El expresidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos, cinco miembros de la Junta Directiva y un exintegrante de ese órgano se pusieron a disposición del Ministerio Público, como lo consignaron en un escrito presentado este jueves.
La nota va dirigida a Miguel Ramírez López, fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Esta gestión se realizó 24 horas después de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, diera a conocer la decisión del Consejo de Gobierno de denunciar penalmente Álvaro Ramos Chaves y a cinco directivos de esa entidad por la aprobación de un aumento salarial retroactivo para 63.000 trabajadores de la institución.
El envío de la nota a la Fiscalía fue confirmado por José Luis Loría, representante del movimiento cooperativista en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Según indicó a La Nación, el documento fue firmado por él y Carlos Salazar, representante del Poder Ejecutivo; Maritza Jiménez, de las asociaciones solidaristas; Martha Rodríguez, representante de los sindicatos y Jorge Hernández, de los empresarios. Igualmente, por Álvaro Ramos, agregó.
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También fue rubricado por Guillermo Hernández, quien era representante del Poder Ejecutivo en la Junta Directiva cuando se aprobó el aumento salarial, en setiembre.
“Ante tales aseveraciones infundadas y con fundamento en el principio de transparencia de la función pública, estamos en la mejor disposición de colaborar con esa fiscalía para el esclarecimiento de los hechos denunciados”, declararon en el documento.
Razones
El alza de salarios, alegó el mandatario, se avaló pese a un estudio actuarial que advertía del impacto en las finanzas de la entidad. El pago retroactivo a los 63.000 trabajadores de la Caja, correspondiente a los años 2020, 2021 y 2022, tendrá un costo de ¢29.000 millones. Además, el gasto salarial a futuro crece en ¢10.000 millones por año.
“Había un informe diciendo ‘no alcanza la plata; la Caja y el Seguro de Enfermedad y Maternidad entre en números rojos ahoritica; no es el momento de subir el salario’. Y aún así ignoraron eso”, expresó Chaves.
La denuncia, según Presidencia, también se interpondría por aparentes conflictos de interés de cuatro directivos que aprobaron el alza aunque beneficiaba a familiares que laboran en la Caja. Igualmente, pedirán al Ministerio Público investigar supuestas irregularidades en el nombramiento del gerente administrativo.
Durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, este miércoles, Chaves informó también de que acordaron suspender con goce de dieta, a los cinco directivos de la entidad mientras se desarrolla una investigación administrativa.
Los involucrados no habían sido notificados de la decisión hasta avanzada la tarde de ese día.
Otras reacciones
En torno a la decisión del Consejo de Gobierno se han dado otros pronunciamientos en contra. Entre estos, el de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado (Uccaep), que pidió se corrija “de forma inmediata” la suspensión de los directivos.
El Colegio de Médicos y Cirujanos y el Sindicato de Médicos Especialistas también criticaron las medidas adoptadas por el Gobierno, así como otras organizaciones de trabajadores de la Caja.
Para este jueves estaba convocada una sesión de Junta Directiva, pero el encuentro no se realizó por falta de cuórum, por lo que se hará un nuevo intento este viernes.