EscucharLa pérdida de fuentes de empleo en muchos hogares es una de las causas que se han identificado entre los principales detonantes del abandono de adultos mayores en el país. Solo en el primer semestre de este año, la cantidad de ancianos dejados a su suerte por sus familias creció un 20% en relación con los números registrados en todo el 2020 por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), institución rectora en este tema.
Entre enero y junio, 181 ancianos fueron víctimas de abandono, principalmente en hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), informó el presidente de la Junta rectora del Conapam, Dennis Angulo. En todo el 2020, las víctimas atendidas por esa causa fueron 152 personas.
De los 181 adultos abandonados hasta junio anterior, 127 fueron dejados en hospitales (hubo 103 en el 2020), 18 fueron encontrados en la calle, 23 eran personas que quedaron sin vivienda por alguna causa (incendio, por ejemplo), y 3 eran privados de libertad. Otros 8 fueron referidos por diferentes áreas de salud, y 2 fueron abandonados en otros sitios.
Aunque este problema se ha venido detectando desde hace tiempo, los dos primeros años pandémicos han dejado más de 300 adultos mayores en esa condición.
Angulo asegura que los estudios de caso realizados por profesionales en Trabajo Social, tanto del Conapam como de la CCSS, apuntan a los problemas económicos como la principal razón para que los parientes de estas personas renuncien a su cuido y decidan dejarlos en manos del Estado.
La compra de pañales, medicamentos o comida especial, así como aparatos de soporte en el cuido (camas ortopédicas, sillas de ruedas, andaderas y otros), de un alto costo para familias pobres, motivan a muchas a tomar esa decisión.
Angulo no precisó cuántos de esos casos han sido llevados a los Tribunales para sentar un precedente legal, pero recordó que esto es posible desde que existe la ley 9.857, firmada por el presidente de la República, Carlos Alvarado, el 15 de junio del año pasado.
Esa ley castiga el abandono de nuestros ancianos con penas de cárcel entre un mes y diez años: la pena sería de 6 a 10 años de cárcel cuando el abandono lleve a la muerte de la persona adulta mayor; entre 3 y 6 años, cuando cause daños graves en su salud; y entre 6 meses y 3 años, cuando se ponga en peligro la salud física o psicológica.
Las víctimas, explicó Dennis Angulo, son, en su gran mayoría, adultos mayores enfermos, muy dependientes de la ayuda de otros para resolver sus necesidades básicas, como comer, vestirse, asearse o ir al baño.
Angulo aclaró que, a pesar de que las causas económicas relacionadas con pobreza y desempleo son la razón número uno, no dejan de detectar historias en donde familias de mayor poder adquisitivo también abandonan a sus ancianos. “Es un asunto de empatía y solidaridad”, dijo.
Desafíos múltiples y complejos
Actualmente, casi un 13% de la población costarricense supera los 65 años de edad. Según el Conapam, esto representa poco más de 626.000 personas; una cifra con tendencia al crecimiento. Se calcula que un 25% de la población tendrá más de 65 años en el 2050.
De acuerdo con esa misma entidad, un 25% de la población adulta mayor (PAM) vive en pobreza o pobreza extrema. De ellos, 14% vive solo o sola, sin el cuidado de algún pariente.
Milena Bolaños Sánchez, directora del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, se unió al llamado a la reflexión que el país necesita hacer para asegurar a los actuales y futuros adultos mayores mejores condiciones de vida. Para ella, los problemas de los adultos mayores no se resuelven con más hospitales. Según dijo, se abordan con un cambio de actitud que frene la indiferencia, la desintegración, al abuso, la violencia, la soledad y al abandono.
“Se requieren intervenciones mediante políticas públicas que posibiliten una atención integral de esta población de manera que se logre abordar todas sus necesidades, las cuales van más allá de los requerimientos de la atención que se les brinda en las sedes de Ebáis, áreas de salud y hospitales”, acotó Bolaños.
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El Conapam, como ente rector de todos los asuntos relacionados con las PAM, trabaja en una nueva Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, que sería presentada al final de octubre, el mes del Adulto Mayor, o a principios de noviembre, dijo Angulo.
Esa política visualiza varios escenarios, incluido el de garantizar empleo y acceso al crédito a esta población, así como la posibilidad de integrar a Estado, comunidad y empresa privada en la generación de espacios donde se aproveche la experiencia acumulada por los adultos mayores en beneficio de toda la sociedad.
También se procura avanzar en una reforma a la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor para fortalecer el músculo al Conapam, que le permita dar el apoyo necesario que presentan los nuevos desafíos del envejecimiento.
“Estamos tratando de hacer una reforma para tener más fondos que permitan más alcance para los programas que tenemos. Pero este tema no es solo del Conapam, aquí todas las instituciones deben estar involucradas con el envejecimiento de la población.
“Estamos proponiendo unidades geriátricas en los hospitales; la empleabilidad tratando de generar capacitación para los mayores de 65 años que quieran seguir en el mercado laboral, y obviamente toda la parte de derechos, en la que se ha avanzado mucho en Costa Rica”, explicó Angulo.
Con esa reforma, el Conapam se convertiría en una institución autónoma, con mayor contenido económico para dar soporte a sus programas. Uno de los principales, la red de cuido del adulto mayor.
