La chatarrera Metales Tosha IP S. A. intentó reponer 1.050 mascarillas defectuosas que había entregado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con artículos de uso no médico, los cuales no son idóneos para proteger a médicos y enfermeras del contagio de la covid-19.

¿Qué sucedió? La compañía tenía que entregar, el 7 de junio, 316.000 tapabocas. Sin embargo, entre la mercancía llevada el 8 de junio al almacén central de la entidad había 1.050 unidades con empaques golpeados y mojados.

Ante esa situación, la Caja le pidió al proveedor reponer las defectuosas para así completar la cantidad requerida en el acuerdo inicial.

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Un mes después, el 8 de julio, el contratista envió el faltante, pero remitió productos de uso no médico y de una marca diferente a la aprobada durante la fase de contratación. Debía entregar del fabricante Foshan Henghui Sanitary Products, pero despachó de Shenzen Guoyan Industry.

Todos esos hechos constan en el expediente de ejecución de la contratación directa 2020CD-000115-5101 correspondiente a 316.000 cubrebocas por ¢88 millones.

Ante consultas de La Nación, Jorge Durán Rodríguez, representante de Metales Tosha IP S. A., alegó que las mascarillas no médicas que entregó las adquirió en el mercado local a un vendedor cuyo nombre no recuerda ante la urgencia de cumplir con el contrato e insistió en que esos 1.050 cubrebocas no se le pagaron.

“Entregué la totalidad de las cajas y yo tengo las fotos donde se devolvieron unas cajas que supuestamente venían golpeadas y mojadas, pero a mí me pagaron las cajas que yo entregué, no fue que yo me dejé plata de la CCSS, ni nada. Me devolvieron mil y un poquito, pero no fue que me las pagaron, la factura salió por lo que entregué.

“Ahora me mandaron una notificación, a raíz de esto, ahora la Caja está haciendo todo un show, y yo voy a ir a la audiencia, o sea, yo entregué, me rechazaron, perfecto, pero solo me pagaron lo que entregué”, expresó Durán.

Mientras que el gerente de Logística a. i., Esteban Vega de la O, dijo, en un correo electrónico, que no podía referirse a esa compra por la investigación abierta.

“Por el deber de confidencialidad que regula el procedimiento administrativo instaurado, no se puede ahondar en detalles sobre las particularidades de lo que se investiga, siendo que deberá respetarse el debido proceso en favor de la contratista, de conformidad con lo regulado en el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública”, dijo.

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Proveedor intentó cobrarlas

Los correos presentes en el archivo de la contratación permiten ver que Metales Tosha IP S. A. trató de cobrarle a la CCSS por la mercadería de uso no médico.

El primer intento se dio el 2 de julio. Ese día Jorge Durán Rodríguez, representante de la empresa, escribió un correo electrónico en el que anunció que ya tenía en el país mascarillas para completar el pedido y solicitó que le indicaran cómo facturarlas.

“Quiero aprovechar para hacerle la consulta, en la facturación anterior se nos canceló un monto diferente al facturado”, declaró Durán.

El segundo tanteo se dio el 24 de agosto: “Tenemos en este momento mascarillas para entrega inmediata. Usted nos indica si llevamos las 1.050 unidades faltantes y como (sic) las facturamos ya que nos parece que la orden de compra inicial ya está cerrada, no sé si hacen una orden de compra nueva o si utilizamos la anterior”.

En esa oportunidad, dijo tener hasta 850.000 mascarillas más para un nuevo negocio con el Estado.

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Frente a la negativa de completar el pedido, la Caja abrió, el 2 de setiembre, un procedimiento administrativo para establecer posibles sanciones contra la chatarrera.

De encontrarse responsable, se exponen a ser inhabilitados para futuras adquisiciones o sanciones económicas hasta por un 25% del contrato adjudicado.