Una ley obsoleta y la falta de capacidad para aumentar la frecuencia y reforzar las inspecciones, deja al Ministerio de Salud muy mal parado como vigilante de la calidad del transporte de enfermos, tanto en el sector público como privado.
Dos de las empresas más grandes del país que ofrecen dichos servicios, demandan mayores controles y vigilancia de parte de esa entidad. Según dicen, este tipo de traslados “está por la libre”.
Lo anterior significa, según sostienen, la falta de una garantía real sobre la calidad de los vehículos que sirven de ambulancia según su nivel de complejidad (soporte básico, intermedio o avanzado), sobre su equipamiento, y la preparación del personal responsable de cubrir las urgencias.
“El que una ambulancia tenga el permiso de Salud hoy no garantiza nada. La ley actual se quedó muy atrás. El 99% de las emergencias de este país se atienden con ambulancias básicas, con solo el chofer a cargo del paciente”, aseguró Carlos Jiménez Marín, presidente de la compañía Soporte Vital.
Carlos Monge, gerente de Emergencias Médicas, considera que la decisión tomada hace unos años de regionalizar ese control más bien lo debilitó.
“Cuando usted le da responsabilidad a las Áreas de Salud sin darles la capacidad adecuada, cualquiera da el permiso a como le parezca el ojo”, dijo Monge, quien estimó que la calidad de la atención depende en la actualidad del criterio de cada empresa. Esto, advirtió, es un riesgo para los pacientes.
Se intentó conversar con alguna autoridad de Cruz Roja sobre este tema, pero no fue posible contactar a algún vocero antes del cierre de edición.
La Nación consultó a Salud sobre las cifras de compañías y ambulancias autorizadas para proveer estos servicios a escala nacional, pero el dato no está centralizado: cada oficina regional lo maneja por aparte, lo mismo que las denuncias o sanciones.
Nuevo intento
Por segunda vez en los últimos cinco años, ese Ministerio inició la revisión de la normativa vigente para actualizar la atención prehospitalaria en el país, la cual incluye el consabido transporte, informó César Gamboa Peñaranda, de la Dirección de Garantía de Acceso a los Servicios de Salud.
La atención prehospitalaria o extrahospitalaria es la que reciben las personas antes de llegar al hospital, cuando sufren una emergencia en sus casas o en las vías públicas.
En el primer intento, que reunió a expertos de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Cruz Roja y Bomberos –entre otros cuerpos de socorro–, no se llegó a nada, pues los cambios no se aplicaron, denunció Monge.
Mientras las nuevas disposiciones quedan en firme, lo cual se espera para el 2018, los servicios de ambulancia terrestre, aérea o marítima están normados por un Reglamento General de Habilitación, que permite al Ministerio de Salud dar permisos de cinco años, explicó Gamboa.
Monge calificó esa habilitación como “un permiso de papel”, pues en la práctica no garantiza nada a quien reciba el servicio. Las inspecciones en ese plazo prácticamente son inexistentes.
“Hay empresas que se aprovechan de la situación, sin cumplir con los estándares. Esto está muy a la libre aún”, agregó Jiménez.
Gamboa admitió que el transporte aéreo y marítimo de pacientes no está regulado y de ahí la importancia de actualizar la normativa, ante el alza en la cifra de empresas que dan el servicio.
Según dijo, el Reglamento de Atención Extrahospitalaria para Pacientes en Costa Rica, está desactualizado. La intención es revisar los componentes físico-sanitarios y ponerse al día en el tema del equipo y el personal a cargo de una ambulancia.