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Dos de los cuatro directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reinstalados por la Sala Constitucional denunciaron lo que consideran una “persecución política” por parte del Consejo de Gobierno.
José Luis Loría Chaves y Martha Rodríguez González, representantes del movimiento cooperativo y los sindicatos, respectivamente, convocaron a conferencia de prensa este lunes para manifestarse en contra de la investigación en su contra ordenada por el Gobierno en diciembre pasado.
A ellos y a otros tres miembros de la Junta Directiva de la Caja, en ese momento, se les inició una investigación por aprobar un aumento salarial para los 63.000 empleados de la entidad, entre los cuales hay familiares suyos. Por esa razón, el Consejo de Gobierno ordenó su suspensión como medida cautelar.
No obstante, tanto la Auditoría Interna de la institución como la Procuraduría General de la República consideraron que como se trató de una aprobación general, es decir, para todos los trabajadores, no era posible considerar que existiera un conflicto de intereses.
La investigación, sin embargo, ha seguido adelante.
“Le estamos solicitando al Consejo de Gobierno que frene la persecución política y que archive los cinco procesos. El debido proceso ha sido violentado durante todo este año”, aseveró Rodríguez.
Según dijo, la petición la están oficializando mediante un documento que entregarían este mismo lunes a Casa Presidencial.
En su criterio, lo que se está llevando a cabo en su contra “no es un debido proceso” sino un juicio sumario.
“Es un órgano de indebido proceso”, aseveró Loría.
En este sentido, recordaron que la Ley Constitutiva de la CCSS señala la autonomía de la institución.
Esa fue precisamente la principal consideración de los magistrados constitucionales para ordenar la reinstalación de los directivos suspendidos. Según el fallo, la decisión del Consejo de Gobierno vulneró esa autonomía.
La representante sindical afirmó que son víctimas de un “juicio político” cuyo fundamento fue una denuncia “verbal y falsa de la presidenta ejecutiva” de la entidad, Marta Eugenia Esquivel.
“Hay un juicio político contra los dirigentes que no nos sometemos a los criterios del Gobierno y ellos están listos para destituirnos con arbitrariedad a finales de noviembre. Es lo que percibimos”, dijo Loría a La Nación.
Rodríguez complementó: “Lo que le da a uno la sensación es de que esto no es un es un debido proceso, sino un juicio político y en medio de eso van a destituirnos para poder seguir la injerencia política dentro nuestra institución y seguir las directrices del Gobierno”.
Su interpretación es que el Ejecutivo pretende sacarlos de la Junta para “no pagar la deuda del Gobierno por ¢3,2 billones, no devolver ¢1,7 billones para la construcción de obras, insumos y equipos, y desviar la atención de la improvisación y la incapacidad de la presidenta ejecutiva para dirigir la Caja”.
Ambos, exigieron que se archiven los cinco procedimientos que se les siguen y se les permita continuar con los proyectos frenados.
Los otros directivos que habían sido suspendidos y luego reinstalados son Carlos Jesús Salazar Vargas (representante del Estado) y Maritza Jiménez Aguilar (representante del sector solidarista). También fue suspendido Jorge Arturo Hernández Castañeda, del sector patronal, quien renunció al cargo.
‘Apéndice del Gobierno’
Durante el periodo de suspensión, los sectores representados en la Junta nombraron sustitutos para que el máximo órgano de la Caja pudiera sesionar. No obstante, Rodríguez y Loría cuestionaron las decisiones que se tomaron en ese lapso.
En su criterio, con esas resoluciones, se convirtió a la Junta Directiva en un “apéndice del Gobierno”.
“Un ejemplo de eso es que la presidenta ejecutiva (Marta Esquivel) corriera hacia Cartago a anunciar la construcción de un hospital sin la menor lógica”, afirmó Loría, en referencia a la determinación del Gobierno de hacer cambios en el proyecto de construcción del nuevo Max Peralta por dudas en torno al terreno adquirido por la Caja desde 2011. La última propuesta fue que el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) done una parte del campus.
En entrevista con La Nación al terminar la conferencia, Loría hizo fuertes críticas a esas intenciones.
“Frenar el Hospital de Cartago es un atraso de años. Y lo hacen al propio. La plata está y la licitación está lista para sacarla a concurso. Ese hospital se puede comenzar a construir el otro año. Ellos inventaron la crisis de la Caja, inventaron que la Caja está en quiebra y suspenden el proyecto. Confunden a la población”, manifestó.
Igualmente, fustigaron el freno a otras obras como el nuevo Hospital Tony Facio, en Limón, y el centro médico de Golfito.
De acuerdo con los directivos, se ha utilizado el pago acordado para los trabajadores de la CCSS como excusa para paralizar proyectos.
José Luis Loría insistió una y otra vez en que la Caja no está en quiebra y, para él, afirmar lo contrario es mentir.
“No es posible que la institución haga campaña contra sí misma diciendo que está quebrada mientras los especialistas se van. Si no se para esa persecución seguiremos mal de especialistas y las listas (de espera) seguirán engrosándose”, declaró en la conferencia.
“Los recursos están, la CCSS tiene ¢2 billones en reservas. Estamos hablando de millones de millones, y ellos paralizaron porque se inventaron que la CCSS está en quiebra”, afirmó a La Nación minutos más tarde
Señalaron que hay 700 plazas de especialistas ocupadas por personas que no lo son porque no hay profesionales.
Sobre este tema, Rodríguez fustigó la propuesta de copago planteada por la Gerencia Médica como una posible solución a las listas de espera, pues a su juicio, solo se subsidiaría a la gente que tiene dinero, con fondos que deberían ser para todos, lo que va en contra de los principios de la seguridad social.
Ante las manifestaciones de los directivos, La Nación solicitó criterio tanto a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS como a Casa Presidencial mediante consultas enviadas a través de sus oficinas de prensa. En la Caja se dio acuse de recibe, mientras que en Presidencia se indicó que comienzan a correr los 10 días que tienen para responder.
