EscucharEn Nueva York, una diplomática y su familia enfrentan una factura por $47.000 (¢24,1 millones) por la atención de un embarazo con complicaciones. En Washington, otra funcionaria del Servicio Exterior encara cobros por $16.000 (¢8,2 millones) por varios servicios médicos para tratar una depresión. En Bogotá, Colombia, una familia debe ingeniárselas para pagar con su dinero terapias físicas y de lenguaje para su hija con autismo.
Todos estos diplomáticos de carrera, y otros que pidieron no publicar sus historias por temor a represalias, sufren por las limitaciones de un seguro médico internacional que excluye la cobertura de múltiples enfermedades, accidentes por riesgos del trabajo, colisiones, atropellos o lesiones durante la práctica de deportes o actividades recreativas.
Todos los meses, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto rebaja a los funcionarios destacados en el extranjero el 5,5% de sus salarios para aportarlo, como establece la ley, al Seguro de Enfermedad y Maternidad. Esa cotización les brinda el derecho de ser atendidos en los servicios médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como cualquier otro trabajador.
No obstante, por desempeñar sus funciones fuera de Costa Rica, es imposible que los 200 diplomáticos y sus familias reciban atención de la Caja en caso de enfermedad, accidente, maternidad u otros.
Para remediar esa situación, la Caja firmó, años atrás, un convenio con la Cancillería y decidió pagar, a través del Instituto Nacional de Seguros (INS), un seguro médico internacional para los diplomáticos y algunos funcionarios de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) que laboran fuera del país.
No obstante, aunque la póliza le costó a la CCSS $3 millones (¢1.542 millones, aproximadamente) solo en el 2023, esta excluye una larga lista de situaciones.
Según el contrato vigente para el año pasado, no están cubiertas atenciones por accidentes de tránsito de cualquier tipo, causados o no por el asegurado, lesiones o accidentes en actividades deportivas o recreativas, accidentes en el trabajo, evaluaciones de rutina como exámenes de sangre, mamografías, electrocardiogramas y exámenes de la vista.
Tampoco los atienden por alopecia, pie plano, problemas de salud ligados al sobrepeso, disfunción eréctil y cualquier enfermedad preexistente que no fuera declarada antes de iniciar la misión diplomática.
Además, los límites de cobertura se definen por padecimiento y, según varios funcionarios consultados, son bajos, en especial para Estados Unidos, Europa y Asia, donde la atención médica es onerosa. Por ejemplo, para gastos dentales de cualquier tipo solo tienen derecho a $220 (¢113.000) por año.
Pagan de su bolsillo
De acuerdo con el contrato, el INS paga por una cesárea hasta $18.750 (¢9,6 millones) y hasta $7.500 (¢3,8 millones) por “complicaciones durante el embarazo”. Cualquier monto por encima de eso debe ser cubierto por el asegurado.
Ese es el caso de Andrea Arroyo, quien labora para el consulado en Nueva York. Luego del nacimiento de su hija menor, en febrero de 2023, recibió un cobro por $47.000 (¢24,1 millones) por la atención del parto, en el que se presentaron varias complicaciones.
Arroyo, de 44 años, explicó que solo la primera cita para verificar la condición de embarazo y la valoración inicial costó $3.500 (¢1,7 millones). Esa consulta médica ocurrió en julio de 2022 y volvió a recibir un control prenatal hasta noviembre del 2022.
“Parte de que mi embarazo haya sido de alto riesgo es porque pasaron cuatro meses sin que yo tuviera controles médicos; eso está muy mal”, comentó la diplomática.
Para hacerle frente al cobro, su familia tuvo que suscribir un arreglo de pago con el centro médico y echar mano de créditos.
Samy Araya, una diplomática costarricense de 48 años, destacada en Washington D. C., también afronta facturas por $16.000 (¢8,2 millones aproximadamente) por servicios médicos que incluyeron su hospitalización para tratar una depresión severa.
La cobertura dispuesta en el seguro pagado por la CCSS para los diplomáticos fija un techo para “tratamientos médicos de enfermedades mentales y estrés” de $1.500 (¢771.000), lo cual fue insuficiente en el caso de Araya.
Otro obstáculo, según los funcionarios consultados, es que para obtener los servicios médicos deben escribir o llamar a una aseguradora subcontratada por el INS que está en Argentina. Ese procedimiento, según narran, complica la atención, en especial en emergencias.
Araya detalló que ese modelo de aseguramiento funciona similar a un seguro de viaje y que, por lo tanto, ellos deben cancelar las facturas una vez recibidos los servicios y luego el INS les reembolsa el dinero. En su caso, solo recibió $1.500 y sus atenciones ascendían a $16.000.
Ante los cobros que llegan a su casa, reclamó la diferencia a la CCSS, pero la entidad utiliza su tarifario para reconocerle esos gastos.
“Por ejemplo, si me hicieron un electrocardiograma y la factura dice que me cobraron $300 (¢154.000), pero en el tarifario de la Caja indica que cuesta ¢70.000, solo me pagan esa cifra, nada más”, declaró.
Añadió que, desde meses atrás, mantiene un proceso administrativo ante la CCSS para que le paguen la totalidad de los gastos médicos.
El seguro médico internacional, creado en 2006, responde a una orden emitida por la Sala Constitucional en 2005, cuando dos diplomáticos reclamaron que si ellos cancelaban de forma puntual las cuotas a la Seguridad Social se les debía cubrir la atención médica.
