Alrededor de un 60% de quienes se enferman de covid-19 son personas que trabajan como peones agrícolas o de la construcción, empleadas domésticas, guardas, misceláneos, vendedores informales o que se declaran inactivos laboralmente.

Estas personas son adultos jóvenes y adultos, entre los 20 y 49 años, las edades donde se reportan más enfermos por esta causa en el país, y la población que también contagia más a otros por estar movilizándose con mayor frecuencia debido a sus características socieconómicas.

Entre esos grupos, quienes más se infectan con el nuevo coronavirus tienen entre 20 y 29 años; seguidos por las personas que se encuentran en la siguiente década de vida.

Los registros del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), describen esos perfiles ocupacionales cuando se elaboran las historias clínicas de quienes acuden por atención.

Estos datos los lleva el Área de Estadística en Salud, de la CCSS, explicó Guiselle Guzmán Saborío, jefa de Salud Colectiva, en esa institución.

“Un poquito más del 40% (de los enfermos) aparece en nuestro EDUS como inactivo laboralmente. Después le siguen, con 11,6%, quienes se dedican a trabajo doméstico, misceláneos, guardas y peones agrícolas o de la construcción.

“Son gente con el nivel socioecónómico más bajo, asociado a un perfil ocupacional más de servicios y de operarios. Ellos, además, están presentando una mayor descompensación de sus enfermedades crónicas, lo cual está relacionado con un mayor nivel de severidad clínica de covid-19″, explicó Guzmán.

Esto último probablemente se deba a barreras en el acceso a los servicios de salud, como la falta de algún tipo de aseguramiento.

“La población más vulnerable, más pobre, con menos trabajo, la que tiene más privación social es la que tiene las enfermedades más descompensadas”, reafirmó la especialista.

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Las otras categorías ocupacionales en las que se clasifican los enfermos incluyen a oficiales, operarios y artesanos (alrededor de un 6%), los trabajadores de servicios básicos, como cocineros, policías, vendedores de tiendas, demostradores, dependientes de mercados o supermercados (4,6%), y personal administrativo, como secretarias y administradores (5% del total de enfermos).

Luego siguen los técnicos y profesionales (5%), y el resto se distribuye en grupos más pequeños, en donde están categorías profesionales y científicas, explicó Guzmán.

“Aproximadamente, un 60% de los enfermos están inactivos o pertenecen a grupos de bajos ingresos y con un índice social menor. Eso es parte de la desigualdad.

“Un estudio inglés de mayo (Cochrane Iberoamericana, 7 de mayo), con datos de 17 millones de pacientes británicos, encontró que, entre los principales factores de muerte por covid, están los que se relacionan con el índice de privación social, y esto eleva al doble el riesgo de mortalidad”, explicó Guzmán.

Según la especialista de la CCSS, esto también confirma lo que se está viendo en el perfil costarricense: las personas que están requiriendo hospitalización y registran una mayor mortalidad, tienen enfermedades crónicas descompensadas y forman parte de los grupos afectados por una gran inequidad social.

Hacia la comunidad

La segunda ola pandémica de covid-19 en el país se ha ensañado más con la población más vulnerable social y económicamente, según han reconocido expertos.

Al inicio de la emergencia nacional, los principales afectados eran turistas extranjeros o costarricenses que venían de viajes de placer o trabajo al exterior, pertenecientes a sectores de altos ingresos.

En mayo, peones agrícolas, transportistas centroamericanos, y trabajadores de bajos ingresos residentes en cuarterías y precarios de la Gran Área Metropolitana (GAM) se han convertido en las víctimas de esta enfermedad respiratoria.

Tener descrito un perfil ocupacional, y la ubicación por edad y procedencia, de estos enfermos, le ha permitido a la Caja montar una estrategia de abordaje comunitario.

“Hemos venido trabajando de cerca con el Ministerio de Salud para enfocarnos en las comunidades. Los tamizajes se hacen con criterio epidemiológico basados en un índice de vulnerabilidad.

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“Dentro de los indicadores de ese índice está la parte demográfica; por ejemplo, cuando hay mayor hacinamiento o personas adultas mayores en una comunidad, y también por condición de riesgo social. La ficha familiar de la CCSS tiene un índice de riesgo. Ahí se incluye el acceso a agua potable, que los menores estén en el sistema educativo, y hasta el número de aposentos que tenga la vivienda”, explicó Guzmán.

Llegar de manera más focalizada a estas personas es uno de los objetivos de las instituciones que participan en el abordaje de esta pandemia en el país.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) prepara una estrategia para acercar el mensaje de prevención a estos grupos, pues se ha detectado que estas personas no tienen el mismo nivel de acceso a la información que otros.

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El distanciamiento físico promovido desde el inicio de la emergencia nacional, en marzo, no funciona de la misma manera en núcleos familiares que habitan en una sola habitación, sin acceso a servicios básicos como agua potable o electricidad.

Esta situación ya ha sido detectada, y se está trabajando en el abordaje para contener el aumento de enfermos y el riesgo de muerte entre esos grupos, reconocieron las autoridades de Salud.