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Dos de las cooperativas que ganaron la adjudicación para administrar Ebáis que hoy está bajo escrutinio judicial defendieron sus actuaciones, este lunes, luego de que trascendieran allanamientos y detenciones de altos mandos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Es el caso de Coopesiba y Coopesalud.
Coopesiba, que tiene a cargo la administración de los Ebáis de San Pablo y Barva de Heredia, manifestó en un comunicado estar confiada en que “ha actuado con transparencia, en estricto cumplimiento de la ley”.
Coopesalud también aseguró que se ha manejado apegada a la ética.
“Como ha ocurrido siempre, a lo largo de 35 años de prestación de servicios de salud para nuestras comunidades, el accionar de la cooperativa siempre se ha realizado bajo el más estricto cumplimiento de las leyes y de la ética”, agrega la nota de prensa.
Coopesalud atiende los Ebáis de San Miguel, San Rafael Arriba y San Rafael Abajo de Desamparados, además de otro en Pavas.
La investigación por el aparente sobreprecio en la adjudicación de contratos a cooperativas está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), la cual dirigió 28 allanamientos, producto de los cuales se realizaron ocho detenciones.
Entre las personas aprehendidas está la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel Rodríguez); la gerenta interina, María Gutiérrez, así como seis directivos y exdirectivos. Ellos figuran como imputados en una causa por los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
Coopesiba y Coopesalud fueron dos de las cinco cooperativas a las que, en una sesión extraordinaria el 6 de julio pasado, la Junta Directiva (funcionando bajo la figura de funcionario de hecho porque el cuórum no estaba completo), adjudicó la administración de los 138 Ebáis por un plazo de 10 años. Las otras cooperativas fueron Coopesana, Coopesaín y Asemeco.
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Alertas sobre precios de cooperativas para administrar Ebáis
La adjudicación de servicios de los Ebáis ha sido otorgada por la CCSS a cooperativas y universidades, las cuales han gestionado la atención en salud de los asegurados en los últimos 25 años en diferentes sitios del país. Se firma un contrato entre la CCSS y el prestador de servicios.
En este caso, sin embargo, surgieron algunas alertas.
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Hasta mayo anterior, se suponía que debía darse por resuelta la licitación 2023LY-000002-0001101142 por ¢178.000 millones anuales para administrar 10 áreas de salud con 138 Ebáis en Escazú, Santa Ana, Pavas, Desamparados 2, San Francisco-San Antonio, Tibás, La Carpio-León XIII, Barva, San Pablo y San Sebastián-Paso Ancho.
No obstante, luego se declaró infructuoso el concurso cuando, en ese mismo mes, la Junta Directiva de la Caja decidió pausar la decisión a la espera de informes por dudas planteadas sobre los estudios de razonabilidad de los precios que estaban cobrando las cooperativas por sus servicios.
Entre los documentos que despertaron esas dudas estaba un informe del Área de Contabilidad de Costos según el cual había un aumento “excesivo” del costo que pretendían cobrar las cooperativas en relación con los contratos actuales.
Luego de conocer un nuevo estudio firmado por una sola funcionaria, seis directivos avalaron la adjudicación, el 6 de julio.