Menores de edad desprotegidos
Un análisis de la Dirección Actuarial de la CCSS, emitido en noviembre anterior, señala que solo en 2022 fueron aseguradas bajo esa modalidad 357 personas, de las cuales un 21% eran menores de edad (hijos o dependientes de los diplomáticos).
Algunos de esos menores y sus padres han tenido que enfrentar la incertidumbre de no saber si serán atendidos o no ante problemas de salud.
Ese es el caso de una funcionaria del servicio consular en Estados Unidos que prefiere mantener en reserva su identidad. En noviembre de 2023, durante una práctica en una academia de fútbol, su hijo, de 15 años, sufrió una lesión de rodilla que requería una cirugía y ocho meses de terapia física, pero esas intervenciones están excluidas del seguro.
La mujer relató que antes de llevar a su hijo a valoración médica tuvieron que esperar dos horas para que la aseguradora los autorizara a ir a un centro médico. Una vez allí le hicieron una radiografía, descartaron una fractura y programaron una cita de seguimiento.
“En la cita de seguimiento la ortopedista nos dice que debemos hacer una resonancia magnética, porque hay cosas que ella sospecha y que podría haber problemas en los ligamentos. Cuando nos dan los resultados, lo que me dicen es que mi hijo tiene roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y un daño en el menisco.
“De inmediato, la doctora me comenta que si quiero que mi hijo siga en actividades deportivas y que si quiero evitarle lesiones más graves en el futuro se debe operar y el procedimiento cuesta $35.000 (más de ¢17 millones).
“Nosotros enviamos la solicitud de cirugía y nos respondieron, en enero del presente año, que no; que lo rechazan y nos mandan la cláusula con el motivo”, relató.
Con esa noticia valoraron enviar al menor junto a su papá a Costa Rica para ser atendido por la CCSS, pero eso representaba interrumpir su educación y dividir la familia, entre otros problemas. Finalmente, después de semanas de consultas, podrán operar a su hijo por medio de un seguro pagado por la academia de fútbol. Si no hubiese encontrado esa opción, el menor seguiría sin atención médica.
Al sur del continente, en Bogotá, Colombia, una familia también afronta problemas de este tipo, pues su hija, de diez años, es una persona con trastorno del espectro autista; esa condición afecta su desarrollo físico y su lenguaje. Para contrarrestar esos efectos, debe asistir a terapias, pero de nuevo el seguro tiene un límite y alcanza para pocas sesiones.
El padre y la madre de la menor, quienes pidieron no revelar sus nombres, contaron que el año pasado el dinero del seguro solo alcanzó para cuatro meses de terapias y este año, aseguraron, ocurrirá lo mismo.
“Las terapias para ella son necesarias. Ninguna de ellas es porque queremos tener a nuestra hija todo el tiempo en terapias, se requieren porque su tono muscular es bajo. Además, necesita mejorar su motricidad gruesa”, detalló la madre, quien solicitó mantener su nombre en reserva.
El padre de la menor subrayó que este problema no es nuevo, ya que se lo comunicaron a los ministros de Relaciones Exteriores y Culto del gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2020-2022).
“Mi hija es una menor de edad con una discapacidad cognitiva, hay muchas leyes de protección a menores que le aplican y en la Cancillería la respuesta es nula”, enfatizó.
Convenio médico bajo revisión
Por medio de su oficina de prensa, Arnoldo André Tinoco, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, dijo que el convenio con la CCSS se encuentra en revisión desde 2022.
Agregó que, desde 2015, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto expresó a la Caja “la necesidad de mejorar una serie de aspectos” relacionados con la atención médica de los diplomáticos en el extranjero.
“Se han solicitado mejoras en asuntos de maternidad, cobertura de VIH, compra de medicamentos, incorporación de las farmacias a la red de proveedores y cobertura odontológica”, detalló.
Añadió que también se pidió que se brinde una “cobertura total” en casos de maternidad. En octubre de 2022, André envió una nota a Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, en la que expuso sus preocupaciones sobre este asunto y mencionó dos casos de funcionarias que no tenían los recursos para hacer frente a sus partos en el exterior.
En noviembre, Vilma Campos, gerenta administrativa de la CCSS, respondió que “considera que dentro de las posibilidades económicas se brindan en la actualidad servicios médicos aptos y adecuados” y añadió que están “en la mejor disposición de revisar y analizar la viabilidad de las peticiones”.
El costo para la CCSS
El estudio de la Dirección Actuarial llama la atención sobre el crecimiento del gasto relacionado con la póliza para diplomáticos. En 2018, el seguro costó $2,5 millones y el año pasado alcanzó $3 millones.
El monto que paga la Caja por asegurar a cada diplomático o sus familiares depende de la edad, las enfermedades preexistentes reportadas y otros factores. En 2022, la prima inicial osciló entre $690 (¢354.000 aproximadamente) para un menor de entre cero y dos años, y $9.495 (¢4,8 millones) para un hombre de entre 81 y 90 años.
Además de eso, la Caja debe cancelar montos de recargo si el asegurado declaró enfermedades preexistentes. En uno de los casos (una mujer de 77 años), el monto de recargo asciende a $116.000 (¢59,6 millones).
La Dirección Actuarial recomendó que el Poder Ejecutivo, como patrono de los diplomáticos, aporte la diferencia que resulte entre las cuotas obrero-patronales y el costo total de la póliza.
Para el Seguro de Enfermedad y Maternidad, los trabajadores aportan el 5,5%, los patronos el 9,25% y el Estado el 0,25%.
