EscucharLa Defensoría de los Habitantes emitió este miércoles los resultados de un análisis de informes y gestiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre las listas de espera a partir del cual concluye que “tiene más dudas que respuestas en cuanto a la efectividad y sostenibilidad de las propuestas”.
A la Defensoría le preocupa la ausencia de claridad sobre si el planteamiento anunciado tiene o no el aval de la Junta Directiva o si existen los estudios financieros y jurídicos respectivos, como en el caso del plan de copago.
En el plan presentado por la Caja en noviembre, predominan las jornadas de producción como medida extraordinaria para atender la emergencia, pero no hay acciones estructurales definidas para evitar el incremento de la lista o mejorar la oferta para atender la demanda de los pacientes.
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“Se atiende la fase aguda del problema pero no se generan propuestas claras que intervengan en su prevención. Llama la atención de la Defensoría que no se observa que se propicie un funcionamiento de la atención en salud en red, sino que se mantiene una operación fragmentada.
“En otras palabras, no existen propuestas de trabajo coordinado en red en el sentido de que los usuarios en listas de espera críticas puedan ser atendidos indistintamente de la red a la que pertenecen”, afirma la Defensoría.
En su análisis, la Defensoría también encontró lo siguiente:
- Plazos previstos para atender la fuga de médicos especialistas están vencidos desde noviembre del 2023.
- No existe un plan para financiar a la CCSS, en particular sobre la deuda estatal.
- Discrepancias internas entre su órgano político, la Junta Directiva, y el gerencial y técnico, que genera choques.
- Problema de gobernanza: en un año, la CCSS ha tenido tres gerentes médicos y tres coordinadores de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE).
- Las acciones contra listas no integran el aprovechamiento de los tres turnos de atención.
- Tampoco se menciona la existencia de estudios de uso eficiente de tiempo del personal de salud, en particular en los servicios de quirófanos.
- No existe claridad en la forma en que se espera la articulación con el sector privado para mejorar el acceso de la población a los servicios de salud.
- No hay reglas ni sistema de control adecuado para utilizar los recursos disponibles en forma eficiente.
- La propuesta de ruta parece una iniciativa institucional, sin definir la participación de los diversos actores sociales que tienen relación directa con la CCSS como la sociedad civil, los sindicatos, los colegios profesionales y la academia.
- Resulta indispensable la contabilidad de costos institucionales para establecer las tarifas de los modelos propuestos como la tercerización y el pago de servicios institucionales.
- Las propuestas para retener en la CCSS a los médicos especialistas son débiles y poco estructuradas.
- Se hace necesario revisar los contratos de retribución social en cuanto al monto de garantía que asumen los especialistas.
- Las regulaciones del acceso universitario a las especialidades médicas deben unificarse en una sola norma nacional a cargo del Ministerio de Salud.
La Nación envió consultas a la CCSS sobre el llamado de la Defensoría y se está a la espera de respuestas.
