EscucharLas cooperativas de salud que concursaban por seguir a cargo de 138 Ebáis apoyaron la decisión de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de marzo de 2023, de anular el proceso de licitación que para entonces llevaba 17 meses de trámite. La medida resultó en un cartel con mejores condiciones para los oferentes.
La propuesta de anulación la lideró el entonces representante de los patronos en la Junta Directiva de la Caja, Roberto Quirós Coronado, uno de los ocho detenidos por la Fiscalía este lunes 23 de setiembre, como parte de la investigación por la adjudicación a cooperativas con aparentes sobreprecios.
Quirós renunció a la Directiva de la entidad en julio del año pasado, precisamente por cuestionamientos en torno a su propuesta de dejar sin efecto el concurso y tras negar que existiera algún conflicto de interés porque seis años atrás había sido abogado de una de las cooperativas de salud que presentaron ofertas.
El argumento para anular la licitación que había iniciado en octubre de 2021, fue que el cartel “no reunía las condiciones adecuadas”. Este había sido objeto de seis rondas de objeciones y aclaraciones ante la Contraloría General de la República.
En su pronunciamiento para respaldar la anulación, las cooperativas indicaron que se presentaron 282 objeciones que correspondían a “oportunidades de mejora en beneficio de los más de medio millón de asegurados”.
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Entre los reclamos, se destacó la posibilidad de reducir la atención a cuatro pacientes por hora, en lugar de cinco como pretendía la Caja, así como la oposición a inversiones consideradas “innecesarias”. También denunciaron la intención de eliminar servicios preventivos, como promotores de la salud, educadores físicos y enfermeros en salud mental.
Roberto Quirós insistió en ese momento en que el objetivo de reiniciar el proceso era elaborar un cartel que ofreciera mejores condiciones de horario, servicio y cobertura para los asegurados, así como ampliar los contratos por un periodo de 10 años en vez de cuatro. Además, afirmaba que el nuevo cartel podría generar un ahorro.
El nuevo proceso de licitación a cooperativas
La Caja anunció en noviembre del año pasado que comenzaría un nuevo proceso de contratación “bien planificado”.
La expectativa era que para mayo de este año se completara la adjudicación de los servicios de salud, cuyo contrato ascendía a ¢178.000 millones anuales para administrar diez áreas de salud con 138 Ebáis en Escazú, Santa Ana, Pavas, Desamparados 2, San Francisco-San Antonio, Tibás, La Carpio-León XIII, Barva, San Pablo y San Sebastián-Paso Ancho.
Sin embargo, a inicios de mayo, la licitación fue declarada infructuosa y se supo que la Junta Directiva de la Caja aplazaría la decisión en espera de informes, debido a que un grupo de directivos planteó dudas sobre los estudios de razonabilidad de los precios cobrados por las cooperativas.
Tras varios intercambios sobre esos estudios y luego de que algunas cooperativas ofrecieran descuentos en sus propuestas, la Junta Directiva solicitó a la Gerencia Médica reconsiderar la decisión.
Finalmente, el 6 de julio, en una sesión extraordinaria realizada un sábado, la cúpula de la Caja adjudicó la administración de los 138 Ebáis por un plazo de diez años a las cooperativas Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco.
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Esa decisión fue cuestionada por la Auditoría Interna de la Caja, que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Probidad por posible tráfico de influencias. La denuncia provocó los allanamientos y detenciones realizados este lunes, incluyendo la aprehensión de la presidenta ejecutiva de la entidad, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez.
También fueron detenidos la gerenta general interina, María de los Ángeles Gutiérrez, así como cuatro directivos y dos exdirectivos, entre estos últimos, Quirós Coronado.
En relación con estas diligencias judiciales, el fiscal general, Carlo Díaz, señaló que la denuncia recibida de la Auditoría Interna de la Caja señala el involucramiento de los directivos para desechar el proceso de 2021.
“Aquí se denunció una injerencia directa de la Junta Directiva de la CCSS para adjudicar una licitación en detrimento de una que llevaba más de dos años de estar en curso.
“Con esta nueva licitación se causa un perjuicio al Estado de más de ¢12.400 millones al año. Esta investigación tiene el respaldo de la Auditoría de la CCSS, que presentó la denuncia, pero también de la Contraloría General de la República que hizo sus observaciones e informes en la misma”, explicó Díaz.
Por su parte, las cooperativas manifestaron que han actuado con transparencia y en cumplimiento de la ley.
