EscucharLos recortes en educación anunciados para el 2025 por el Ministerio de Hacienda tendrán seis impactos que agravarán la crisis que viven estudiantes, personal docente y administrativo en escuelas y colegios de todo el país.
La Defensoría de los Habitantes advierte que la reducción de los fondos llevará al incumplimiento del Pacto Nacional de la Educación, lo cual impactaría en al menos seis formas:
- Afectará la posibilidad de alcanzar el currículo completo en escuelas y colegios.
- Deteriorará aún más la infraestructura educativa.
- Podría aumentar el plazo de retraso en el pago de salarios.
- Tendrá un impacto significativo en la inclusión de personas con discapacidad al sistema educativo por falta de nuevos códigos docentes.
- Traerá graves problemas a las Juntas de Educación y Administrativas para cubrir servicios básicos como agua y luz.
- Debilitará el presupuesto de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas y promoverá la exclusión estudiantil.
Esta información la envió la Defensoría al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, a la ministra de Educación, Anna Katherina Müller, y al ministro de Hacienda, Nogui Acosta. En la carta, les advierte de que el recorte al presupuesto repercutirá “de manera negativa” en cada centro educativo.
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“Costa Rica no ha cumplido con lo estipulado por la legislación vigente durante los últimos cinco años. El año en que más se acercó fue 2019, con un 7,8%. Sin embargo, este porcentaje ha disminuido paulatinamente año tras año, lo que afecta directamente los Programas de Equidad (alimentación y transporte estudiantil), Educación Inclusiva (contratación de docentes de apoyo) e Infraestructura Educativa (órdenes sanitarias)”, citó la Defensoría en un comunicado de prensa.
Según datos de la Contraloría General de la República, en 2024 el presupuesto de educación representó el 5,2%.
Los recursos del Programa de Equidad, señala la Defensoría, cayeron de forma constante en los últimos años. En 2022, disminuyó en un 11% en comparación con el 2021, y el año pasado cayó un 2%.
Aunque entre el 2018 y 2022 creció el número de estudiantes con algún beneficio, en el 2023, 15.257 niñas, niños, adolescentes y adultos dejaron de recibir apoyos. Esto, según la Defensoría, refleja una disminución del -1,5% de la tasa de variación en comparación con el 2022.
“La Defensoría también realiza una investigación estructural relacionada con la problemática en torno a la gestión del talento humano por parte del MEP (Ministerio de Educación Pública), situación que afecta los derechos laborales fundamentales de los trabajadores y, en consecuencia, la trascendental labor que cumplen como responsables del sistema público de educación de la niñez, adolescencia y juventud costarricenses”, dijo la institución.
Presupuesto de educación caería más para 2025
Hace seis días, trascendió que el presupuesto del MEP para 2025 será de solo un 4,9% del PIB, el más bajo en los últimos 10 años. En 2020, el MEP recibió el 7,3% del PIB, un porcentaje cercano al 8% que, según la Constitución Política, debe destinarse a la educación. Sin embargo, desde entonces, este porcentaje ha disminuido, alcanzando ahora solo el 4,9%.
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El gobierno del presidente Rodrigo Chaves envió el 30 de agosto a la Asamblea Legislativa el Presupuesto Nacional 2025, donde se le asigna ¢2.580.414 millones al MEP; ¢5.800 millones menos que lo asignado en 2024.
El presupuesto del MEP incluye los recursos destinados al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que financia a las cinco universidades públicas. Para cumplir con esta obligación constitucional, el gobierno asignó ¢576.087 millones, la misma cantidad que el año anterior.
El incremento del 0% en los recursos se debe a la falta de un acuerdo con los rectores de las universidades. Ahora, será la Asamblea la que defina el monto final.
