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Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público conocerán este jueves una moción para investigar la contratación de 12 millones de mascarillas a dos empresas sin experiencia, por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En suma, las dos compras eran por $4 millones.
Una contratación adjudicada el 27 de mayo anterior fue asignada a David Landergren Castro, contador público costarricense, mientras que la segunda se otorgó a MR Comunicaciones Políticas, propiedad de la periodista española Miren Martínez Ruiz.
Ninguno había ganado contratos con la CCSS antes de la pandemia. Tampoco existe evidencia de que contaran con experiencia en el suministro y distribución de equipo de protección personal para centros hospitalarios.
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Además, como confirmó la CCSS a La Nación, solo han recibido el 17,5% de las mascarillas encargadas a esos oferentes.
Todos esos elementos fueron los que motivaron a legisladores que integran la Comisión a presentar al menos dos mociones, las cuales están a la espera de su votación.
La mociones para la apertura de la pesquisa fueron presentada por el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, con apoyo de otros diputados y diputadas; y por la independiente Ivone Acuña, junto con otros legisladores.
Los congresistas convocarían a los adjudicatarios: David Landergren Castro y Miren Martínez Ruiz.
Además, incluyeron en la lista a Roman Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS; Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística de la CCSS, y Hans Vindas Céspedes, asesor legal de esa gerencia.
También convocarán a los miembros de la comisión técnica que evaluó las ofertas presentadas por Landergren y MR Comunicaciones Políticas.
Se trata de Soraya Solano Acuña, Nidia Medrano Durán y Esteban Corrales Vega, quienes en un primer informe rechazaron los tapabocas propuestos y en un segundo informe los avalaron sin detallar por qué cambiaron de criterio.
Además de la inexperiencia, a MR Comunicaciones Políticas le adjudicaron el contrato por $1,9 millones a pesar de estar moroso con la CCSS.
Una certificación demuestra que esa compañía estuvo morosa con el seguro social hasta el 25 de mayo. La adjudicación se oficializó el pasado 27 de mayo.
Nota del editor: Esta información fue corregida para aclarar que las mociones serán votadas el jueves.
