EscucharLas cooperativas que ganaron un proceso de adjudicación para administrar diez áreas de salud en las que hay 138 Ebáis de la Gran Área Metropolitana detectaron una grave omisión de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a la hora de hacer los análisis de costos.
Alberto Ferrero, gerente de Coopesalud, denunció que, al comparar los salarios que cotizaron las cooperativas contra los que paga la CCSS, solo se contabilizaron las diferencias de los casos en que la remuneración de los oferentes era mayor a la definida por la entidad pública. Eso, según el vocero, distorsionó los resultados de la comparación de costos y afectó el proceso de contratación.
Por ejemplo, según el análisis elaborado el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS, Coopesana, administradora del Área de Salud de Escazú, ofertó un salario mensual de ¢2.370.000 para un médico general con una plaza denominada G1 y la remuneración que paga el ente público a ese mismo galeno es de ¢2.590.473 por mes. La remuneración de la Caja es ¢220.473 superior a la planteada por Coopesana, pero los funcionarios que realizaron el estudio de costos no contabilizaron esos montos.
Ese tipo de omisiones se repite en decenas de puestos de los comparativos de las Áreas de Salud de Barva y San Pablo, en Heredia; de Escazú, Santa Ana, San Francisco, Carpio-Leon XIII, San Sebastián-Paso Ancho, Pavas, Desamparados II y Tibás, en San José; las cuales atienden a 600.000 asegurados, aproximadamente.
Si no se hubiera omitido esas diferencias, de acuerdo con Coopesalud, el análisis de costos reflejaría un ahorro para la CCSS de ¢50.000 millones durante los diez años que estarán las áreas de salud en manos de las cooperativas.
Ferrero enfatizó que, en reiteradas ocasiones, han pedido explicaciones a la CCSS sobre por qué se omitieron esas diferencias y no les han contestado.
Además, criticó que en los casos en los que los salarios ofertados por las cooperativas eran mayores a los desembolsados por la Caja sí se registraron y sumaron las diferencias.
Desde mayo, La Nación solicitó una entrevista con Azyhadee Picado Vidaurre, jefa del Área de Contabilidad de Costos, para conocer la metodología utilizada y hacer varias preguntas, pero la entidad se ha negado a dar una cita.
Obstáculo para la contratación
Desde mayo, las cooperativas mantienen un pulso con el Área de Contabilidad de Costos de la CCSS por el análisis de costos firmado por Picado, jefa de ese departamento, en el que se señaló que los precios ofertados por las cooperativas son “excesivos” y, por lo tanto, no se debe avanzar con la contratación.
De acuerdo con Picado, la Caja pagó, en promedio, ¢29.200 millones anuales en los últimos cuatro años por la administración de los centros médicos ubicados en las diez áreas de salud mencionadas. Ese monto incluye mano de obra, materiales y suministros, gastos indirectos, alquileres y utilidades.
No obstante, según el Área de Contabilidad de Costos, el pago promedio subiría a ¢53.300 millones por año, aproximadamente, sin que exista una mejoría en el servicio, en el alcance o algún otro rubro. Picado añadió en su análisis que existen defectos en el cartel de licitación, pues se permitió la inclusión de personal administrativo que eleva el precio de las ofertas.
La principal consecuencia de ese criterio fue que la Junta de Adquisiciones de la CCSS, integrada por todos los gerentes de la institución, recomendara declarar infructuosa la licitación, pero el 6 de julio anterior la Junta Directiva de la CCSS decidió, en una sesión extraordinaria, adjudicar las diez áreas de salud por ¢471.000 millones.
Esa decisión provocó un conflicto interno en la CCSS, pues al final la decisión de la Junta Directiva se basó, exclusivamente, en el criterio de María Gutiérrez, asesora de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS y directora de Proyección de Servicios de Salud.
La Auditoría Interna de la CCSS cuestionó las competencias de Gutiérrez para emitir un criterio financiero y una recomendación para la adjudicación, ya que el Área de Contabilidad de Costos y la Gerencia Financiera definieron las ofertas como excesivas.
En esa línea, la Auditoría Interna denunció el caso al Ministerio Público. El martes 23 de julio, la oficina de prensa de la Fiscalía confirmó a este diario que el caso se tramita bajo el número de expediente 24-000267-1218-PE por el presunto delito de tráfico de influencias y que, por ahora, no hay imputados identificados.
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Además de la causa judicial, la Contraloría General de la República también abrió una investigación administrativa desde el 10 de julio, para precisar si existieron irregularidades en la adjudicación.
