esa decisión que quedó plasmada en el pacto del 20 de febrero, la CCSS se expone a que la Contraloría General de la República (CGR) no le apruebe el presupuesto para el próximo año, por considerar que incumple la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o reforma fiscal.
Esa posibilidad fue reconocida por la División de Fiscalización del órgano contralor ante una consulta de este medio.
“La CGR ejecuta su competencia de aprobación presupuestaria de conformidad con el marco constitucional y legal, a partir del análisis que corresponde realizar en dicha fase y, una vez que los presupuestos de las instituciones sean remitidos, este órgano contralor podría improbar o aprobar parcialmente en casos en que se determinen situaciones disconformes con el ordenamiento jurídico vigente aplicable en la materia”, respondió.
¿Qué incumple la Caja? En el acuerdo firmado el 20 de febrero por el presidente ejecutivo de la entidad, Román Macaya, y las organizaciones sindicales del sector salud quedó establecido que las anualidades y los pluses anteriores al 5 de diciembre, cuando entró en vigor la reforma fiscal, seguirían calculándose en forma porcentual.
Esa medida, sin embargo, es contraria a la nueva legislación, según la cual las anualidades y cualquier otro incentivo pasarán a ser un monto fijo, nominal.
Advertencias
El riesgo de una improbación del presupuesto del 2020 incluso fue advertido por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, al confirmar su inconformidad por el nuevo convenio suscrito el 12 de agosto, esta vez, por el Gobierno, la CCSS y los sindicatos para poner fin a la huelga. Entre los puntos está mantener vivo el pago de anualidades y pluses de manera porcentual.
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La jerarca recordó la potestad de la Contraloría de revisar si las instituciones cumplen con las disposiciones legales, al momento de aprobar o improbar los presupuestos. Aplica para entidades como la CCSS, las municipalidades y las universidades.
“Es como que yo lleve un presupuesto que no cumpla con las especificaciones, pues los diputados estarán en todo su derecho de no aprobarlo (...). Cuando la ley no se cumple habrá procesos para que se cumpla”, agregó la funcionaria.
De la misma forma lo señala la Procuraduría General de la República en un criterio del 29 de mayo, emitido ante una consulta del diputado socialcristiano Pedro Muñoz.
“La labor de aprobación de los presupuestos de las diversas instituciones públicas supone una labor de fiscalización tendiente a determinar si tales instrumentos se ajustan a las disposiciones legales y técnicas existentes”, señala el documento.
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En ese proceso, es que la CGR puede improbar parcial o totalmente el presupuesto de una institución cuando ese plan de gastos incumpla normativa que rige en la materia.
La autonomía de la CCSS la libró de la llamada regla fiscal que impone un límite al aumento del presupuesto vinculado al crecimiento de la economía. Así lo determinó la propia ley de Fortalecimiento sumado a criterios de la Sala Constitucional.
No obstante, la entidad sí está obligada a respetar las nuevas reglas en materia de empleo público.
En ese sentido, el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, insiste en que el acuerdo de febrero se hizo bajo el marco de la legalidad y el primer reglamento de la ley, emitido en ese mismo mes.
No obstante, ahora pretenden someter ese acuerdo a un juicio de lesividad para que un juez determine si debe anularse por ilegal o no. Este fue otro punto del pacto de esta semana.
Sobre la presentación del proceso existen muchas dudas, una de ellas es el tiempo que podría tomar una resolución.
